En abril de 2007, la fuerza y la organización de las mujeres logró arrebatarle al gobierno del entonces Distrito Federal la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación.
Jueves 28 de septiembre de 2017
En la actualidad, existen trece clínicas públicas donde se practica la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) de manera gratuita y segura. Según datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desde el 2007 hasta abril de este año se han practicado más de 176 mil 355 interrupciones legales de embarazos.
Sin embargo, el acceso para la ILE en estas trece clínicas es complicado. Las mujeres tienen que sortear obstáculos de diversa índole para acceder a su derecho: personal anti aborto acosándolas en la entrada de las clínicas; trámites burocráticos, es decir si tu credencial para votar no concuerda con el comprobante de domicilio de la clínica a la cual se acudió no se obtiene la ficha; las repartición de fichas para acceder a una consulta comienzan a las 5:00 horas y son menos de quince fichas por día (poco importa perder el día laboral con visitas frustradas a esos centros de salud); el servicio sólo es de lunes a viernes; sólo por mencionar algunos.
En sólo dos de estas clínicas, mujeres que no radican en la Ciudad de México pueden ser atendidas. Las mujeres que recurren a estas clínicas gratuitas son las que menos recursos económicos tienen y son las más afectadas por las distancias de las clínicas y su difícil acceso. Acceder al aborto en la ciudad de México no es nada fácil para una mujer pobre.
Mientras que el servicio es ineficiente es las clínicas públicas, clínicas privadas se ven beneficiadas con este derecho, las interrupciones cuestan entre 3 mil y 5 mil pesos mexicanos, cantidad que una mujer trabajadora, ama de casa, pobre, precarizada no puede obtener.
A la par que el aborto se despenaliza en la Ciudad de México, una oleada de reformas llega a los distintos estados del país para criminalizar el derecho a decidir de las mujeres. Los estados que han reformado sus constituciones son: Guanajuato, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz.
Estos estados son los más conservadores de la república mexicana, donde en su mayoría han sido y son gobernados por partidos como el PAN y el PRI. Cientos de mujeres pobres son las que han sufrido tanto las consecuencias de la clandestinidad del aborto como del poco acceso a la salud sexual y reproductiva: embarazos adolescentes, no deseados, productos de violencia sexual.
¿Cuál es el reto para nosotras?
Ante este panorama donde ya demostramos nuestras fuerzas, no es suficiente la despenalización parcial en la capital del país. Necesitamos levantar una inmensa fuerza militante de mujeres, que peleé codo a codo con nuestros compañeros de clase, para exigir que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todo el país. Que cada estado de México tenga acceso a anticonceptivos de calidad, gratuitos, que la educación sexual se imparta desde los niveles de educación básica y que el aborto no sea visto como una cuestión moral sino como una cuestión de salud pública.
Falta mucho por avanzar en cuanto a los derechos de las mujeres. El fenómeno del feminicidio se expande por todos los rincones del país cobrando la vida de siete mujeres todos los días. Las redes de trata y explotación sexual no cesan, la violencia contra las mujeres tampoco, los trans feminicidios, el Frente Nacional por la Familia en alianza con los partidos patronales y la Iglesia lanza una campaña en retroceso de nuestros derechos: aborto, educación sexual, matrimonio y adopción igualitarios ¿Cómo le hacemos frente sino es repudiando la confianza en las instituciones? Saliendo a las calles a exigir que no queremos ni una asesinada más, confiando en nuestras fuerzas.
Seamos miles las que gritemos en una sola voz ¡Ni una muerta más por aborto clandestino!
