El programa fiscal del gobierno PSOE-UP es presentado como un pilar clave para llevar adelante sus medidas “progresistas” recaudando a las grandes fortunas. En realidad, es muy limitado y conserva un sistema impositivo regresivo que no afectará las ganancias de los grandes capitalistas.
Alejandro Bravo Madrid
Jueves 9 de enero de 2020
La subida de impuestos que plantea el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha sido uno de sus aspectos más polémicos y donde, probablemente, el debate público haya sido más enturbiado tanto por los exagerados aspavientos de sus detractores como por los injustificados elogios que ha recibido de los defensores del gobierno de coalición.
La derecha reaccionaria trata de presentar como una política confiscatoria “hacia las familias españolas” una subida a la que la palabra moderada le viene grande, que afectaría a menos del 1% de la población. Eso ha permitido al nuevo gobierno elaborar un relato por el cual las grandes fortunas fueran a financiar las nuevas medidas “progresistas” revirtiéndose una fiscalidad injusta.
Lo cierto es que el acuerdo está lejos de terminar con este sistema fiscal por el cual las rentas del capital tributan a tipos muy bajos mientras que las rentas del trabajo soportan la mayor carga impositiva y son, junto a los impuestos indirectos sobre el consumo, el principal pilar financiero del Estado.
El sistema fiscal español ejerce mucha más presión sobre las rentas del trabajo que sobre las del capital.
Un "Estado de bienestar" que nació siendo regresivo: ese es el verdadero espíritu de la Transición.
¿Se hablará de esto en #SesionDeInvestidura?
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— Rubén Martínez Moreno (@RubenMartinez) 4 de enero de 2020
La subida plantea un aumento de 2 y 4 puntos a las rentas superiores a los 130.000 y 300.000 euros respectivamente, lo que afectaría a menos del 0,5% de la población. Supondría un incremento del tipo máximo al 49% muy por debajo de otros países vecinos como Bélgica (60,2%), Suecia (60,1%), Portugal (58,2%), Francia (55,6%) o Italia (52,8%). Incluso por debajo de la subida que aplicó Rajoy entre 2012 y 2014 que llegó a un tipo máximo del 52%.
Por ejemplo, en el caso del rey Felipe VI, que percibe una renta superior a los 20.000 euros mensuales, apenas tendría que pagar 200 euros más al mes tras el incremento.
Respecto a la renta personal del capital, o base del ahorro, se incrementa el tipo máximo del 23% al 27% para rentas superiores a los 140.000 euros anuales, bastante menos del 30% que se aplica a las rentas del trabajo superiores a 20.000 euros. Así una persona que obtenga del tráfico de acciones 12.000 euros mensuales seguirá pagando menos proporcionalmente que un trabajador que ingrese 1.500 euros.
En cuanto a la propuesta de reforma del Impuesto de Sociedades para garantizar un pago mínimo del 15% (18% para las entidades bancarias y empresas de hidrocarburos) difícilmente puede considerarse una subida teniendo en cuenta que realmente el tipo de este gravamen es del 25%. Las bonificaciones y exenciones a las que pueden acogerse las grandes corporaciones es tal que muchas de ellas están pagando menos del 10%, por lo que la medida más puede considerarse una moderación en las mismas que un aumento del Impuesto de Sociedades para estas compañías.
Hay que señalar que los tramos más bajos del IRPF ya pagan tasas superiores a ese 18% que se aspira que paguen los bancos y empresas de hidrocarburos, de modo que una persona que reciba un salario de 1000 euros por mes seguirá pagando más proporcionalmente que entidades con beneficios multimillonarios como el Banco Santander o Repsol.
Respecto a uno de los principales problemas recaudatorios, el fraude fiscal, en el texto están ausentes medidas de persecución y condena al mismo. Se habla de prohibir las amnistías fiscales, aunque siguen sin publicarse las listas de los que se acogieron a las anteriores y que prácticamente han saldado ya las cuentas de todos los grandes evasores con Hacienda, reforzar controles, una nueva ley de contenido desconocido, actualizar la lista de paraísos fiscales…
Pero ojo, que esta última tiene trampa. En 2019 la Comisión Europea redujo a 12 la lista de paraísos fiscales frente a los 48 establecidos en la legislación española. Desde entonces, el gobierno de Sánchez lleva hablando de la necesidad de actualizar esa lista, ¿por qué el acuerdo habla de actualizar y no de ampliar? Porque todo apunta a que el objetivo del gobierno es reducirla dejando fuera los paraísos fiscales más próximos como Andorra, Mónaco o Gibraltar.
