Recursos para reconstrucción de daños provienen de impuestos de los afectados. No se tocan ni las grandes fortunas ni los fondos gubernamentales.
Miércoles 8 de noviembre de 2017
Recientemente, en un evento con la iniciativa privada, el presidente de la República declaró que los fondos necesarios para la reconstrucción -unos 48 mil millones de pesos- provendrán en su mayoría de las finanzas públicas, es decir, de los impuestos de los contribuyentes.
Ante la iniciativa privada, tras balancear las acciones del gobierno de la república y de las fundaciones del sector privado (Fundación Slim, Fuerza México y fundaciones bancarias y de aseguradoras) que "colaboran" con las labores de reconstrucción, el presidente informó que una décima parte de los fondos necesarios será financiada mediante recursos privados.
Al mismo tiempo las fundaciones del sector privado podrán decidir, de una lista otorgada por el Gobierno, a dónde destinar sus recursos de apoyo. Tanto los recursos privados como públicos, además de destinarse a la reconstrucción, irán a parar a cuentas de ahorro con tarjetas de débito, para que los afectados puedan adquirir materiales.
Peña Nieto presumió de haber entregado a la fecha más de 73 mil tarjetas de débito para afectados de zonas sísimicas en el sur del país (que se trata en muchos casos de poblaciones alejadas de instituciones bancarias y cajeros automáticos). Pero esta cifra contrasta con los más de 6 millones de afectados por los sismos.
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Que las grandes fortunas financien la reconstrucción
Salta a la vista que la salida del gobierno para financiar la reconstrucción provenga de los impuestos de los contribuyentes y no de disminuir la enorme inversión destinada a rubros como seguridad nacional o los elevados sueldos y gastos de los funcionarios.
Investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas señalan además que en muchos casos las viviendas afectadas ya habían sido liquidadas en su costo total, por lo que esta medida es injusta. Sugieren que hay recursos destinados a la inversión financiera de fideicomisos, que pueden destinarse a la reconstrucción.
Al mismo tiempo, se mantiene la impunidad para las inmobiliarias responsables por la catástrofe al emplear materiales de baja calidad; no se contemplan impuestos a las fortunas de los empresarios dueños de éstas ni multas por poner en riesgo la vida de miles de personas. Los responsables políticos y materiales de los cientos de muertos siguen libres.
Esto demuestra que el interés del gobierno es salir lo mejor parado posible de esta crisis y no afectar las ganancias de los magnates.
Pero nuestras vidas valen más que sus ganancias: por eso es necesario que con impuestos a las grandes fortunas, dejando de pagar la deuda externa y recortando los sueldos de los altos funcionarios -para que cobren lo mismo que una maestra o un trabajador medio- se financie la reconstrucción, bajo el control de quienes sufrieron los efectos del sismo, junto a las organizaciones obreras y populares.
Que sean ellos, la "casta política", las inmobiliarias y constructoras, quienes paguen los costos de la reconstrucción, para que ésta no recaiga en los bolsillos de los afectados.
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