Una nueva muestra de la subordinación y entrega a los Estados Unidos. De acuerdo a las publicaciones aparecidas en DesMog, Hillary Clinton -precandidata por el Partido Demócrata a la Presidencia de aquel país- participó para establecer las condiciones e implementación de la reforma energética en México.
Lucía Rodríguez México D.F.
Miércoles 12 de agosto de 2015
*Foto de La Jornada
El pasado 31 de julio, el gobierno de Estados Unidos publicó una serie de correos electrónicos que corresponden al periodo entre 2009 y 2013, cuando Clinton se encontraba al frente del departamento de Estado. Los intercambios revelan cómo en conjunto con el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual y David Goldwyn, primer Coordinador Internacional de Energía, los miembros del gobierno estadounidense intervinieron tanto en el desarrollo de la propuesta de reforma energética, como en la formulación de los mecanismos para su imposición.
Los correos también revelan que las maniobras, encabezadas por Clinton, responden al interés de beneficiar a las grandes trasnacionales petroleras como ExxonMobil, Chevron, BP y el Instituto Americano del Petróleo y que la intervención comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y tuvo continuidad con el de Peña Nieto.
Reforma energética: todo para los yanquis
La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013, abrió paso a la privatización de los recursos energéticos y al uso extendido del fracking para obtener el gas shale.
Actualmente -como se menciona en una nota anterior- el uso del fracking se ha extendido a seis estados a pesar de los daños ecológicos y el despojo territorial que significa para las comunidades. Cualquier oposición ha sido respondida con la represión implementada por el gobierno de Peña Nieto y respaldada por los gobiernos locales.
Los resultados de la Ronda Uno, donde sólo fueron adjudicados 2 de los 14 campos licitados, han hecho que las condiciones para la inversión privada en los campos mexicanos susceptibles a explotación sean rebajadas, dando todas las concesiones a las empresas trasnacionales para el saqueo de los recursos naturales.
Al lado del saqueo a los recursos, la reforma energética fue acompañada de la garantía de anulación de los derechos laborales de los trabajadores, representada en la reforma laboral, además de despidos masivos a los trabajadores petroleros y ataques al Contrato Colectivo de Trabajo.
Los correos de Clinton y sus colaboradores, que incluyen instrucciones para manipular la información y ocultar los verdaderos fundamentos de la reforma energética, han sido negados por Pedro Joaquín Coldwell, actual secretario de energía, declarando al periódico la Jornada que “Es absolutamente falso que Hillary Clinton o cualquier entidad del gobierno estadounidense haya sido consultada para la reforma energética mexicana”. Sin embargo, para los trabajadores y el pueblo pobre, queda claro que la reforma no ha sido en su beneficio y en cambio es un claro avance de subordinación al imperialismo norteamericano y sus grandes socios privados.
La aplicación de las reformas estructurales buscan generar en México condiciones de mayor explotación y garantizar el saqueo de los recursos naturales. Al servicio de esto es que está la militarización del país, financiada por el gobierno estadounidense y justificada por la llamada guerra contra el narcotráfico. Esta política ha generado cerca de 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, y miles de violaciones a los derechos humanos que han desnudado la asociación del gobierno mexicano con el narcotráfico.
Sólo la unidad de los trabajadores -encabezados por los petroleros- junto a los pueblos en resistencia contra el despojo y el pueblo pobre en general, saliendo a las calles y recuperando sus métodos de lucha, como el paro y la huelga, puede oponerse a la entrega y subordinación del gobierno mexicano al imperialismo. Hay que luchar contra toda injerencia del gobierno de los Estados Unidos, para poner un alto a la entrega y a la subordinación de las distintas administraciones. En ese camino, estará planteado impulsar la renacionalización de todas las áreas entregadas al capital privado, poniendo la industria energética a funcionar bajo el control de sus trabajadores, y con un plan para que esté al servicio de las grandes mayorías del país.
