Según un estudio de la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo alrededor de 10 años demoraría recuperar el empleo perdido durante la pandemia y recesión económica. Esto no es natural: son las decisiones que tomaron los gobiernos capitalistas para que la crisis la paguen los trabajadores.
Miércoles 11 de noviembre de 2020
Según ambos organismos las economías de América Latina caerían un 9.7%, mientras que se perderían 47 millones de empleos, avanzando un 11% la desocupación regional, en una zona que se ha visto particularmente golpeada por el covid-19, sus consecuencias y las medidas de los gobiernos que han profundizado los costos de la crisis.
"Va a ser una crisis más larga de lo que todo el mundo ha pensado", planteó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
En ese marco, los jóvenes y las mujeres son los sectores más golpeados, en una situación donde el trabajo formal cayó un 14% en el segundo trimestre del 2020, y el trabajo informal tuvo una enorme baja del 25%.
En ese sentido, la informalidad del trabajo también creció en la región, alcanzando un 54%, debido, principalmente, al cierre de alrededor de 2.7 millones de empresas. Esto genera peores condiciones laborales, inexistencia de seguridad para los trabajadores, falta de protección laboral, etc.
Estas no son consecuencias naturales de la pandemia. Tiene que ver también con las decisiones que toman los gobiernos. Es muy expresivo de aquello el hecho de que en el caso de Chile Sebastián Piñera haya permitido los despidos en mitad de esta crisis sanitaria y económica.
A esta situación se suma, además, para tomar otro ejemplo, la aprobación de la ley de suspensiones, votada desde la UDI hasta el PC, que empujó a cientos de miles de suspensiones y a que los trabajadores debiesen financiar su salario con su propio fondo de cesantía.
La crisis económica y sanitaria no la puede pagar el pueblo trabajador. ¡Que la paguen los grandes empresarios, esos que han saqueado el país y el continente!
Para eso es necesario pelear por un programa de emergencia que parta por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para financiar un salario de emergencia a los trabajadores informales, pero esta medida debe estar ligada a soluciones de fondo, como la nacionalización del cobre y los recursos naturales, bajo gestión de sus trabajadores, para poner todas esas riquezas al servicio de superar esta crisis económica, sanitaria y social.
