A espaldas de toda la comunidad educativa, el Consejo Federal de Educación (CFE), compuesto por ministros de educación provinciales radicales y peronistas y el mileista ministro nacional de educación, ha implementado las resoluciones 476/2024 y 477/2024.
Estas disposiciones suponen un ataque directo a la educación superior: habilita la creación de profesorados “multidisciplinares”, autoriza dictar hasta el 50% de las horas a distancia, amplía el tiempo de práctica en las escuelas, impone evaluaciones de matrícula, propone el vaciamiento de áreas específicas, entre otras medidas que profundizan la desigualdad y los ajustes en educación.
Miércoles 27 de noviembre de 2024 10:57
Estas reformas no son medidas aisladas, sino parte de un engranaje más amplio del plan de ajuste impuesto por el FMI, que exige alcanzar el déficit cero a costa de derechos fundamentales. En el ámbito educativo, esto se traduce en recortes de financiamiento, virtualización sin recursos, precarización laboral y la mercantilización de la formación docente. Bajo el discurso de modernización y eficiencia, se esconde la subordinación de la educación a las lógicas del mercado, desmantelando los principios de igualdad y acceso universal. Este modelo reproduce las recetas de los años 90, que devastaron el sistema educativo, adaptándolo ahora a un contexto donde las exigencias de rentabilidad capitalista prevalecen sobre las necesidades pedagógicas y sociales. El ajuste no pasa sin vaciamiento, y la educación pública es uno de sus principales objetivos.
Desde 2007, los diseños curriculares de los profesorados estaban regulados por una resolución del Consejo Federal de Educación, aprobada en el mismo año de la creación del INFoD en el marco de la Ley de Educación Nacional. Dicha resolución buscaba establecer criterios federales comunes, como parte de los esfuerzos por superar la fragmentación y dispersión provocadas por la transferencia de los institutos, y las escuelas, a las provincias durante la década de los noventa.
Este 28 de agosto, el Consejo Federal de Educación, con el aval de todos los gobiernos provinciales y el nacional, aprobó la resolución N° 476/24 y 477/24 que establecen nuevos lineamientos curriculares para la formación docente inicial, argumentando que estos responden a la necesidad de actualizar el marco tras 17 años de vigencia. Sin embargo, esta revisión se presenta como un intento de estandarizar la formación, priorizando indicadores de calidad que, lejos de reflejar las realidades de las comunidades educativas, imponen un enfoque tecnocrático diseñado para alinear la formación docente con las demandas del mercado, desatendiendo las necesidades pedagógicas y sociales del sistema educativo. Este tipo de cambios no son nuevos, sino que son el tipo de ajuste que pide el FMI. El ajuste no pasa sin vaciamiento educativo.
El énfasis en la vinculación entre el sistema formador y las "necesidades del entorno" va en consonancia con la subordinación de la educación a lógicas productivistas y mercantilistas, donde los futuros docentes se forman para adaptarse a las exigencias del mercado laboral. Este enfoque invisibiliza las desigualdades estructurales que afectan a las instituciones en contextos desfavorables, que ya existían pero que se acrecientan cada dia mas con las medidas de ajuste impuestas por el gobierno nacional, los gobernadores, y la oposición cómplice, mientras refuerza una lógica meritocrática que castiga a quienes más apoyo necesitan.
Milei sostiene que “nuestro sistema educativo está desconectado de las necesidades económicas de la sociedad”, por ello en su Pacto de Mayo, planeo entre sus 10 objetivos “una educación útil y moderna”, pero, ¿útil para quién? Para las clases dominantes, que se apropian de la riqueza material y simbólica generada colectivamente, orientando la educación hacia las exigencias de la productividad capitalista.
¿Qué cambios en los formatos y contenidos implica esta reforma?
Uno de los cambios más significativos es la creación de profesorados multidisciplinares, que permitirán formar docentes para enseñar múltiples materias. Carreras como Ciencias Naturales (Biología, Física y Química) o Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Filosofía y Economía) reducirán la profundidad de los conocimientos específicos, convirtiendo a los docentes en figuras polivalentes al servicio de la lógica de ajuste presupuestario. Este modelo no responde a las necesidades pedagógicas, sino al modelo de flexibilidad laboral.
Cómo si las actuales condiciones de la docencia fueran poco, esta reforma tiene como costo la precarización de las condiciones de trabajo. Actualmente, los docentes enfrentan recortes salariales que no compensan la inflación, junto con el aumento de las exigencias laborales, como la necesidad de trabajar en varios establecimientos para alcanzar un ingreso que ni siquiera alcanza.
