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Red Internacional
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Transición 2018. La relación entre los sindicatos y el Estado: caso Elba Esther Gordillo

La ex secretaria general del SNTE fue absuelta de los delitos que se le imputaban y puesta en libertad ¿qué significa su liberación? Una de las preguntas que puede arrojar lecciones para los sindicatos.

Miércoles 8 de agosto de 2018

En la madrugada de este miércoles, Marco Antonio del Toro, abogado de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, anunció que la charra priísta fue absuelta en definitiva de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, imputados desde febrero del 2013, un día después de que fuera anunciada la reforma educativa.

Antonio del Toro dio a conocer un comunicado de Elba Esther Gordillo en el que comunicaba que estaba ya en compañía de sus familiares y que no se encontraba en condiciones para dar declaraciones a medios, citando a una conferencia de prensa hacia el 20 de agosto.

Gordillo Morales salió de su lujoso departamento en Galileo 7, donde permanecía bajo custodia de agentes federales desde el 16 de diciembre del 2017, día de su traslado.

El arresto de Elba Esther no fue una cuestión meramente judicial. En el marco de la aprobación de la reforma educativa, un punto de "ruptura" inicial entre el gobierno federal y la charra del SNTE se fue gestando, hasta el grado de amagar con un incipiente llamado a la defensa de los derechos laborales de los maestros por la vía legal si se aprobaba la reforma educativa.

Un día después de aprobada la reforma educativa, Elba Esther Gordillo fue detenida en el aeropuerto de Toluca.

La intervención del Estado en los sindicatos

No es la primera vez que el Estado encarcela a charros que les han servido para mantener el control en las organizaciones sindicales con el pretexto de que estos incurrían en ilícitos de diversa índole para abrir causas judiciales y encarcelarlos. Sin embargo en los casos más emblemáticos siempre ha sido por reprimendas políticas, violando la independencia política de los sindicatos, interviniendo en la vida interna sindical de los mismos con un pretexto de orden judicial.

Es el caso de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, charro sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fiel al PRI, subordinó el sindicato a la esfera corporativa del partido en el poder hasta antes de las elecciones de 1988, sin embargo en 1989, Carlos Salinas de Gortari ordena su encarcelamiento supuestamente por posesión de armas. La diferencia de fondo entre el charro y Salinas es la de las candidaturas electorales, donde La Quina apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas.

Es también el caso de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, hasta antes del sexenio de Felipe Calderón priista de corazón, a tal grado de intentar ser candidato a gobernador de Nuevo León por el PRI en los sexenios de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari.

Perseguido por el Estado por un supuesto desvío de 55 millones de dólares pertenecientes al sindicato, giro órdenes de aprehensión que hicieron que Napoleón se fuera del país, momento de la ruptura ya gestada con el gobierno panista de Felipe Calderón pero también con el PRI, diciendo que ellos lo dejaron sólo. Actualmente regresa al país como senador por la vía plurinominal del Morena.

Estos tres casos tienen en común la posición de secretarios generales con buenas relaciones con los gobiernos priistas, pero también cierto empuje de los charros para intentar tener un poco más de independencia en sus feudos de las decisiones del PRI. Es en este momento en el que en los tres casos el Estado interviene “jurídicamente” para verdaderamente imponerse en la vida sindical de las organizaciones obreras.

También obedecen a una política característica de los gobiernos priístas y panistas, hacer un fuerte demostración de fuerza para mantener sumiso al conjunto de la burocracia sindical, prueba de ello en los casos más emblemáticos, tanto a La Quna como Elba Esther, fueron liberados justo antes de finalizar el gobierno que los mantuvo cuatro o cinco años más como rehenes que como delincuentes procesados, sus delitos quedan en el olvido y sus propiedades y negocios mal habidos más o menos intactos. Quizás Napoleón hubiera seguido el mismo camino sólo que se dio a la fuga a tiempo arropado por su principal socio, la patronal minera canadiense.

Así, muchos sectores incluso de oposición en el magisterio festejaron que la maestra hubiese caído presa por la "justicia" de un gobierno de los empresarios, una lectura que a primera vista parecería medianamente correcta, pero que deja de lado que pese a la remoción de una burócrata sindical por parte del Estado, vino de inmediato un reemplazo fiel al priismo como Juan Díaz de la Torre. Es decir, que pese al encarcelamiento de estos charros, nada cambió adentro de nuestras organizaciones y, por el contrario, estos sindicatos se reafirmaron como instituciones semiestatales.

Lecciones para el futuro

Estos ejemplos, con sus matices en cuanto a cada personaje, encierran en realidad coordenadas fundamentales para lo que se presenta en el panorama sindical tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Millones de trabajadores opinan que se puede barrer con la corrupción a todo nivel y eso implica también a la burocracia priista presente en distintos sindicatos.

En sectores como petroleros, salud y servicios, así como en recolección de Ciudad de México, muchos trabajadores han salido a denunciar a sus direcciones sindicales como charras y corruptas pero han pedido explícitamente la intervención de López Obrador en la vida interna sindical para remover a estos dirigentes.

Nosotros consideramos que pese a la remoción de los personajes al frente del sindicato, la democracia sindical tiene otras trabas, como la propia estructura del sindicato y a qué programa responde la conducción de dicho sindicato. Es decir, para pelear por democracia sindical hasta el final es necesario que en primer lugar los trabajadores vean la necesidad de que sus sindicatos rompan con el gobierno y pugnen por plena independencia política de las organizaciones obreras.

La justica bajo un gobierno aliado con los empresarios no necesariamente va a actuar en favor de las grandes mayorías asalariadas, menos intervendría para imponer "democracia obrera" en sindicatos estratégicos que por su peso, son necesarios tener bajo tutela estatal. No sorprendería que prefieran adaptarse a los matones que aún pueden controlar dichos sindicatos.

Por eso, para pelear por recuperar los sindicatos hasta el final y echar a la burocracia sindical de nuestras organizaciones es necesario que los trabajadores confíen en sus propias fuerzas.