Después de una larga huelga de hambre de los ex presos políticos de la dictadura, se conformó la llamada Mesa de Alto Nivel, integrada por representantes de los ex prisioneros, personeros de gobierno, de la Iglesia Católica y del INDH.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Sábado 11 de julio de 2015
La huelga de hambre que iniciaron en abril de este año los ex presos políticos duró casi 50 días, e incluso en algunos casos más tiempo, ya que no todas las organizaciones ni personas en huelga de hambre depusieron la manifestación al mismo tiempo e incluso muchas siguieron en lugares como Concepción y Punta Arenas hasta estos días.
La acción de los ex prisioneros visibilizó el enorme problema de quiénes fueron violados en sus derechos humanos durante los años de la dictadura, encarcelados y en muchos casos torturados por oponerse a la dictadura.
En los inicios de la transición, la Concertación de Partidos por la Democracia impulsó la política de justicia en la medida de lo posible, que posibilitó que muchos militares quedaran impunes. Por otro lado, los acuerdos de la transición, alcanzados en conjunto con la derecha y los militares, permitieron que se mantuviera la Constitución del ’80, el modelo económico neoliberal, las leyes de impunidad y otras políticas. Así, el Informe Rettig solo se ocupó de los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y estuvo integrada incluso por personas de la derecha conservadora.
Mesa de Alto Nivel
La huelga de bajó luego de que se conformara la Mesa de Alto Nivel, tras largos 50 días en que el gobierno invisibilizó la huelga, que estuvo apoyada por numerosos organismos de derechos humanos y personalidades nacionales e internacionales. En esa Mesa se se discutirían los temas que se instalaron en la huelga: aumento de las pensiones, indemnización y otros temas. Sin embargo, en cada una de las reuniones los representantes de las organizaciones de ex prisioneros denuncian que el gobierno se niega a estas demandas mínimas e intenta dilatar las conversaciones.
En la reunión de la Mesa del 3 de julio, realizada en el ex Congreso Nacional, los representantes de los ex prisioneros políticos rechazaron la oferta del gobierno, según informa la Unión de ex presos políticos en su Facebook, ya que ellos exigen “que la reparación, las pensiones, las indemnizaciones son temas diferentes y deben ser tratados separadamente”, por otro lado se está discutiendo sobre la situación de cerca de 22 mil personas que han presentado sus antecedentes a la Comisión de ex prisioneros, que fueron rechazadas sin aclarar porqué. También se puso sobre la mesa la discusión para terminar con los 50 años de secretos que fijó el Informe Valech y que sin duda garantiza la impunidad a los violadores de derechos humanos.
Por otro lado, la organización señala que en la reunión del jueves 9 de julio volvieron a estancarse las discusiones debido a que “el Gobierno insiste en su propuesta de una cifra global que cubre -según ellos- todos los temas señalados anteriormente, pero eleva el monto a 8 millones que serán entregados en 10 cuotas anuales, y una vez que se agote "el pozo" se vuelve a la pensión actual. Si bien se entregaría a quienes ostentan la doble calidad de exonerados y ex PP, a ellos se les descontaría el bono de opción que equivale a 3 millones de pesos. Por supuesto que esta proposición fue enérgicamente rechazada por nuestros representantes, quedando la situación en punto muerto” (https://www.facebook.com/unexpp/posts/681389195293904).
La discusión sigue, sin embargo las organizaciones de ex prisioneros vienen señalando su molestia con la negativa del gobierno a cumplir sus demandas y anuncian no bajar su movilización hasta cumplir todos los puntos por los que están luchando.
