Este 20 de noviembre se festeja el aniversario de la revolución mexicana; pero, a pesar de la infinidad de muertes, hombres y mujeres que buscaron un futuro de estabilidad para el campesino, seguimos sin derechos laborales y los trabajadores del campo sufren el gobierno del narco estado, las empresas mineras y los megaproyectos.
Viernes 20 de noviembre de 2020
La revolución mexicana fue, una de las revoluciones más importantes del siglo XX. Hoy, a ciento diez años de la lucha por la liberación de la dictadura de Porfirio Díaz, los pueblos y comunidades de México siguen enfrentándose a los mismos mecanismos de opresión y esclavitud. Ya no es el peonaje ni los demás aparatos de precarización los que aprisionan a la clase trabajadora, sino el despojo de tierras para el beneficio de los grandes burgueses del país y del mundo.
El Estado de Morelos, la tierra del caudillo del sur, Emiliano Zapata, ha sido un importante protagonista de la lucha por la tierra. Mas del 85% de la población a finales del siglo XIX era campesina, por ello, el movimiento zapatista buscó la liberación del latifundista, los dueños de las grandes haciendas de Morelos. Bajo la frase “la tierra es de quien la trabaja”, el campesinado buscó el reparto de tierras para quienes vivían bajo el dominio explotador. Concluido el levantamiento armado, comenzó una crisis por el poder. Los generales, inauguraron un sistema de corrupción, haciendo que las tierras no estuvieran en las manos trabajadoras. Las tierras fértiles más importantes seguían bajo el control de la clase terrateniente y burguesa.
Hace una década, desde el gobierno de Calderón, el narco invadió las tierras campesinas que ya no cultivan alimentos básicos como maíz o frijol, puesto que ahora los cárteles exigen inmensas toneladas de drogas. Es evidente la relación de funcionarios de los tres niveles de gobierno con los principales capos del narcotráfico. Basta recordar, lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 normalistas en el sexto autobús “Costa line”, el cual tiene ruta de Iguala a Cuernavaca.
Sectores del campesinado, dadas las condiciones de precariedad y pobreza que se vive en zonas rurales, han optado por tomar los trabajos que ofrece el narco, los cuales sin embargo no dejan de ser precarizados.
Pero, dejando a un lado las administraciones del PAN y el PRI, el gobierno de la 4T, que se postulaba como la alternativa que mejoraría el estado de la clase campesina, ha demostrado ser más bien un régimen que impulsa megaproyectos a costa de comunidades indígenas, campesinas y del medio ambiente. El proyecto integral Morelos (PIM), así como el tren maya y la refinería de Tabasco, son sólo algunos ejemplos de las propuestas de infraestructura ecocidas de AMLO.
Los efectos del PIM
El legado del general Emiliano Zapata sigue en la memoria del pueblo morelense. El pasado domingo 15 de noviembre se llevó a cabo en el municipio de Ayala, cuna del movimiento agrario zapatista, el primer foro de “Análisis y propuestas alternativas al Proyecto Integral Morelos”, además de la presentación del libro “Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipio de Ayala” de la autora Lilián González Chévez.
El PIM contempla dos centrales termoeléctricas, no obstante, hasta ahora, gracias la protesta y organización social, se ha construido sólo una en Huexca. La termoeléctrica, proyecto ambicioso que promete energía limpia, implica una serie de elementos de alto riesgo.
En gobiernos anteriores, se decía que el gas es una alternativa barata para producir electricidad. No obstante, el gas proviene de Estados Unidos, no de México. Y, además, a partir del gaseoducto, se pretende surtir a todo Centroamérica; es decir, una forma para acrecentar las ganancias norteamericanas. Pero el verdadero peligro es el de las comunidades cercanas a las rutas de gas, unas de ellas, las que se encuentran en la periferia del Popocatépetl, una zona en constante actividad sísmica. Esto representa un riesgo para los habitantes a lo largo de los “160 kilómetros” que atraviesan Tlaxcala y Puebla.
Otro aspecto alarmante es la pésima administración del agua. Ya se ha visto que el gobierno mexicano prefiere apoyar a los grandes empresarios antes que a su propio pueblo: el caso de la comunidad Wixárika del desierto de la sierra madre occidental, saqueada por las mineras canadienses; la lucha de los yaquis contra las cerveceras de sonora; y el pésimo abastecimiento de agua en la CDMX y el problema de barrios y colonias contra las inmobiliarias. Son sólo algunos ejemplos de esta problemática. En este caso, las termoeléctricas necesitan del río Cuautla, la principal fuente para los riegos de cultivos del campesino.
Morelos es hoy en día uno de los principales estados productores de caña, una de las cosechas más importantes, puesto que de ella se obtiene el azúcar. Además, es una plantación que requiere cantidades importantes de agua. El trabajo de los ejidatarios depende totalmente del abastecimiento hídrico. Las termoeléctricas deben enfriarse con cantidades abismales de agua que, después de ser utilizada, regresará al río, contaminando así la principal fuente de ingresos de los ejidatarios.
La lucha social contra la 4T
Una problemática que no puede ser ignorada es la persecución de activistas. El 20 de febrero del 2019 fue asesinado el compañero Samir Flores Soberanes, referente de la lucha por los derechos de los pueblos y por la defensa del medio ambiente. Sus asesinos siguen impunes y el estado no ha hecho más que esconder la verdad. Él, así como muchos otros opositores a los megaproyectos, han muerto a causa de la forma en que la clase burguesa que protege sus propios intereses, dispuesta a matar si es preciso.
Por eso, llamamos a oponernos a la inauguración del PIM este 1ero de diciembre, para que, en lugar de resignarnos a la muerte de activistas medioambientales y la opresión a las comunidades, defendamos a los principales afectados, los campesinos de Morelos y de México. Son los campesinos quienes tienen una relativa estabilidad laboral, la cual depende de la producción de la cosecha que, a causa de la termoeléctrica, se verá fuertemente afectada.
Busquemos la participación activa de toda la población para hacer valer la lucha del peón caído en la revolución mexicana. El campesino y la campesina despojados del sembradío, los obreros precarizados y los mineros asesinados en las huelgas de Cananea y Aguas blancas no murieron, pues su lucha está nuestras manos y depende de nosotrxs, hombres y mujeres proletarixs el terminar con la explotación que mantiene sobre la inmensa mayoría la clase capitalista.
A ciento diez años, Zapata, Samir y todxs lxs activistas en la lucha viven.
