Con una declaración que causó un importante revuelo en la región, el cura Berríos llamó a buscar una salida política para los presos del “pacto por la paz”, el mismo pacto que el religioso promovió el año anterior para evitar la caída de Piñera.
Martes 13 de octubre de 2020
«Los» presos del “pacto por la Paz”
En Antofagasta son por lo menos 32 las personas perseguidas por el Ministerio del Interior en el marco del estallido social de octubre de 2019. La mayoría son jóvenes y trabajadores, y aún sin ni siquiera recibir una condena, la mayoría de éstos se encuentran privados de libertad, ya sea en el SENAME o en el recinto carcelario ubicado en el nudo Uribe.
Estos son los presos políticos que el Gobierno, y el ministro Víctor Pérez se niega a reconocer. Son los presos políticos del “pacto por la paz y la nueva constitución”, que se firmó a espaldas del pueblo el 15 de noviembre del 2019, en una “cocina parlamentaria” con 14 partidos que, desde la UDI al Frente Amplio, trazaron una “salida institucional llena de trampas”, que protegió a Piñera y selló en la impunidad a nuestros más de 30 muertos, 400 mutilados, miles de violaciones a los Derechos Humanos y miles de presos políticos a lo largo del país.
La propuesta del cura Berríos, el llamado a una “salida política”
Es en ese marco que el jesuita Felipe Berríos hace menos de una semana lanzó un planteamiento, a través de las páginas de El Mercurio Antofagasta, para dar una “salida política”, tomando distancia de su propio discurso en el pasado 13 de noviembre 2019, en el que denunciaba la “violencia”, la que supuestamente era originada por “grupos anarquistas y narcotraficantes”.
Ahora, casi desdiciéndose, y sintonizando con la realidad irrespirable que detonó la revuelta popular, Berríos describe a los presos políticos como parte de esa juventud que “la sociedad tiró para el lado. Ellos están al margen, quieren cambiar esta sociedad que los discrimina a ellos y ha marginado a sus padres, que trabajan y tienen salarios que no les alcanza para vivir y que deben esperar un año para una operación”.
A la par, condenó, correctamente, la hipocresía de la justicia para ricos, preguntándose “¿por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres?”, esto a propósito del perdonazo al corrupto Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet y dueño de SQM, el que sin poner un pie en la cárcel, además de unas clases de ética, consiguió rebajar su multa de 62 millones de dólares a tan solo 3.
Pero, ¿es viable una salida política con el mismo régimen que los encarceló? ¿No fue acaso el mismo cura Berríos quien llamó a sumarse al “pacto por la paz y la nueva constitución"?
A pesar de que Berríos busca mantenerse y preservarse como “una figura popular”, que habla por los más desposeídos, reivindicando a la “iglesia de base”, y así lavarle el rostro político al “partido católico”, es que sería este mismo cura, que el 13 de noviembre del 2019 hizo un llamado a apoyar el “pacto por la Paz” que promovía Piñera para sacar al pueblo de la calle. El mismo pacto que selló la impunidad de decenas de muertos, mutilados y los miles de presos políticos en Chile. Es el pacto que le permitió a Piñera mantenerse impune en el gobierno gracias al apoyo que recibió de los partidos de la cocina, que de la UDI al Frente Amplio, les unió el espanto de ver la posibilidad de una caída revolucionaria del gobierno, tras la huelga general del 12 de noviembre.
Es más, en el programa “Mentiras Verdaderas” transmitido por La Red (12-10-20), Berríos reafirma que “nunca estuvo de acuerdo con pedir la renuncia del presidente”, y que sigue condenando la violencia, pero ahora “separándola” entre la que hubo “en octubre” y la que “siguió después de haber firmado el pacto por la paz”.
Lo cierto es que hace un año Berríos decía que la violencia era provocada por el “narcotráfico y grupos anarquistas” (CNN 14-11-2019). Y fue con ese mismo libreto que Piñera y el Ministerio del Interior respondieron, y que de la mano de Daniela Castro, abogada y vicepresidenta de RN patrocinó las querellas a nombre de la Intendencia de Antofagasta contra decenas de jóvenes que se manifestaron en las calles de la ciudad.
Pero, frente al “llamado de Berríos”, no sorprenden las respuestas de la derecha, con el diputado José Miguel Castro llamando hipócritamente a “respetar la ley”, tampoco el doble discurso de la oposición, como Marcela Hernando del Partido Radical, los que se lavan la cara en la franja, pero que salvaron al gobierno de Piñera negociando nuestros muertos, heridos y presos políticos hace un año.
Y para qué preguntar por el silencio de Catalina Pérez de RD, diputada de Antofagasta, pues junto al resto de la oposición (los ahora “sipo Apruebo - CC”), después de firmar el pacto por la paz terminaron de votar las “leyes anti protestas” para criminalizar la movilización popular, con la cual se sigue procesando luchadores sociales.
Desde la UDI al Frente Amplio, pasando también por el Partido Comunista- que dirige la CUT e importantes sindicatos mineros y ha mantenido una tregua criminal con el Gobierno y empresarios-, les interesa que se desarrolle un proceso constituyente "en paz", tranquilo, ordenado, sin protagonismo de millones en las calles. Por eso se apela a la "unidad" pre plebiscito y a evitar hechos que tensionen y crispen los ánimos, tal como lo ocurrido con el joven Anthony, empujado brutalmente por un carabinero al Río Mapocho.
Libertad ahora de todas y todos los presos políticos de la revuelta. Basta ya de impunidad
Es por eso que, si bien, la propuesta de Berríos ha causado cierto revuelo, ha chocado contra la pared del Pacto de impunidad que él mismo promovió y tiene a decenas de jóvenes encarcelados hace un año aquí en Antofagasta, sin siquiera recibir una condena.
Por el contrario, Daniel Vargas, abogado de DDHH del Comité de Emergencia y Resguardo, el que se ha pronunciado por la liberación inmediata de los presos políticos de la revuelta, nos comenta para La Izquierda Diario que “se hace urgente ahora más que nunca impulsar una gran campaña democrática por la liberación de todos los presos políticos del estallido social, que parta por construir una gran red de solidaridad que una todos los esfuerzos de las organizaciones políticas y sociales, las agrupaciones de DDHH, las familias de los presos políticos de Antofagasta, junto con los sindicatos y centros de estudiantes, para dar de forma unitaria esta batalla contra la impunidad de los que el pasado 15 de noviembre nos hablaban “de paz” y que de cara al plebiscito nos hablan de democracia, mientras hay miles de presos políticos en todas las cárceles y recintos del Sename en el país”.
