Ideas desde la universidad. La universidad en tiempos de pandemia: perspectivas del movimiento estudiantil

De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Educación en el 2018, los estudiantes de las universidades son 2.227.746, con 589.749 nuevos inscriptos [1]. La cantidad en aumento de ingresantes contrasta con la tendencia a la baja en el presupuesto universitario del 2013 en adelante, y desde 2018, sin dudas, se profundiza siendo parte del ajuste continuado año tras año [2]. Transcurrido el primer año lectivo de la pandemia, a fines de 2020, el Gobierno Nacional acordó con sindicatos kirchneristas un aumento de 7% a los docentes universitarios en un año con inflación superior al 36% y condiciones de virtualidad. Si analizamos el presupuesto universitario para el 2021 con la inflación esperada por el ministro Guzmán del 29%, la caída total de los fondos para las universidades sería del 9%. Sin embargo, considerando el último informe del BCRA de septiembre que recoge las expectativas inflacionarias del 47,5% para el 2021 que difunden los grandes empresarios y banqueros, los que en realidad forman los precios, la caída sería mucho mayor: un 19%. En contraste con esta situación, Santiago Cafiero obtuvo una partida adicional de $4.110 millones que negoció con los rectores (¡4.110 millones para 56 rectores!).

La miseria para los trabajadores de la educación se mantiene gracias a la relación de las burocracias sindicales kirchneristas con el gobierno oficialista de Alberto Fernandez. Y también a través de la ligazón entre este último y la casta universitaria, que cuenta con importantes beneficios para funcionar como “cámara patronal” de las universidades, ocultando los datos de la deserción estudiantil, los niveles de precarización docente e incluso de trabajo ad honorem, y los convenios y negociados con privados.

La pandemia dejó a la luz esta situación, no sólo por el presupuesto a la baja sino también por la quita de derechos estudiantiles como en la Universidad de La Plata (UNLP), donde se cerró el albergue universitario y los comedores, con los cuales contaban miles de estudiantes para mantener sus estudios.

Este recorte en la universidad se produjo en un contexto donde entre los jóvenes abunda el trabajo no registrado, algo que no es novedad, pero que afectó particularmente a este sector, entre el cual se encuentra una parte (cada vez mayor) de la población universitaria que tiene que trabajar para poder estudiar. Por su parte, durante la pandemia, el Gobierno Nacional realizaba concesiones y entregaba millones a las grandes empresas, dejaba pasar las suspensiones y reducciones salariales, mientras que a los jóvenes y millones de familias les quitaba el IFE.

En su conjunto, esta situación llevó a que el año pasado se alcancen récords históricos en la deserción. Incluso el propio Ministerio de Educación reconoce esto de forma “natural”. En el informe de los años 2018-2019, informó que de cada 10 estudiantes que ingresaron a una universidad estatal, solo 2 estudiantes se recibieron. En las Universidades donde hay datos acerca de la deserción durante el 2020, esta alcanza entre un 45% y un 50%. En la Universidad Nacional de Rosario se constata una deserción del 50 %, siendo que en los últimos años rondaba entre el 20% y el 30%, es decir que se duplicó, mientras que en la UNLP los niveles de deserción son del 45%.

Esta realidad contrasta con el discurso kirchnerista de una “inclusión sin contradicciones” [3]. Lo que no quieren ver es que pese a la gratuidad del ingreso, las gestiones de las universidades estatales sostienen un modelo de “sálvese quien pueda”, donde los derechos estudiantiles como las becas integrales, el acceso a comedores o jardines materno paternales cada vez son más necesarios y menos implementados. Al mismo tiempo, con la pandemia volvió a ponerse en discusión el debate sobre la “universidad al servicio de qué” [4]. El discurso en la última revista del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) [5] y de los distintos rectores [6], pretende mostrar al sistema universitario abocado a garantizar la permanencia de estudiantes y la colaboración en la lucha contra la pandemia, discurso que contrasta con la realidad. En medio de la crisis se conocieron los detalles de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y la multinacional petrolera Shell, para la investigación de las formaciones de Vaca Muerta, Los Molles y Agrio en Neuquén para impulsar el fracking [7]. El caso más escandaloso es el de la UNGS, dónde quieren poner los conocimientos de los estudiantes al servicio de la represión. Esta universidad firmó en diciembre del 2020 un convenio con la empresa Fabricaciones Militares, que fabrica balas y cartuchos que utilizan las fuerzas represivas para reprimir manifestaciones [8].

