20 allanamientos. 50 millones de pesos en estafas y fraudes. Diez detenidos: empresarios y profesionales. Cinco prófugos, uno de ellos en Panamá. Asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Una red de empresarios y profesionales con el beneficio de la impunidad y de la connivencia política con el Partido Socialista.
Sábado 15 de octubre de 2016 11:52
Jorge Oneto es titular de una agencia de bolsa. Fue el responsable de la construcción de una torre de lujo frente al río. Leandro Perez era titular de la una S.R.L que vendían autos, sospechada de estar vinculada a “Los Monos” como parte de la estructura de lavado de dinero. Marcelo Jaef es contador público y tiene a su cargo una clínica dental en el señorial Bulevar Oroño. Roberto Aymo es dueño de una agencia de autos. Todos ellos se encuentran detenidos, acusados de formar parte de una red delictiva destinada a la estafa inmobiliaria que habría “lavado” más de 40 millones de pesos. La nómina de detenidos incluye también a tres escribanos y algunos empresarios más. Cinco acusados se encuentran aún prófugos, entre ellos el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala. Una banda de ladrones de guante blanco, dedicada a la usurpación de terrenos y el fraude.
La cosa funcionaba más o menos de la siguiente manera. Primero se adueñaban de propiedades y bienes inmuebles a través de mecanismos coactivos y fraudulentos, usurpando o falsificando documentos. En uno de los casos, el cuidador de unos terrenos denunció que una mañana llegaron dos personas armadas en un auto de alta gama que le dieron tres días para irse del lugar.
La compra-venta de estos terrenos usurpados es un “negocio” de que no hubiera sido posible sin trajes y sin matrícula. Escribanos, abogados y empresas inmobiliarias fueron una parte indispensable del entramado que permitía que los terrenos robados fueran vendidos. El tráfico de datos, firmas y otros favores permitía llegar a la segunda etapa de la operatoria: el lavado de los activos, o blanqueo de las propiedades.
Aquí es cuando entran en escena los “peces gordos”, personajes de alto status económico. Se trata de empresarios que lavaban el dinero y lo hacían entrar en el circuito legal de la economía. Un negocio redondo, del cual los empresarios argentinos son tan adeptos que hasta cuentan con una ley de blanqueo para hacerlo rápidamente y evitarse contratiempos. Con la compra-venta y blanqueo, esta red de empresarios y profesionales acumuló cerca de 50 millones de pesos en concepto de propiedades usurpadas.
Al boom de la soja en Rosario le correspondió un bang del delito organizado. De repente, y en el transcurso de unos pocos años, la fisionomía de la ciudad cambió. De esta manera, la vera del río Paraná se vio poblada de enormes construcciones, torres de lujo y emprendimientos inmobiliarios. Entre el 2003 y 2015 se construyeron 3.6 millones de metros cuadrados autorizados por la Municipalidad de Rosario.
La construcción y las exportaciones a través de más de 40 puertos privados ubicados en el cordón norte de la ciudad, que explican buena parte del boom económico de Rosario, conformaban una estructura más que óptima para el crecimiento de actividades paralelas de todo tipo y color, no reguladas e ilegales. Los gobiernos municipales, provinciales y nacionales literalmente hicieron la vista gorda y, junto a la economía formal, se construyó todo un circuito paralelo.
Uno de los actores que más se benefició de esta economía en las sombras fue el narcotráfico. Se calcula que el narco en Rosario mueve más de 2.000 millones de pesos al año. Lavar dinero es una operación indispensable en toda economía narco, y el boom de la construcción fue uno de los destinos favoritos de estos millones.
No se trata de simples especulaciones. Tres de los detenidos por estafas inmobiliarias figuran entre las visitas a Máximo Ariel Cantero, uno de los jefes de la banda de Los Monos. Y una de las líneas abiertas en la investigación incluye la concesionaria de autos de Leandro Pérez como parte de la estructura de lavado de dinero.
El “combate” contra el narcotráfico fue y es condescendiente con estos empresarios, amparados por los beneficios de la complicidad y la impunidad garantizadas desde el Estado, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Los cañones de Bullrich y Pullaro apuntan hacia los barrios populares y las villas dónde quieren hacer creer que está el huevo de la serpiente. Pero la droga sale por los puertos y en su lugar entran dólares. Y los dueños del negocio se instalan en un céntrico décimo piso, bien lejos de las botas de los gendarmes y la policía que pisa fuerte en las “zonas calientes”. Las mismas fuerzas que, de paso, se llevan una tajada del negocio.
Entre los acusados se encuentra Pablo Abdalá, gerente comercial del diario La Capital. El mismo diario que, en sintonía con el discurso oficial del gobierno nacional y del “progresismo” del Partido Socialista, buscaba crear el consenso necesario para políticas de mano dura y de fortalecimiento del aparato represivo. Los medios hegemónicos de la ciudad actuaron como verdaderos lobbystas de esta línea punitivista.
La hipocresía llegó a niveles insólitos. Por supuesto, los empresarios ligados a estas actividades ilícitas se salvaron de ser señalados. La campaña por la seguridad atacó de lleno a los barrios populares y a las villlas. El dedo inquisitorio señaló a los jóvenes con gorrita de las “zonas calientes” de Rosario, pero nunca apuntó a los verdaderos instigadores y responsables de este negocio en que se ha convertido la “inseguridad”.
Tres ex ministros en la defensa
Tres ex ministros del gobierno provincial de Binner y Bonfatti asumieron la defensa legal de los detenidos. Solidaridad de clase pura. Uno de ellos es el actual asesor del bloque legislativo del Partido Socialista. La provincia de Santa Fe y Rosario en particular muestran de manera cristalizada que sin connivencia política, complicidad policial y judicial los negocios ilícitos no funcionan.
Pocas veces queda tan claro como en este caso que sin empresarios, abogados, contadores, escribanos, medios de comunicación, policías, jueces y funcionarios políticos estas empresas tan rentables y lucrativas como el narcotráfico no funcionan. El circuito de puertos privados sin control alguno, especulación inmobiliaria y lavado de dinero se valió como chivo expiatorio de las barriadas populares, a los jóvenes y los trabajadores fuente de todo mal. Los gobiernos dispusieron de todas sus herramientas para mantener esta ficción.
Rodrigo López
Nació en Rosario en 1989. Es licenciado en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.