Un estudio manipulado, por parte de la Universitat Pompeu Fabra y la patronal inmobiliaria, intenta hacer creer que la limitación al precio del alquiler ha hecho bajar un 15% la oferta de viviendas. Una cifra que el Sindicato de Inquilinas ha desmentido con datos reales.
Miércoles 1ro de marzo de 2023
El Sindicato de Inquilinas ha denunciado la publicación de un informe elaborado por la cátedra de empresa “Vivienda y Futuro” de la Universitat Pompeu Fabra, junto a la patronal inmobiliaria APCE (Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña).
En este documento titulado "Informe de los efectos de la Regulación de Alquileres (11/2020)", se señala que la regulación del precio de los alquileres redujo la oferta de viviendas un 15% desde su entrada en vigor hace dos años. Este dato se contradice totalmente con otros estudios relacionados con los efectos de esta regulación, como el del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y el Instituto de Economía de Barcelona.
Además, el sindicato denuncia que este estudio "ignora deliberadamente los efectos positivos en el ahorro que ha supuesto para más de 160.000 hogares la regulación de alquileres: al bajar un 5% los alquileres, los hogares se ahorran una media de 42€ mensuales". Esta cifra, multiplicada por el número de contratos firmados, suponen 404 millones de euros que no han ido "al bolsillo de los promotores inmobiliarios".
Este hecho demuestra los efectos de la injerencia del sector privado dentro de la universidad pública. Empresas como CaixaBank, Telefónica o el Banco Santander, hacen uso de los recursos públicos académicos para financiar estudios con el objetivo de continuar aumentando sus beneficios.
Al mismo tiempo que los precios del alquiler en Barcelona batían su propio récord (estableciéndose en 1.066 euros de media) y Catalunya se convertía en la comunidad autónoma con más desahucios en el primer trimestre del año 2022, esta universidad pública empleaba sus recursos para beneficiar a las grandes empresas y fondos buitre. Todo en un contexto social donde la juventud ve imposible su emancipación a causa de precios de alquiler desorbitados.
Se demuestra así lo opuestos que están los objetivos de los estudiantes que llenamos las aulas y la casta que dirige las universidades, en alianza con las grandes fortunas y empresas, como venimos denunciando desde hace años. Se ejemplifica, con hechos así, cuánto poder tienen las empresas privadas dentro de las decisiones más importantes de la universidad, como pueden ser los planes docentes o las investigaciones, haciendo cada vez más obvia, la necesidad de organización entre estudiantes, docentes y trabajadoras para hacer de las universidades unas estructuras académicas al servicio de la clase trabajadora y sus intereses.