En relación a las prácticas profesionales, que ya significan un esfuerzo enorme para quienes están intentando terminar sus estudios ya que implica muchas horas de trabajo no pago,van a aumentar en escuelas del 25% al 35% de la carga horaria total. Esto va acompañado de la posibilidad de que hasta el 50% de las clases sean virtuales, excluyendo las prácticas, se enmarca en una lógica de flexibilización que no garantiza condiciones igualitarias de acceso.
Sin conectividad universal y equipamiento adecuado, la virtualización incrementa las desigualdades y deteriora la calidad de la formación docente. A la vez, como lo vimos en la pandemia, esto significa una sobrecarga para los docentes que son garantes de sostener la educación, buscando por su cuenta los nuevos mecanismos para dar clases, pagando su internet y dispositivos para poder realizar esta tarea. Esto va en consonancia con las políticas del gobierno nacional de buscar llegar al déficit 0, a costa de financiar la educación y reducir al máximo el acceso a este derecho básico.
También, con el paquete viene un nuevo sistema de créditos que permitirá acreditar hasta el 25% de la carrera mediante actividades externas, como trabajo remunerado o participación en conferencias.. En la práctica esto representa un nuevo avance de la lógica mercantil sobre la educación pública. Al valorar actividades externas como equivalentes a la formación académica formal, se desdibuja el rol de los institutos de formación docente como espacios de construcción de saberes críticos y específicos.
Este sistema también beneficia a empresas y organizaciones privadas, que podrán aprovecharse de estudiantes en formación bajo el paraguas de actividades acreditables, sin garantizar condiciones laborales dignas ni una verdadera formación pedagógica. Así, la educación docente se subordina aún más a las necesidades del mercado. Como sucedió con las famosas “cajitas felices”, plata a cambio de puntaje.
Además, al no haber un acceso igualitario a estas experiencias externas, el sistema de créditos profundiza las desigualdades. Quienes tienen recursos para participar en conferencias pagas o realizar prácticas en contextos favorables podrán avanzar más rápido en sus estudios, mientras que los estudiantes de sectores vulnerables, sin esas oportunidades, quedarán relegados.
En lugar de fortalecer los espacios de aprendizaje dentro de los institutos, el sistema de créditos externaliza la formación y desvaloriza la educación pública, consolidando una lógica de ajuste y precarización que pone en jaque la calidad educativa y la equidad en la formación docente.
Lejos de responder a las demandas de docentes y estudiantes, estas reformas consolidan un modelo de flexibilización y ajuste, diseñado para abaratar costos y satisfacer las necesidades del mercado. La unanimidad de todos los ministros de educación —mileistas, peronistas y radicales— en aprobar esta reforma expone el acuerdo de las distintas fuerzas políticas en avanzar sobre la educación pública y el plan de ajuste de Milei y los gobernadores, mientras la dirigencia sindical de la CTERA se limita a balbucear preocupaciones sin articular una verdadera resistencia.
Evaluación como herramienta de control
La Resolución 477/2024 crea el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional (SiFIECA), con la supuesta finalidad de mejorar la calidad del sistema formador a través de procesos de evaluación integral. Sin embargo, la evaluación y la acreditación vienen a actuar como mecanismos de control que disciplinan a las instituciones bajo un modelo centralizado liderado por el INFoD. Este diseño otorga poco espacio para una verdadera participación democrática de las comunidades educativas, limitando a los docentes y estudiantes a un rol pasivo dentro de un sistema que privilegia las métricas cuantitativas sobre las transformaciones cualitativas necesarias.
¿Quiénes evaluarán a los docentes? En Santa Fe, ¿serán designados por el mismísimo Pullaro que mandó encarcelar a tres docentes por oponerse a su reforma previsional?
También esta reforma plantea la acreditación parcial o total de las instituciones se utiliza como un mecanismo disciplinador. Las acreditaciones parciales no solo exigen proyectos de mejora con financiamiento condicionado, sino que también perpetúan la desigualdad entre institutos al depender de recursos discrecionales. Este modelo favorece la centralización del control y exime de responsabilidad al Estado de garantizar la infraestructura.
Aunque el INFoD promete asistencia técnica y recursos, la implementación de este sistema recae en los institutos y en los gobiernos provinciales, que históricamente han sido relegados en términos de financiamiento. La falta de inversión estructural para cumplir con los estándares impuestos amenaza con cerrar o precarizar aún más a los institutos de formación docente en contextos vulnerables.
