Análisis. La tragedia de la línea 12 en México, un crimen social

El colapso ocurrido en la Línea 12 del Metro sacudió a la ciudad de México y al país. 25 vidas segadas en un instante. Esto no fue resultado de un evento impredecible y natural, sino de la negligencia de los capitalistas y los representantes de los partidos patronales. El mismo lunes, la indignación popular surgió rápidamente frente a la tragedia, con el desplome de la vía aérea que transitan, día a día, cientos de miles de personas.

Desde el primer momento, el Gobierno pretendió atajar los efectos políticos de lo que denominó un “accidente”. El martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cobijó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su discurso matutino. También estuvo el canciller Marcelo Ebrard, quien construyó e inauguró la Línea 12 cuando ocupaba aquel cargo. López Obrador sabe que sólo quedan cuatro semanas para las elecciones, y que lo sucedido el lunes 3 de mayo, puede afectar la performance electoral de los candidatos oficialistas en el centro neurálgico del país. Cuestionó a la oposición de derecha por sus declaraciones ante los hechos; y aprovechó para atacar a los trabajadores del Metro, acusándolos de “oportunistas” e “inmorales”por la posibilidad anunciada de un paro de labores en protesta por la falta de mantenimiento, la situación laboral y exigiendo la renuncia de la directora del metro, Florencia Serranía Soto.

Se trata de la mayor tragedia en la ciudad de México, desde el sismo de 2017, junto por supuesto a las consecuencias de la pandemia. Todo apunta a una evidente responsabilidad por parte de distintas autoridades, que incluye a quienes están actualmente en el primer círculo del gobierno federal. Y para su preocupación, resulta que amplios sectores de la población son conscientes de esto.

Es por eso que Sheinbaum, mientras afirma que “no vamos a cubrir a nadie”, declaró que “así recibimos la Línea 12, esto no ocurre en ninguna otra línea”, en una velada referencia que a quienes fueron responsables de la ampliación más reciente del Metro. Además, que no haya ninguna renuncia en su gabinete demuestra su intención de lavarse las manos y desplazar las responsabilidades hacia las administraciones previas.

Mientras tanto Ebrard, quien ya enfrentó grandes cuestionamientos por esta obra en el pasado, salió presto a decir que “se ponía a disposición de las autoridades”.
Hasta el momento son ellos quienes más resuenan en la línea de sucesión para las presidenciales del 2024. Pero esto podría ser puesto en entredicho por las consecuencias del colapso del metro.

Los responsables

La realidad es que los recientes gobiernos de la Ciudad de México, así como los empresarios participantes y las administraciones federales, tienen responsabilidad en esta tragedia que golpea al pueblo trabajador, tal como ha sido señalado una y otra vez en redes sociales y medios independientes.

Bajo la jefatura de Ebrard en la ciudad, la construcción de la Línea 12, su proyecto estrella, presentó múltiples irregularidades de construcción. Una de las más señaladas, pero no la única, fue el desajuste entre los rieles y los vagones. Después de 4 años de construcción, el costo alcanzado fue superior a los 26 mil millones de pesos, una cifra exorbitante.

El entonces político perredista se apresuró a inaugurarla antes de dejar su cargo, en octubre de 2012. Sin embargo, en los años siguientes, tanto él como sus funcionarios (los cuales se reparten hoy entre el Morena y el Partido de la Revolución Democrática de AMLO) resultaron señalados bajo acusaciones de deficiencias estructurales y de favorecer grandes negociados para las empresas participantes, entre las que destacaban las de propiedad de Carlos Slim. Joel Ortega y el hoy presidente de Morena, Mario Delgado, fueron algunos de estos funcionarios. No hay que olvidar que Marcelo Ebrard, como resultado de estos escándalos, interrumpió coyunturalmente su carrera política y se retiró durante algunos años a Europa, de donde regresó en 2018, para ocupar finalmente la cancillería bajo el nuevo gobierno de la 4T.

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Las fallas en la construcción, la cual estuvo a cargo de ICA, Grupo Carso y Alstom Mexicana, provocaron que la Línea 12 fuera clausurada en varias ocasiones durante los años siguientes. Fue un hecho destacado que con el sismo del 2017, sus estructuras sufrieron afectaciones evidentes y visibles. Recordemos que estas empresas llevan años obteniendo la adjudicación de licitaciones bajo administraciones de distinto color partidario, y se benefician de negocios millonarios a cambio de entregar jugosas tajadas a los políticos de turno.

