Una vez más, Madrid vuelve a “liderar” el proceso de convenir la Educación Pública en un gran negocio para las empresas privadas.
Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza
Jueves 19 de mayo de 2016
En este caso es con las “pruebas de evaluación externa” (conocidas como “revalida”), realizadas a los alumnos de 3º y 6º de primaria, lo que resultó ser un jugoso negocio para algunos. La Comunidad de Madrid ha adjudicado a Servinform S.A., empresa de externalización de servicios ajena al sector educativo, el contrato para la realización y supervisión de los exámenes.
Estas pruebas LOMCE, que se han celebrado la semana pasada, van a costar sólo en la región más de 330.000 euros. Esa cantidad es lo que va a pagar el gobierno de Cristina Cifuentes a una empresa privada que es la que se va a encargar de todo el proceso.
El Ministerio de Educación ya aprobó una partida de casi un millón y medio de euros para las evaluaciones. Este dinero va destinado a los gastos del profesorado que supervisa, corrige y realiza los informes, que debe ser externo a los centros donde se realizan los exámenes. Sin embargo como la realización y supervisión de las mismas corresponde a las comunidades autónomas, la de Madrid ha decidido dejar estas en manos de una empresa privada.
Servinform, compañía privada que opera en la gestión de servicios integrales en el ámbito de las nuevas tecnologías, la informática y en la prestación de servicios "outsourcing," se va a embolsar 331.840 euros por los cuatro días de exámenes (martes y viernes en tercero de primaria, miércoles y jueves en sexto).
La adjudicación del servicio a esta empresa, figura como "contrato de apoyo didáctico y técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados de la evaluación".
Evaluación externa del alumno
No vamos a hablar del carácter de estas pruebas de reválida. De esto y sus nefastas consecuencias, ya se ha dicho mucho. Sin embargo sí que quiero destacar un aspecto muy relevante de las mismas. El hecho de que las pruebas, deban ser realizadas por evaluadores externos, es decir, no los profesores que dan diariamente clase a los alumnos los que realicen esas pruebas.
Esto es un gran error desde el punto de vista pedagógico. Nadie mejor que el profesor que diariamente esta con el alumno en clase, ve su trabajo constante, su evolución a lo largo del curso, sus progresos y fracasos, sus avances y retrocesos, para poder evaluarle. La persona externa al aula, que corrige estas pruebas no conoce esa realidad, ni la situación del alumno en el momento de realizar la prueba. No puede tener en cuenta estos condicionantes u otros (socioeconómicos, de salud, emocionales, etc.) a la hora de poner la calificación. Evidentemente todas estas críticas, son mucho más graves, si el que hace esta evaluación, ni siquiera es un docente público, sino una empresa de servicios privada, ajena totalmente al ámbito educativo.
La Educación como un nuevo “nicho” de mercado
Este grave hecho es una muestra más del constante trasvase de dinero público a la educación privada. Da igual que el gobierno sea del PP o el PSOE, o de un partido nacionalista, todos llevan la misma política, favorecer la educación privada en detrimento de la pública.
Cierre de aulas en la pública para abrirlas en la privada, construcción en suelo público y con fondos públicos de nuevos colegios privados, concesión de nuevos grados y másteres a universidades privadas, y un largo etc. La lista de agravios a la educación pública en beneficio de la privada, es tan larga que no acabaríamos nunca.
Vemos que los empresarios, una vez que se les ha acabado el “chollo” del ladrillo, buscan nuevos mercados del que sacar “tajada” y han puesto sus ojos en la educación y la sanidad.
Sólo con una gran movilización social y política en las calles, los centros de estudio y de trabajo que ponga en jaque a estos gobiernos, podremos frenar este proceso de privatización y elitización de la educación pública.