CTERA y la complicidad pasiva del sindicalismo peronista “opositor”
Este consejo encabezado por Carlos Torrendell y el secretario José Thomas reunió a los ministros de Educación de las 23 provincias y CABA, quienes aprobaron las resoluciones sin importar su filiación política, aprobándolo casi por unanimidad, solo Chaco no participó por ausencia de su representante.
Participaron desde funcionarios de Juntos por el Cambio, como Alicia Fregonese en Entre Ríos, hasta referentes del PJ, como Alberto Sileoni en Buenos Aires, todos respaldaron un modelo educativo orientado a las necesidades empresariales.
A pesar de ello, las cúpulas sindicales de CTERA y gremios nacionales como AMET, CEA, SADOP y UDA asistieron a la Asamblea. Alegaron desconocer los textos de las resoluciones y denunciaron un “tratamiento exprés”, pero evitaron rechazar las medidas para no enfrentarse a los gobiernos que respaldan, como el de Kicillof. La unanimidad en la votación no fue casual: refleja el alineamiento de todas las fuerzas políticas burguesas, sin grietas, para avanzar en una reforma que subordina la educación a las demandas del mercado.
No conforme con eso, la CTERA y los gremios de la CGT se han limitado a emitir comunicados de denuncia, sin convocar medidas de lucha concretas. Aunque CTERA declaró mantener un “estado de alerta y movilización”, no se observaron acciones concretas que lo respalden. Propusieron una Jornada Nacional para la tercera semana de noviembre, supuestamente llevada a cabo el miércoles 20. Sin embargo, la falta de convocatoria dejó esta iniciativa prácticamente invisible, debilitando su impacto y mostrando una respuesta sindical insuficiente.
La CTERA y gremios de la CGT en la 134° Asamblea del Consejo Federal de Educación
Esta aprobación expone la complicidad de los gobernadores y la debilidad de la respuesta sindical. Aunque la CTERA y otros gremios docentes nacionales intentaron aparentar preocupación, su reacción se limitó a balbuceos y pedidos de escucha a un gobierno que avanza con el aval unánime de los gobernadores.
Esta estrategia de apostar a la supuesta disidencia de algunos ministros del PJ y evitar la movilización de las bases resultó un fracaso rotundo. La 137ª Asamblea del CFE del 14 de noviembre reafirmó el avance de la reforma, mientras la CTERA y otros gremios emitieron un tibio comunicado conjunto alertando sobre la imposición de cambios curriculares a espaldas de los docentes.
En un contexto donde las luchas docentes en provincias como Santa Cruz, Misiones, Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut mostraban que hay fuerza para enfrentar el ajuste, la negativa de las dirigencias sindicales a convocar una resistencia activa dejó el camino libre para que las reformas prosperaran, consolidando un modelo que sectores críticos califican como privatista y precarizado.
Hay fuerza para enfrentar la reforma y el ajuste
Frente a la ofensiva del Consejo Federal de Educación, es necesario que sigamos el ejemplo de los estudiantes y docentes universitarios, que se pusieron de pie para enfrentar al ajuste en la educación y tomaron medidas de fuerza a lo largo y ancho de todo el país, con movilizaciones masivas, clases públicas y asambleas entre otras medidas.
Marcha en defensa de la universidad, Plaza de Mayo 23/04/2024
Para esto, es necesario no aislar esta pelea, y unir la fuerza con los estudiantes y docentes universitarios que luchan, con los trabajadores de la salud que no aceptan el ajuste y los despidos, como los trabajadores del Garrahan y del hospital Bonaparte en CABA. Necesitamos que las centrales sindicales llamen a paro general para tirar abajo el plan de ajuste del gobierno de Milei y de la oposición cómplice, y con ello el plan de ajuste en la educación.
Hay que redoblar la apuesta, y seguir buscando abrir espacios de debate y organización en cada instituto, apelando a la participación de todos estudiantes, docentes, asistentes, más allá de la representación gremial. El gobierno de Milei avanza con una transformación profunda de la Educación Superior que, en el caso de la formación docente inicial, se traduce en medidas de flexibilización y mercantilización al estilo de los 90.
Necesitamos que la CTERA rompa la tregua cómplice que tiene con el gobierno y llame a asambleas y plan de lucha en todos los institutos del país, abiertos a toda la comunidad educativa: ¡Sobre la educación pública no pasarán!
