El 21 de febrero fuertes lluvias conmocionaron la ciudad fronteriza de Tacna dejando hasta la fecha la inundación de muchas viviendas, enormes daños materiales y la pérdida de cuatro vidas. Instancias técnicas ya alertaban de las fuertes lluvias y los posibles riesgos lo que una vez más pone en evidencia la responsabilidad del Estado y sus instituciones. No es solo una tragedia ambiental, es también un crimen social.
Lunes 24 de febrero de 2020
Foto: Diana G.
El 21 de febrero fuertes lluvias conmocionaron la ciudad fronteriza de Tacna, lo cual provocó la activación de algunas quebradas como la “quebrada del diablo”, hecho que terminó generando la inundación de muchas viviendas, enormes daños materiales y hasta ahora la pérdida de cuatro vidas. Si bien estas precipitaciones pluviales son parte del escenario de crisis que provoca el cambio climático, los daños materiales y la pérdida de vidas humanas son responsabilidad directa de las autoridades políticas que no tuvieron nunca iniciativas de prevención y mitigación del impacto de este tipo de fenómenos que ya fueron anunciados con antelación por las instancias técnicas correspondientes.
Tacna, al ser una próspera ciudad de frontera ubicada en la costa sur del Perú, ha recibido en los últimos 50 años una oleada migratoria muy significativa proveniente fundamentalmente de la región altiplánica de Puno. Esto ha llevado a que se dé un crecimiento rápido del casco urbano y una nueva configuración territorial expresada en la creación de nuevos distritos como Ciudad Nueva, Alto de Alianza y últimamente Gregorio Albarracín, los cuales se han convertido - de hecho - en los centros de vivienda de los migrantes quienes, básicamente se dedican a actividades comerciales de pequeña escala o se desempeñan como trabajadores en diferentes rubros formales e informales.
Este proceso migratorio y la consecuente reconfiguración del espacio territorial ya mencionada, así como la ausencia por parte del Estado de una política de vivienda para estos sectores sociales, ha llevado a que muchas de las viviendas construidas por los pobladores se hagan en zonas de alto riesgo (en el lecho de quebradas, por ejemplo) y sin contemplar los estándares mínimos de seguridad y prevención contra desastres. Incluso, muchas de las autoridades municipales y regionales, a lo largo de los últimos años, han lucrado con esta necesidad y han terminado vendiendo lotes de manera ilegal en zonas inadecuadas para la vivienda, valiéndose para ello de la existencia de mafias de los denominados “traficantes de lotes”.
Es por ello que la zona más afectada por las últimas lluvias y huaycos es aledaña a la denominada “quebrada del diablo”, ubicada en el distrito de Alto de la Alianza. Como se sabe, en la noche del pasado viernes 21 de febrero, ésta quebrada se activó convirtiéndose en un río caudaloso de lodo y material de desecho con lo cual se terminó sepultando muchas viviendas, vehículos y hasta personas que, en su intento de escapar, terminaron también bajo el lodo y los escombros. Lo llamativo de este hecho es que la ciudad de Tacna ya se encontraba declarada en emergencia, precisamente porque las instituciones meteorológicas preveían para estas fechas precipitaciones de gran envergadura como las que ocurrieron, sin embargo, las autoridades políticas nacionales, regionales y municipales no movieron un dedo para prevenir las consecuencias de este desastre que, como suele ocurrir en estos casos, terminó afectando a las familias más pobres.
Además de ello, sobre la peligrosidad de la denominada “quebrada del diablo” ya existían diversos informes técnicos y experiencias históricas trágicas, como su activación ocurrida en 1927 que causó también muchas pérdidas materiales y gran conmoción en la población. Dentro de los informes técnicos queremos destacar el informe del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que ya en el año 2016, en una de sus conclusiones afirmaba: “… en el cruce de la carretera Tacna-Tarata con la quebrada Del Diablo, la vía no tiene el desfogue que permita el paso del flujo. Asimismo, el cauce de la quebrada en la parte baja, se encuentra obstruido por basura proveniente del antiguo botadero municipal…”. Por esa razón, esta instancia técnica, ya en esos años, sugería a las autoridades políticas que: “…Es necesario reubicar las viviendas ubicadas en el cauce de la quebrada del diablo, por su alta susceptibilidad a generar caídas de rocas en caso de sismos y flujos en caso de lluvias excepcionales…”.
A pesar de todas estas evidencias concretas que hacían prever un desastre de gran envergadura como el que están viviendo ahora las familias de los trabajadores y sectores más humildes de Tacna, las autoridades políticas regionales y municipales prefirieron mirar para otro lado y ahora, con todo el cinismo de quien desprecia a los sectores populares, han salido a decir a través de sus voceros a sueldo que la responsabilidad es de los mismos pobladores que lo han perdido todo por no trasladar sus viviendas a otro lado o por no tomar las medidas de seguridad. Olvidan malintencionadamente que la mayoría de las personas que viven en estas zonas de alto riesgo no lo hacen por placer o por terquedad, sino más bien, se ven obligados a edificar sus viviendas aquí ya que no les alcanzaría hacerlo en otras zonas más seguras. De igual manera, es cínico pedirles que se muden cuando, por lo general, dejaron todos sus ingresos en la construcción de sus viviendas y mudarse a otro sector implicaría empezar de nuevo sin contar con el apoyo del Estado ni los recursos financieros que implica edificar una vivienda en el Perú.
Por esa razón, consideramos que las consecuencias de este desastre que vive el pueblo de Tacna, son responsabilidad directa del Estado y de las autoridades políticas, tanto del presidente de la república, del parlamento, del gobierno regional y de los alcaldes de los distritos y provincias afectados, ya que nunca pusieron en su agenda los intereses y necesidades de los sectores populares quienes se ven obligados a edificar sus viviendas en zonas de alto riesgo. Estas autoridades han hecho suyo el discurso neoliberal que considera que, necesidades básicas como la vivienda, son responsabilidades individuales sujetas a las leyes del mercado y a la capacidad adquisitiva de la población, por eso para ellos es muy natural y legítimo decirles a los pobladores afectados: “si quieres seguridad múdate a otro lugar más seguro”.
Frente a eso, es muy importante denunciar esta posición y exigir que las autoridades políticas asuman su responsabilidad implementando cuanto antes mecanismos para la reconstrucción de las zonas afectadas donde participe la población organizada para evitar que se den prácticas de corrupción y malversación de fondos públicos como ocurrió en la reconstrucción de Ica y del norte peruano. Así mismo, es necesario exigir la reubicación de los sectores que hoy viven en zonas de alto riesgo, no solo de la quebrada del diablo, sino también de otras zonas vulnerables (Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, etc.), pero, que esta reubicación sea cubierta integralmente por el Estado, lo cual implica la implementación de un plan de vivienda en zonas seguras el cual deberá ser costeado con financiamiento público, eso nos lleva a poner en discusión los privilegios tributarios que gozan los grandes empresarios nacionales y extranjeros, así como los banqueros y el pago de la deuda externa, los cuales se han convertido en los principales mecanismos de descapitalización que han llevado a justificar la reducción del gasto público y la naturalización de los discursos y prácticas neoliberales.