Como era de esperar, ante esta situación ni las administraciones capitalinas que sucedieron a Ebrard -como la del también perredista Miguel Ángel Mancera- ni los gobiernos federales -desde Calderón a Peña Nieto-, adoptaron medidas para preservar realmente la seguridad de millones de usuarios, lo cual muestra cuanto cinismo y demagogia hay en las declaraciones que lanzaron ahora los partidos de la oposición de derecha, buscando capitalizar electoralmente la situación.

Bajo la administración de Claudia Sheinbaum ocurrieron varios incidentes en la red del STC Metro por la cual se transportan más de 5 millones de personas a diario. Los trabajadores denunciaron que sus llamados de advertencia fueron desechados por la directora del Metro, Florencia Serranía. Los vecinos de la Línea 12 han hecho público, por lo menos desde 2017, en redes sociales y en innumerables ocasiones, las grietas y fallas estructurales aparecidas en distintos puntos a lo largo del recorrido. Incluso organizaciones internacionales, como la Sociedad de Transportes Intercomunales de Bruselas emitió, según documentó Aristegui Noticias, una recomendación en la que se indicó la existencia de fallas estructurales. Nada hicieron frente a esta situación el gobierno capitalino ni el gobierno federal. El resultado se vio el lunes 3 de mayo, a las 22.20 horas, con el desplome de los vagones de un convoy del metro.

Después de la tragedia, y como única respuesta a los cientos de miles de personas que se transportaban diariamente por la Línea 12, Sheinbaum dispuso una red emergente de transporte público que, además, resulta mucho más cara y lenta que el metro.

Negligencia y crisis del transporte público

Negligencia criminal y responsabilidad es lo que tienen en común los empresarios y los políticos a su servicio, lo cual configura un verdadero crimen social, que afecta al pueblo trabajador, el principal usuario del metro, y que despierta indignación entre millones de personas.

El trasfondo de esto es la crisis que afecta al sistema de transporte público en la Ciudad de México, marcado por décadas de recortes presupuestales neoliberales, falta de mantenimiento y avances privatizadores. A inicios de este año, por ejemplo, se redujo el presupuesto total para la mayoría de los servicios de transporte, incluido el Metro. Esta crisis repercute sobre los millones de usuarios, que deben viajar en unidades y trenes que se van deteriorando a pesar de las caras tarifas, y en condiciones de hacinamiento, aún bajo la pandemia. Y afecta directamente a los trabajadores del sector, que enfrentan mayor precarización de sus condiciones laborales y el riesgo cada vez mayor de accidentes de trabajo. Es fundamental que las organizaciones obreras, populares y de izquierda levantemos una propuesta política alternativa ante esta situación.

La responsabilidad del estado, sus gobiernos y los empresarios en la tragedia es evidente. Por eso, junto a la salida de Florencia Serranía, directora del metro, hay que exigir juicio y castigo a todos los responsables, desde las autoridades y funcionarios políticos involucrados hasta las empresas participantes, como ICA, Alstom Mexicana, Carso y CAF. No fue accidente! Fue el Estado!

Ante la negativa de la dirección charra del sindicato “oficial” a realizar cualquier acción de lucha y movilización, es fundamental la realización de asambleas de base de las y los trabajadores del metro, para discutir y resolver qué medidas tomar y cómo imponérselas a la dirección sindical. Allí se puede avanzar en un pliego de reivindicaciones y en dar pasos hacia la unidad con los usuarios, para exigir transporte seguro y digno. Ante este crimen social, los trabajadores del metro, organizados democráticamente, son quienes pueden encabezar una comisión investigadora independiente que garantice los peritajes, y son ellos quienes deben controlar las tareas de mantenimiento en el STC.

Para enfrentar la crisis estructural del transporte público, se requiere de un plan integral de obras públicas, lo cual implica un aumento del presupuesto para el sector, financiado sobre la base del no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas, en primer lugar a las constructoras como ICA y las demás empresas de Carlos Slim, quienes se han beneficiado durante décadas de las licitaciones otorgadas por el estado.

El diseño y desarrollo de un sistema de transporte público y centralizado, debe estar orientado en función de las necesidades de las mayorías populares, y bajo control de usuarios y trabajadores de todo el sistema de transporte público organizados democráticamente, asesorados por ingenieros, urbanistas y otros especialistas independientes del gobierno, de los partidos patronales y de los empresarios.

Ante la negligencia criminal, responsabilidad de los políticos al servicio de los capitalistas, hay que transformar la rabia y la indignación en organización y lucha.