No al estado de excepción, ni al estado de sitio. No queremos vivir bajo la bota militar. Los militares en la calle no son la solución al problema de la delincuencia.
Viernes 19 de julio de 2024
Boric ante la “ola de homicidios”: más policías, menos migrantes
En las últimas semanas, Chile ha sido testigo de un aumento en la retórica securitaria, exacerbada por los recientes homicidios en la Región Metropolitana. Tanto el gobierno de Boric como la derecha han respondido con propuestas que van desde la militarización de la seguridad hasta medidas que rozan lo xenófobo. En el caso del Partido Socialista, sus principales figuras están exigiendo Estado de Sitio. Respuestas que solo perpetúan un ciclo de represión y exclusión.
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El gobierno de Gabriel Boric ha respondido a la “crisis de seguridad” con una serie de medidas que no hacen más que intensificar la represión y la xenofobia. Entre estas medidas se encuentran la expansión de las operaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) contra la población migrante, el aumento de Carabineros en las calles y la formación de una fuerza conjunta de ambas policías en la Región Metropolitana. En lugar de ofrecer alguna solución efectiva, estas acciones exacerban la estigmatización de los migrantes, ya gravemente afectada por el discurso de la derecha, que irresponsablemente vincula la nacionalidad con la delincuencia.
La derecha aprovecha la crisis
La derecha ha intensificado su crítica hacia el gobierno utilizando el aumento de la violencia como una oportunidad para presionar por políticas más autoritarias. La bancada de la UDI ha exigido la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, acusando al gobierno de fracaso en su estrategia de seguridad. Además, el Partido Social Cristiano ha propuesto una acusación constitucional contra Tohá, mientras que figuras del Partido Republicano y la exalcaldesa Evelyn Matthei han demandado medidas más estrictas y un refuerzo de las políticas represivas, dentro de ellas, que vuelvan los militares a la calle.
Militarización y Represión: una solución que profundiza el problema
Aunque la derecha alce su voz y el oficialismo le siga el juego, es fundamental decir la verdad incómoda: la militarización y la represión no sólo son ineficaces para resolver la delincuencia, sino que agravan el problema. Los militares, formados para enfrentar conflictos bélicos, no están capacitados para funciones policiales, y su intervención en las calles suele desembocar en brutalidades del uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, tal como hemos visto en episodios anteriores, como en la rebelión de 2019. Allí, la militarización llevó a abusos de poder, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas, generando miedo y desconfianza en la población.
Mientras el gobierno de Boric opta por medidas represivas y racistas, y la derecha explota el clima de inseguridad para exigir políticas aún más autoritarias, la verdadera raíz de la delincuencia sigue sin ser abordada. La militarización desvía recursos cruciales que podrían destinarse a mejorar el acceso a la vivienda, salud, educación y empleo. En lugar de atacar las desigualdades económicas y sociales que alimentan el crimen, la militarización solo fortalece a los grupos criminales, que responden a la represión con un arsenal más sofisticado y tácticas de evasión más elaboradas.
Raíces profundas del crimen: más allá de los parches superficiales
Para abordar de manera real el problema de la delincuencia, no basta con aplicar parches superficiales; es imperativo enfrentar las raíces antisociales del crimen, que se hunden en las entrañas del capitalismo patriarcal y racista en el que estamos inmersos. El crimen no surge de la libre voluntad, sino que es una manifestación de las opresivas condiciones impuestas por un sistema desigual. El delito refleja las profundas tensiones del capitalismo, donde la desesperación económica y la marginación social empujan a muchos hacia la criminalidad. Es fundamental implementar medidas estructurales que ataquen estas desigualdades.
La delincuencia es un problema estructural, que requiere soluciones estructurales
La redistribución del trabajo, que implica repartir las horas laborales entre todas las personas sin reducir los salarios y ajustar los ingresos al costo de vida, es fundamental para combatir la pobreza, una de las principales causas de la delincuencia. Garantizar empleo y una remuneración mínima acorde a la canasta familiar ayuda a enfrentar el desempleo, evitando que amplios sectores de la población se vean forzados a delinquir. Además, es esencial asegurar el acceso universal a necesidades básicas como vivienda, salud y educación. Aunque medidas transitorias como la redistribución del trabajo son cruciales, se requiere una transformación profunda para resolver el problema en su raíz.
Transformación radical y organización obrera: mucho más allá de la represión
Pero, para lograr una verdadera solución a la delincuencia, no es suficiente con redistribuir las horas de trabajo. Necesitamos una transformación radical que toque las raíces mismas del sistema. Es crucial expropiar los grandes medios de producción en manos de capitalistas, como los recursos mineros y forestales, para asegurar los derechos fundamentales que nos han sido sistemáticamente negados. Asimismo, es imperativo disolver organizaciones represivas como Carabineros, que han sido históricamente un factor de inseguridad.
La verdadera solución radica en que las tareas de seguridad sean gestionadas por los trabajadores y las comunidades organizadas, no por un Estado lejano y opresivo. La historia muestra que cuando los trabajadores se organizan, desarrollan soluciones innovadoras y efectivas para la seguridad, involucrando a toda la comunidad. Este enfoque permite a la población asumir directamente la responsabilidad del orden y la seguridad.
La represión desenfrenada y las soluciones superficiales no resolverán el problema. Solo atacar los pilares del sistema que perpetúa las desigualdades puede proporcionar una respuesta real. Lo urgente es construir una sociedad basada en las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras, en la que el bienestar sea un derecho universal. Solo en ese nuevo orden, encontraremos la verdadera seguridad.