La sentencia de la trama Gürtel condena al PP por haberse beneficiado de forma lucrativa de la trama de corrupción. Pero todo el Régimen está podrido.
Viernes 25 de mayo de 2018
Empezamos la semana sabiendo de la imputación de Eduardo Zaplana, antiguo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de Aznar, y de quien se pide prisión provisional; de Juan Cotino, empresario y política del PP que gracias a Zaplana se embolsó 35 millones; y José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda y segundo de Montoro. El primero, acusado de blanqueo de capitales; el segundo, de malversación, prevaricación y cohecho.
Ahora, la sentencia por la trama Gürtel se ha dado a conocer. De los treinta y siete acusados, veintinueve han sido condenados: Francisco Correa, 51 años, Luis Bárcenas, 33 años de prisión y 44 millones de multa; Ana Mato, multa de casi 28.000 euros, y su marido, Jesús Sepúlveda, 14 años de prisión, por decir los más conocidos. Otros protagonistas han tenido mejor suerte, como Álvaro Pérez, El bigotes, que ha sido absuelto no sin polémica.
Sin embargo, la condena que ha generado una profunda crisis política es la que ha caído sobre el propio Partido Popular, que tendrá que pagar 245.492 por beneficiarse de la trama a título lucrativo. Esto significa que, sin ser principal agente (en tanto que organización) de la trama, la Audiencia Nacional considera que sacó provecho de actividades delictivas de sus miembros. Al mismo tiempo, en la sentencia se confirma la existencia de la “Caja B” del PP manejada por Bárcenas, y se desestima el testimonio de Mariano Rajoy, que trató de ocultarla. Casi es una condena por complicidad, lo que dista mucho de ser una resolución a la altura de las circunstancias, pero ha creado la mayor crisis política en el partido de gobierno.
Mariano Rajoy ha vuelto a insistir en que no se trata más que de “casos aislados”, pese a que su partido ha sido formalmente condenado en los tribunales debido a la corrupción (lo que en cierta forma viene a confirmar para los jueces que, orgánicamente, el PP es un partido, en sí mismo, corrupto). No obstante, la credibilidad que pudiera tener el líder de los populares ha sido puesta en entredicho, según vemos en el acta de la sentencia en la que se le considera inverosímil, al igual que lo dicho por Rodrigo Rato, Álvarez Cascos y otros old school del PP de Aznar cuyos testimonios no coinciden con los hechos demostrados (algo inaudito si pensamos que «M. Rajoy» sale citado en los papeles y, por ende, debía saber mucho del asunto).
Todavía estamos muy lejos de conocer las dimensiones que este fallo puede alcanzar. Dos futuros inciertos se abren para el PP. Por un lado, el PP recurrirá la sentencia, por lo que podría no llegar a hacerse efectiva dada la suerte que tienen con los magistrados. Por otro lado, una de las incógnitas es la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Se teme que, de ingresar en prisión (15 años), el extesorero del PP podría revelar más información y documentos como venganza contra su partido, lo que significaría reabrir el caso y, quizás, imputar a quien se esconde tras los indescifrables nombres que hay en su lista de beneficiados por la caja B.
Fuera del partido, la condena del PP no ha dejado indiferente al resto de fuerzas políticas. Albert Rivera afirma que esta condena supone “un antes y un después” en su apoyo al gobierno, lo que irónicamente representa la actitud habitual de Ciudadanos como compañero de andanzas del gobierno del PP: desmarcarse para seguir sosteniéndolo y beber de sus votos perdidos. Esto lo dice un día después de que apoyara los presupuestos del PP y de que se hayan bloqueado las cuentas de Carlos Cuadrado, tesorero de Ciudadanos, por tres procesos abiertos contra él en Brasil entre los que está el impago de la seguridad social de uno de los trabajadores de una empresa en propiedad. Rivera ha quitado peso al asunto como sólo el propio Rajoy sería capaz de hacerlo. Para él son cosas que nada tienen que ver con la política.