De todas formas, no es que el marco legal genere ningún temor en las empresas y grandes fortunas que operan en estos espacios. Se calcula en 11.000 millones el dinero que se pierde cada año por el uso de paraísos fiscales. Todas las entidades del IBEX 35 (excepto AENA) tienen sucursales o relación con empresas en paraísos fiscales, según el Observatorio de RSC. Entre 2007 y 2015 se cuadruplicó el número de filiales de sociedades de origen español presentes en estos territorios, alcanzando las 1.285.
Lo que muestra que el fraude fiscal no se combate únicamente con controles y listas, hacen falta fuertes medidas coercitivas y punitivas las cuales están totalmente ausentes del texto y de las intenciones del gobierno. Para llevarlas adelante serían necesarias medidas como la nacionalización de la banca y un fuerte control sobre los capitales privados, prohibiendo su exportación entre otras medidas.
Por otro lado, existen toda una serie de mecanismos de evasión legal de impuestos que hacen del Estado español una suerte de paraíso fiscal en sí mismo. Hablamos de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIS), entidades que tributan respectivamente el 1% y el 0% del Impuesto de Sociedades. El acuerdo propone una regulación mínima de las mismas, fácilmente sorteable y que en realidad supone un reconocimiento de este mecanismo de fraude fiscal masivo.
Para las SICAV se propone establecer un tope indefinido de concentración de capital en manos de un mismo inversor, tan sencillo de evitar diversificando la cartera entre las casi 3000 entidades de este tipo disponibles.
En cuanto a las SOCIMIS plantea gravar el 15% de los beneficios que no se distribuyan entre accionistas. La “pega” es que el objetivo de estas entidades es precisamente el reparto de dividendos, de hecho por ley deben distribuir al menos el 80% de los beneficios, y en la práctica suele ser superior a dicho porcentaje. Para evitar esa medida bastaría con que se repartiera el 100% de los beneficios obtenidos.
Hay que destacar que la principal fuente de ingresos de estas sociedades proviene de la especulación financiera, bajo su paraguas actúan fondos buitre como Blackstone -que cuenta con cinco SOCIMIS- y están señaladas por los sindicatos de inquilinos como uno de los epicentros que explican los altos precios de los alquileres.
El programa fiscal del gobierno no es ninguna novedad, consiste en las mismas medidas que el PSOE viene anunciando desde hace tiempo. La subida de impuestos es idéntica a la del proyecto de Presupuestos acordado por Podemos y PSOE a principios de 2019 cuyo rechazo en el Parlamento precipitó las elecciones del 28A. Es más, el proyecto de PGE 2019 contemplaba también el incremento del Impuesto sobre el Patrimonio que ha desaparecido del nuevo acuerdo de coalición “progresista”.
En ese sentido, puede decirse que en materia fiscal el PSOE ha logrado imponer su programa a Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias han renunciado a la publicación de las listas de amnistiados fiscales, a crear impuestos especiales a la banca y las grandes fortunas, bajar el IVA o terminar con la exención del IBI para la Iglesia entre otras medidas.
Pero quizás la más importante de estas renuncias sea la derogación del artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Parlamentaria por las consecuencias que pueda tener en los presupuestos reales del nuevo gobierno. El acuerdo establece de manera muy clara el “cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
En el año 2020 entran en vigor las exigencias presupuestarias establecidas por la reforma constitucional exprés de 2011. Además, la Comisión Europea ha pedido al Estado español una reducción del 0,65% del déficit, algo menos de 8.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que desde el ministerio de Hacienda estiman recaudar alrededor de 5.000 millones de euros con la subida de impuestos, no hace falta hacer muchos cálculos para ver las posibilidades de gasto reales del próximo gobierno.
A pesar de las soflamas encendidas de detractores y afines al próximo gobierno, la conclusión es que la subida fiscal propuesta es mínima y está lejos de compensar la redistribución de renta de abajo hacia arriba que se ha producido desde el comienzo de la crisis. Lejos de combatir el fraude fiscal lo cronifica y es insuficiente para hacer frente a unas necesidades financieras completamente condicionadas por una deuda contraída por el rescate a la banca y otras grandes empresas cuyo impago aparece fuera de toda cuestión.
