Masacre de Napalpí. La responsabilidad del Estado en la planificación, realización y posterior negación de la masacre

En una nueva audiencia que contó con la participación de estudiantes de algunas escuelas secundarias de la ciudad, se realizó la tercera jornada de audiencias en el “juicio por la verdad” sobre los fusilamientos, persecuciones y abusos de la Masacre de Napalpí, ocurrida hace 98 años en el lote 39, cerca de lo que hoy se conoce como Machagai, en ese entonces parte del Territorio Nacional del Chaco.

Esta jornada cumplió con el cronograma establecido y declararon las y los investigadores y académicos Gabriela Barrios, Francisco Romero Teresa Artieda, Laura Rosso y Alejandro Jasinski y Luciano Sánchez; el exdiputado Rubén Guillón y, vía Zoom, Pedro Solans, periodista y autor de un libro sobre la masacre.

Se leyeron además los testimonios de Mario Irigoyen, hijo de la sobreviviente Melitona Enrique y de Carmen Rosa Delgado, hija de Rosa Chará, quién tenía 11 años cuando su madre y su tía la salvaron de la masacre.

Para finalizar, se reprodujo la filmación de una entrevista a Felipa Laleqori, hija de un sobreviviente de los fusilamientos, que fue realizada en enero de 2020 por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.

Los testimonios presentados por investigadores y docentes desde diferentes disciplinas académicas y de descendientes y familiares de sobrevivientes y testigos de aquella fecha van construyendo la responsabilidad del Estado en la planificación y realización de la masacre, como también la posterior negación de su responsabilidad en la masacre, así como el rol de los medios de comunicación en aquellos sucesos.

La matanza provocada a los pueblos originarios, qom y moqoit, en Napalpí, junto a trabajadores “criollos” que trabajaban en algodonales y obrajes, y que eran identificados con un pañuelo blanco, para marcar la segregación, se da en el marco de una protesta por los descuentos en los pagos por las tareas realizadas.

A su vez se encuadra en el desarrollo capitalista de la nación argentina, que se inicia con las campañas contra los Pueblos Originarios en el siglo XVIII, con el objetivo de la apropiación de territorios e instalación de latifundios, y la explotación de mano de obra barata. La última campaña de exterminio y expulsión de indígenas se llevó adelante en 1911 y tomó prisioneros a 8 mil, de los cuales 1500 fueron llevados a la reducción de Napalpí.

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Los motivos de las medidas de protesta fueron porque los hacendados, tras demandar al gobierno de Centeno, prohibían a las familias trabajadoras emigrar a lugares con mejores pagas. También hubo medidas económicas contra los trabajadores agrarios: les descontaron el 15 % de la producción del algodón que les correspondía y otras medidas que no les permitía siquiera sobrevivir.

A través de archivos históricos se rastrearon las medidas educativas que también demuestran los objetivos del estado en la “civilización” de las comunidades indígenas para la especialización de la mano de obra y el exterminio de su identidad y cultura.

En otra parte de los testimonios se establecen las relaciones en la intención del estado, como representación de la clase dominante, de escarmiento y sometimiento de la clase trabajadora, y, en particular en el caso de la masacre de Napalpí, mano de obra semi esclava, que diera mayores ganancias a la producción del algodón. Estas relaciones se establecen en la historia en un ciclo de fuertes represiones desde 1918, que incluyen La Forestal (Santa Fe), el Ingenio Las Palmas (Chaco), en la Patagonia, hasta la represión en la fábrica Krieger-Vasena, en Buenos Aires.

El cierre incluyó testimonios de Felipa Lalecori, hija de Enrique Lalecori, sobreviviente de la masacre, que recibió de su padre los recuerdos de aquellos acontecimientos y como logró escapar del lote donde se produjo la masacre.

La cuarta jornada, que se realizará el 3 de mayo, se mudará a la localidad de Machagai, para estar cerca del lugar y recibir testimonios de testigos que no pueden moverse a la ciudad; luego se trasladará a CABA, antes de volver, para los alegatos de fiscales y querella, a la Casa de las Culturas, en Resistencia, capital de la provincia del Chaco.

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