El PSOE (quien tampoco escatima en casos de corrupción) se prepara para una moción de censura apoyada por Podemos. Para Pablo Iglesias, un “partido delincuente” no puede estar al frente de un gobierno democrático. En efecto, resulta insostenible que un partido que ha sido formalmente condenado y cuyos dirigentes se han descubierto como mentirosos esté a la cabeza del gobierno de un país que no ha tenido ningún problema en desangrar para sus propios fines. Ahora bien, nuevamente la propuesta de Podemos se limita a un trámite institucional y no lleva la crítica hasta las últimas consecuencias, apostando a un gobierno del PSOE de forma acrítica.
La condena al PP, aunque tiene algo de resarcimiento, no es una victoria frente al sistema ni es el síntoma de una mejoría en las instituciones, como nos quieren hacer creer. No es un ejemplo de la imparcialidad de los jueces, ni representa tampoco el principio del declive del régimen del 78. Tampoco es la prueba de que los más poderosos están ligados a las mismas leyes que los demás ciudadanos, como dicen los medios. Por el contrario, esta insípida miel que nos han puesto los jueces en la boca y que los medios de comunicación han sabido ajustar de la debida forma (salvo TVE que, de hecho, esperó a los informativos para hacerse eco varias horas después de las sentencias) no puede tener un sabor más amargo.
La crisis en la que ha entrado el gobierno demuestra dos cosas: la primera, la del propio PP, que no ha sido capaz de encubrir sus abusos. Ha demostrado, más que nunca, aquellas frases de Zaplana: están en política para forrarse. Evidentemente, su autoridad al frente del gobierno está más que puesta en tela de juicio. De hecho, la intervención del presidente M. Rajoy, que estuvo de testigo en el juicio, ha demostrado ser falsa. Quienes defendieron desde el principio la honestidad del partido y la inexistencia de la contabilidad “B” han sido desenmascarados para la opinión pública. Esto abre una perspectiva para la derecha emergente de Ciudadanos, la cual aprovechará el hundimiento del PP para reflotar como partido hegemónico de la derecha española.
La segunda es en lo que se refiere a las propias instituciones. En este baile de máscaras, en el que las instituciones franquistas juegan a disfrazarse de democracia, alguien parece dispuesta a mostrarse tal y como es: la justicia. De aquí a un tiempo, hemos visto cómo las libertades más básicas son condenadas en los juzgados y machacadas en las calles. La condena del PP no cambia este carácter reaccionario del poder jurídico.
La justicia que ahora ha penado al PP es la misma que mandó a los antidisturbios cuando el pueblo catalán quiso expresar su derecho a la autodeterminación; la misma que encarceló a los dirigentes políticos del independentismo (con una premura mayor de lo que han tardado en aclarar la Gürtel); la misma que juzga a twitteros por mofarse de un dirigente franquista; la misma que, a la vez que sentenciaba a la cúpula corrupta del PP, emitía una orden de busca y captura en Europa contra el rapero Valtonyc por criticar a la monarquía; la misma que condena por cagarse en la virgen; la misma que protege a quienes violan en manada; en definitiva, la misma que te aplica la ley antiterrorista por salir a luchar por tus derechos.
Los representantes de la «izquierda» no hacen ningún balance ni tienen la intención de aprovechar una profunda crisis del régimen para asestar un golpe contra la credibilidad, no de una parte del mismo (su gobierno), sino de las instituciones en general. La justicia, en concreto, ha protegido a los torturadores del franquismo, y ha demostrado en más de una ocasión la afinidad con las élites políticas. No se puede permanecer en la ilusión de que la condena al PP es una demostración de algún tipo de “libertad jurídica” ni ser partícipes de un lavado de cara institucional que abra el camino para la nueva derecha. No podemos conformarnos con una condena hecha por las mismas instituciones que no tienen ningún recato a la hora a permitir la represión violenta en las calles ante la demanda de los derechos más básicos.
Pero esta crítica no puede ser llevada desde los salones donde la propia trama Gürtel se forjó. Debe hacerse desde la calle, con movilizaciones que señalen que el problema está en la raíz del Estado español y socaven las instituciones de una vez por todas. Este paso es el que no quieren dar ni Podemos, ni mucho menos el PSOE, quienes se han retratado, una vez más, como partes integrantes del régimen.
