Los incidentes en la previa y en las tribunas del clásico Nacional-Peñarol que ocasionaron la suspensión del partido el domingo pasado son una muestra más del accionar de las barras bravas y el clima de violencia social que recorre la sociedad.
Martes 6 de diciembre de 2016
No fue un hecho puntual ni aislado, sino un caso más en una seguidilla de situaciones similares que se registraron en partidos anteriores. El hecho provocó una conmoción general y un amplio debate acerca de las causas y respuestas para este tipo de sucesos.
Dirigentes de clubes, gobierno y clase política en general se apresuraron a condenar estas acciones, aunque las distintas declaraciones no pueden ocultar el hecho de la violencia en el fútbol y la misma existencia de barras bravas y mafias están íntimamente relacionadas con políticos, los empresarios del fútbol que gestionan los clubes y las fuerzas represivas.
A la ya sabida connivencia entre lúmpenes y barras bravas con dirigentes de los principales clubes del medio (regalos de entradas, prebendas, pasajes, etc.) se suman las revelaciones acerca de los intrincados vínculos entre políticos de todos los partidos y los líderes de las barras. Acusaciones cruzadas entre políticos con respecto a listas electorales con integrantes de las barras ( por ejemplo en las listas de Lacalle Pou o Novick) , o amistades cercanas con algunos de ellos (como la esposa de Bonomi y sus contactos en la hinchada de Peñarol) revelan en definitiva que ninguno está ajeno a estas relaciones.
Unidos por la represión
Todas las instituciones del régimen cierran filas para levantar una salida represiva a partir del tema de la violencia en el deporte.
En lugar de pensar en las causas sociales sobre las que se asientan este tipo de fenómenos la Justicia, la clase política y los medios de comunicación se unen para reclamar mayor seguridad, palos y encierro como respuesta.
No alcanza con que Uruguay sea uno de los países con mayor cantidad de presos en relación a su población (está en el puesto 31 entre 221 países según señaló el comisionado parlamentario para temas carcelarios Juan Miguel Petit) o que la Justicia haga casi el ridículo al condenar a unos jóvenes que se fotografiaron con unas latitas de coca colas robadas mientras los peces gordos de la violencia, las mafias y el narcotráfico actúan con impunidad ( para no hablar de la impunidad de genocidas y violadores de los derechos humanos de la dictadura). Como si todo esto fuera poco, y demostrando que se trata de una política de Estado el presidente Vázquez no perdió la ocasión para pedir mano dura y asegurar que no tiene ningún problema en acompañar los pedidos de mayor represión que hace la propia derecha política.
Primero fue el famoso “los vamos a agarrar del forro” de Vázquez y luego su caracterización de que lo que sucedió fue una asonada, mostrando su intención de empalmar con cierto sentimiento de mano dura que recorre a la población.
El presidente, empresario de la salud y siempre amable y servicial con los explotadores y ladrones de cuello blanco no duda en mostrarse duro y firme con aquellos que son expresión, en última instancia, de la descomposición social capitalista y del propio Estado que gestiona desde el gobierno.
Su posición no es inocente, el Frente Amplio se acerca a la derecha tradicional para levantar el fantasma de la asonada y reclamar mano dura para dejar claro cual será la respuesta del Estado si las condiciones sociales se agravan y la resistencia se comienza a expresar.
