El Gobierno central y las autonomías “surfean” en la segunda ola de coronavirus en vez de tomar medidas de refuerzo del sistema sanitario tanto en recursos como en personal como en protocolos de gestión.
Viernes 7 de agosto de 2020 22:25
El Gobierno central y las autonomías “surfean” en la segunda ola de coronavirus en vez de tomar medidas de refuerzo del sistema sanitario tanto en recursos como en personal como en protocolos de gestión. Mientras los casos aumentan, PSOE y Unidas Podemos siguen sin implementar un plan urgente de refinanciación del sistema público de salud que se corresponda con las necesidades reales derivadas de la pandemia. Las demandas de los trabajadores sanitarios y científicos tampoco están siendo implementas por los gobiernos de Ayuso, Torra y Lambán.
Los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Cataluña se mostraron impacientes por despedir a los trabajadores del “refuerzo covid” durante las últimas semanas de mayo y la primera quincena de junio. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) afirmaba el 13 de mayo "la falta de previsión en cuanto a políticas de personal antes de la crisis, durante los momentos de máxima presión asistencial, pero también ahora cuando estamos en fase de desescalada". Según datos recabados por CSIF, se despidieron entonces a la mitad de los profesionales contratados durante la crisis. De este modo, centenares de trabajadores y trabajadoras de la salud contratados mediante contratos precarios acabaron en la calle. Dejaban tras de sí un sistema de salud extenuado y unas trayectorias profesionales en una situación de incertidumbre.
El incremento generalizado de los rebrotes, pronosticado para octubre, se ha ido adelantando. Actualmente hay unos 580 rebrotes activos, con 6.900 personas afectadas. La situación es preocupante en Aragón, Cataluña, Madrid o Euskadi. Sanidad ha contabilizado más de 19.000 nuevos contagios en la última semana, y en las últimas 24 horas 1.683 nuevos positivos. Si bien entre los expertos existen diversos pareceres sobre si estamos o no en una segunda ola, la transmisión comunitaria ya se ha extendido por varias regiones.
Lo más alarmante es la ausencia de respuesta por parte del gobierno central y los gobiernos autonómicos. A pesar de los continuos rebrotes, éstos se han negado a elaborar planes de respuesta concretos, y, sobre todo, a llevar a cabo medidas de refuerzo del sistema sanitario. De la ausencia de políticas reales de refuerzo de la sanidad pública y la atención primaria es buen ejemplo la escasez de rastreadores necesarios para enfrentar la pandemia, lo que incrementa la incertidumbre sobre el origen de muchos casos. Como ya ha afirmado el diario Público: “siguen saliendo positivos que no tienen relación con los brotes comunicados”. No sólo los distintos gobiernos se resisten a dotar de mayores recursos y garantías laborales a los trabajadores sanitarios, sino que se avanzan en las políticas neoliberales de recortes, precariedad laboral y externalizaciones.
Muchas Comunidades Autónomas no han reforzado atención primaria y la salud pública. Faltan sanitarios, rastreadores y medios para que puedan realizar su trabajo. La Comunidad de Madrid es un buen ejemplo, dónde se pretende paliar esta deficiencia buscando voluntarios entre estudiantes recién licenciados, una medida ineficiente rechazada por todos los científicos, que se explica más por la voluntad de conseguir “trabajo gratuito” que de gestionar racionalmente la crisis.
El gobierno central no se queda atrás, el Ministerio de Sanidad publicó el pasado 13 de julio el Plan de respuesta temprana, sin embargo, en él no se establecen planes de contingencia claros, quedando sin solucionar el problema del “número de personal de cada servicio”, uno de los principales defectos de nuestro sistema sanitario. En España nunca se ha establecido, por ejemplo, un indicador de rastreadores. De acuerdo con las cifras que han facilitado las consejerías de sanidad (excepto Galicia y Canarias) la sanidad pública en el Estado Español tiene un total de 3.533 rastreadores, uno por cada 12.000 habitantes, aproximadamente. El número óptimo sería uno por cada 5.500 habitantes, esto es, 8.500 profesionales (según el cálculo de Álex Arenas, investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona). Alemania cuenta con un rastreador por cada 4.000 habitantes. No existen indicadores, asimismo, sobre el resto del personal sanitario ni se indica qué categoría de profesionales corresponden a los contratados. El único indicador numérico es sobre el número de camas de hospitales y de UCIs.
