CONSTITUYENTE. La tutela de la convención será dirigida por ex miembro de la guardia de Pinochet y Aylwin

Ya vimos recientemente cómo Piñera intentó hacer pasar su propia política en un decreto para el inicio de la convención, afirmando que los convencionales deberán “asumir y ejercer el cargo de conformidad al Capítulo XV de la Constitución”, además de prestar juramento cuando no tiene ninguna potestad para realizar esto dando mandato a la convención.

Te puede interesar: Ridículo: Piñera decreta requerimiento para constituyentes sin tener facultad para ello

Pero esto no es todo. Los tentáculos del régimen heredado de la dictadura buscan extenderse desde múltiples ángulos. Por ejemplo, la Secretaría Administrativa de la convención, que está encargada de contratar los bienes y servicios para las tareas de las y los constituyentes, es designada directamente por la Secretaría General de la Presidencia, es decir, por el gobierno de Piñera.

Al menos hasta este jueves 24, de las 12 licitaciones que se encontraban abiertas en Mercado Público, ya habían sido otorgadas 5 de estas. Para estas cinco licitaciones ya cerradas se destina un presupuesto de $1.303 millones, y sólo para el “Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad” se destinaron $488 millones, más de un tercio del presupuesto total hasta el momento, y prácticamente lo mismo que se utilizará para participación ciudadana ($500 millones).

Pero lo más escandaloso no es el monto, sino el hecho de que el proceso constituyente va a estar constantemente bajo la mira de INCAR Seguridad, la empresa dirigida por Luis González Pérez, un ex sargento de Carabineros que además es ex miembro de la guardia del dictador Pinochet y del primer presidente de los 30 años de administración de la herencia de la dictadura. González se desempeñará como gerente de operaciones, es decir, dirigirá directamente la vigilancia de la convención. Y todo ello sumado a que es puesto ahí por un cargo designado desde el mismo gobierno.

Como “guinda de la torta”, la oferta de la empresa indica que se dará prioridad a la contratación de ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros que no hayan ejercido en esas instituciones en los últimos seis meses.

Por si fuera poco, por $769 millones se le otorga a la empresa Mediastream S.A. la instalación y operación del circuito cerrado de TV para transmitir el trabajo de la convención, con una licitación en cuyas bases está estipulado expresamente que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Secretaría General de la Presidencia)”.

En suma, la Convención Constitucional se encontrará bajo vigilancia prioritaria de quienes hayan conformado el brazo armado para defender la herencia de la dictadura, junto a controlar qué es lo que se transmitirá o no de la convención desde el mismo gobierno de Piñera. Un claro peligro para hacer retroceder aún más el carácter democrático de un proceso constitucional que ya se encontraba amarrado a reglas y poderes del viejo régimen, para así, controlar e impedir mucho mejor el nacimiento de uno nuevo.

Te puede interesar: Vamos por una gran movilización el primer día de la Convención por la libertad de las/los presos políticos y las demandas de Octubre