La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Nisman y querellante de peso en la causa que investiga su muerte, fue la presencia central de la audiencia pública en el Senado que reunió a toda la oposición convocante a “la marcha de los fiscales” del 18 de febrero. Al mismo tiempo el oficialismo obtenía, con quórum propio, media sanción a su proyecto de reforma de la ley de inteligencia en un Congreso que se mostró partido en dos y sin salida.
Viernes 13 de febrero de 2015
En la polarización que se viene gestando en torno a la convocatoria de la marcha del 18F, apareció Arroyo Salgado. Con el peso de su relación matrimonial pasada con Nisman y, encima, en su carácter de jueza federal, Arroyo Salgado redondeó un discurso que intento ponerse por encima del gobierno y la oposición.
Fue la figura relevante de la movida de la oposición en el Senado y a su lado estaban los presidentes del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, y el de la bancada del Frente Renovador de Sergio Massa, Darío Giustozzi. Pero no quedó claro que puedan sumarla a la marcha y, más bien, no la alentó.
"Concurro a este espacio, al que me invitaron, sin ningún tipo de intencionalidad política. No soy oficialista, no soy opositora y en esta coyuntura que estamos viviendo este año no tengo definición política". Luego de reivindicar su designación bajo el gobierno de Néstor Kirchner, pidió "no seguir politizando un hecho que faltan muchas cosas despejar".
Sus palabras pueden interpretarse como diferenciación tanto de la conducción de la causa a cargo de la fiscal Viviana Fein, como de las presiones del oficialismo y los grandes medios. "Debiera ser la actitud no sólo de los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y la sociedad en su conjunto el tratamiento ético de los medios de comunicación social que no sólo condicionan el ánimo y la actuación de algunos funcionarios, sino también su rol es sumamente importante como formadores de la opción pública".
Mientras el oficialismo destacó, desde sus medios, que el llamado de Arroyo Salgado a "no seguir politizando" la muerte de Nisman fue un alerta a la oposición mediática y un “balde de agua fría” para los presentes en la audiencia; los “guardianes de la república” como Clarín y La Nación, pusieron el acento en su pedido de “dejen trabajar a la justicia”.
Arroyo Salgado pareció buscar un centro de consenso en defensa del valor del republicanismo burgués de la ‘independencia de la justicia’. "Quiero hacer un pedido como servidores públicos de que debemos fortalecer la independencia de poderes y dar el ejemplo a la sociedad y respetar el espacio de otro poder y dejar que la justicia actúe tranquila. Y creer en las instituciones de la república". Pero a renglón seguido pareció contradecirse pidiendo "llevar el caso" por la muerte de Nisman "ante la Comisión de Derechos Humanos" de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ese foro regional designe "un veedor" en las investigaciones. Esto la ubica con la posición de sectores de la derecha e, incluso, con la opinión de sectores de la política norteamericana como fue expresado en el The New York Times.
A la salida de la audiencia pública con Arroyo Salgado en el Senado, los bloques de oposición se reunieron para lanzar un documento llamado “Compromiso Consenso Parlamentario” que reza que “este Parlamento tiene la obligación de restituir la legitimidad necesaria para que los jueces puedan hacer justicia por todos nosotros y garantizar procesos jurídicos libres de presiones. Solo así la verdad y la Justicia no desaparecerán en farsas de impunidad”. Pero no hay consenso, y mucho menos soluciones, en "este Parlamento".
La cuestión de fondo es que “la solución” de Arroyo Salgado a la crisis judicial es la otra cara en el espejo de “la solución” a la crisis de los servicios de inteligencia que simula dar el gobierno con su reforma de Ley, a pocos metros de distancia en el mismo Congreso. Lo que sacó a luz la muerte de Nisman es la relación de jueces y servicios de inteligencia, como fue denunciado particularmente con la relación de la SIDE y los jueces federales. La ley kirchnerista de inteligencia deja mayormente intactas esas viejas relaciones, y la propuesta de confiar en una “justicia independiente” que hace Arroyo Salgado y el consenso de "renovadores", radicales y el PRO se basa en mantenerlas.
La izquierda
El Frente de Izquierda - que hoy presentará un despacho en minoría en la Cámara de Diputados contra el proyecto oficial de la Ley de Inteligencia, no se presentó como tal en la audiencia pública. El PTS consideró que debía mantenerse independencia de la convocatoria de quienes, a su vez, son los fogoneros de la reaccionaria “marcha de los fiscales” -del encubrimiento- del 18F, y solo fue el interbloque de los diputados del PO en el marco de un fraternal debate en el Frente de Izquierda.