También faltan recursos e instalaciones. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) afirmaba en su “Plan de Desescalada” que, de cara a una segunda oleada del coronavirus, en el peor escenario harían falta 6.720 camas de críticos en toda España. El Sindicato de Enfermería SATSE señala que 36 provincias españolas no tienen suficientes camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) en sus hospitales para hacer frente a una segunda oleada de coronavirus. Afirmaba, asimismo, que para que los distintos territorios pudieran avanzar en el proceso de “desescalada” era preciso disponer de entre 1,5 y 2 camas en las UCI por cada 10.000 habitantes.
Varios grupos de científicos y trabajadores de la salud llevan mostrando su descontento con la inacción de los gobiernos autonómicos. Los sindicatos sanitarios denuncian falta de previsión. La comunidad científica ha llegado a reclamar una auditoría externa de la gestión de la crisis del Covid-19 en el Estado Español, auditoria que ya fue rechazada por el Congreso por PP, PSOE y UP. Los firmantes del documento han puesto sobre la mesa varias de las razones que explican la catastrófica gestión de la pandemia en todo el Estado. La primera de ellas es una “débil preparación para pandemias”, esto es, los débiles sistemas de vigilancia, la baja capacidad para hacer PCR, y la falta de EPIs y equipos para cuidados intensivos. La comunidad científica achaca esta situación a los recortes impulsados por el PP y PSOE en años anteriores, afirmando que estos problemas fueron exacerbados como efecto de una década de recortes y privatizaciones. Algo que “agotó”, continúa el documento, la fuerza laboral de la sanidad pública y mermo las “capacidades del sistema”.
A raíz de las medidas neoliberales nos hemos encontrado con “una sanidad debilitada, desde la atención primaria a la atención hospitalaria”, explica Helena Legido-Quigley, investigadora y profesora asociada a Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de la Universidad Nacional de Singapur. La profesora afirma que, debido a los recortes, “ha habido una desinversión en salud pública y epidemiológica muy llamativa, que es precisamente lo que nos hacía falta en pandemias como esta", añade.
En vez de tomar medidas que refuercen el sistema público, avanzando hacia la estabilización laboral de los trabajadores de la salud, la contratación de nuevo personal sanitario y no sanitario, la inversión en instalaciones, el incremento de los recursos y el establecimiento de planes de contingencia; la política del gobierno central y gobiernos autonómicos se caracteriza por la hipertrofiada responsabilización individual de los ciudadanos ante el incremento de los contagios (con la consiguiente ausencia de búsqueda de responsabilidades en los gobiernos y la patronal).
Los meses de desarrollo de la pandemia han demostrado que no podemos esperar ni una mínima medida por parte de los gobiernos autonómicos ni del Estado en defensa de la sanidad pública ni que de respuesta al desarrollo de la pandemia. Frente a la actual situación es urgente ir en otra dirección.
Muchos sectores de trabajadores del sistema de salud público llevan semanas peleando en defensa de la sanidad pública, en contra de la privatización y contra todos los ataques a sus condiciones laborales. Así hemos visto como vienen denunciando que la situación del sistema público, que sufre constantes ataques, los desarma para enfrentar la nueva ola de la pandemia
Para pelear contra el virus en necesario defender al sistema público de salud de todos los ataques, apoyando las luchas de los trabajadores sanitarios y peleando por la coordinación de las mismas para avanzar hacia una gran movimiento en defensa de los derechos laborales y una sanidad pública y de calidad.