Pero la Universidad, al mismo tiempo que tiene esta estrecha relación con el mercado, también reproduce una ideología estatista donde los únicos cambios posibles que pueden darse son los que se negocian, se acuerdan con el resto de las instituciones del Estado, y no por la acción y organización de la comunidad educativa en relación con las necesidades de la comunidad. Por esto, los aportes que la Universidad ha realizado al combate de la crisis sanitaria se han visto limitados a los acuerdos con los gobiernos y los ministerios, y llevados adelante por la baja en el presupuesto sobre la base del trabajo gratuito y la precarización de los estudiantes. Las camarillas universitarias buscan instalar esta idea del “sálvese quien pueda”, de carrera y meritocracia. Pero la Universidad no es un mero aparato que reproduce esta ideología, sino que dentro de ella se expresan, no mecánicamente, las relaciones de fuerzas sociales y las peleas de la clase trabajadora. Es un espacio en disputa donde hoy, producto de la acción de los aparatos peronistas, radicales, e incluso liberales, predominan las visiones estatistas o individualistas, debido también a la cooptación de los organismos del movimiento estudiantil luego de la dictadura.

Sin embargo, en la actual crisis se podrían poner todas sus fuerzas y sus conocimientos al servicio de las mayorías populares. Los arquitectos podrían resolver el problema urgente de la vivienda, la planificación urbana, y crear refugios para las víctimas de violencia de género. Los sociólogos o economistas podrían aportar para resolver los problemas acuciantes de las grandes mayorías. Los médicos y bioquímicos, con los salarios necesarios, podrían atender a las familias trabajadoras. Los ingenieros, planificar la economía en una relación armónica con la naturaleza. En síntesis, peleamos por una Universidad puesta al servicio de las necesidades de las grandes mayorías que en este contexto de crisis generalizada se vuelve aún más necesario.

¿Qué peleas recorren hoy el movimiento estudiantil?

Ante el comienzo de los ingresos y del ciclo lectivo 2021 en la Universidad, comienzan a surgir a lo largo y ancho del país distintos reclamos de los estudiantes. Para nombrar la extensión y variedad de estos, nos detendremos en algunos ejemplos.

En diversas universidades del país existe un reclamo basado en la restricción de las cursadas. En la UNQ, UNDAV, UNAJ y UNLa los estudiantes piden que vuelvan a abrir materias frente a los límites en la inscripción que se expresa en restricción a finales y cupos para anotarse en las cursadas. En el CBC y UBA XXI, los estudiantes lograron que se prorroguen las inscripciones a los alumnos de primer año, ya que los finales de las materias de estas modalidades se superponían con esta. Los estudiantes se expresaron en las redes sociales con las consignas #IngresoCondicionalALaUBA y #CBCEsFiltro, y con juntadas de firmas.

Otro reclamo importante que recorrió el inicio de este año fue el de carreras ligadas a profesiones “esenciales”, fue la exigencia de presencialidad en condiciones, para realizar las prácticas necesarias de las últimas materias. Esto se expresó en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, donde los estudiantes se reunieron frente a la sede para exigir el regreso a la presencialidad.

En la UNLP este reclamo lo iniciaron los estudiantes de Odontología en el mes de febrero, realizando la “Marcha del Ambo Blanco” para exigir las prácticas profesionales. A través de su organización consiguieron la aprobación de la presencialidad. A este reclamo le siguió la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, donde las principales consignas de los estudiantes fueron “sin enfermería no hay salud pública”, “permítanos ser profesionales que luchemos contra la pandemia”. En medio de la escasez de personal de salud en los hospitales, frenar el egreso de nuevos profesionales no tiene la menor lógica. En esta facultad, las prácticas se realizan en los hospitales, por lo que el reclamo de los estudiantes tiene una estrecha relación con los reclamos de los trabajadores de la salud por las condiciones sanitarias y contra la desfinanciación de la salud pública.

Al mismo tiempo que los estudiantes pelean por sus reivindicaciones estudiantiles, surgen otro tipo de demandas que los movilizan. La juventud reflexiona, se pregunta e interviene sobre las contradicciones de la sociedad actual, conforman una capa social sensible a los problemas que la aquejan.

Fue así como, ante el femicidio de Úrsula los y las estudiantes de distintos puntos del país expresaron la bronca frente a la policía y el Estado en las redes sociales y mediante movilizaciones. Para el 8 de marzo se realizaron exigencias a los Centros de Estudiantes para que se movilicen en esta histórica fecha de lucha.

Al mismo tiempo, se mostró la solidaridad frente a las luchas en la Patagonia, donde el gobierno de Arcioni (Chubut) junto con Alberto Fernández dejaron a las claras su plan extractivista para la megaminería, mientras los gobiernos provinciales y nacional dejan correr el fuego, destinando presupuestos miserables para el control de incendios. Ante esto, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades del Comahue convocó a una concentración para exigir al Gobierno Nacional que ponga a disposición todos los recursos necesarios. Además, impulsaron una colecta. En La Plata también se han organizado estudiantes de la UNLP junto con los Estudiantes Universitarios de Chubut, residentes en la ciudad, y representantes del Centro Universitario de Chubut para enviar solidaridad a las personas damnificadas por los incendios. Por su parte el desde la Secretaria General del CEFyL se organizó una juntada de donaciones para enviar a las familias trabajadoras que se vieron afectadas por los incendios en la comarca andina.

Por otra parte, hoy, a 45 años del golpe militar genocida, las organizaciones estudiantiles de izquierda movilizan en distintos puntos del país, y se organiza la exigencia a las conducciones de los centros de estudiantes y federaciones ligadas al gobierno para que convoquen a marchar en esta fecha histórica, que siempre encontró en las universidades un motor para el debate, la organización y la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

Paralelamente a estas luchas, estamos asistiendo a una nueva oleada de conflictos obreros. Aunque la crisis “recién empieza”, aunque las burocracias sindicales están alineadas con el gobierno, son cada vez más los sectores que muestran su disposición a resistir los ataques. En este marco, en varios de estos conflictos los estudiantes comenzaron a mostrar solidaridad: en Rosario los trabajadores de Hey Latam reciben el apoyo del Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, y de la Federación Universitaria de Rosario. Ante la brutal represión que sufrieron los trabajadores de ArreBeef, además de seccionales sindicales como el Suteba La Matanza o Cicop Seccional Posadas, Centros de Estudiantes como el Terciario N° 88, expresaron su apoyo a los trabajadores en lucha.

Esta tendencia a la unidad la hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país. El Cordobazo, en 1969, se volvió el emblema de esta unidad. La clase obrera junto a los estudiantes y el pueblo pobre de Córdoba llevaron a cabo una semi-insurrección obrera y popular que hirió de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía y amenazó el poder de las clases dominantes [9]. Entre el 69 y el 76 la burguesía se dio cuenta de lo poderosa que puede ser la unidad de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil, por lo que barrió a toda una generación de trabajadores y estudiantes. Luego de la dictadura, gobierno tras gobierno han dedicado numerosos esfuerzos para evitar esta alianza. Desde el 83 con el alfonsinismo, y la Franja Morada a la cabeza, el movimiento estudiantil adquirió rasgos fuertemente corporativos, es decir, con conducciones de centros de estudiantes y federaciones desligados de las luchas de las mayorías populares.

Sin embargo, estas tendencias a la unidad surgen una y otra vez en distintos procesos. Sin ir tan lejos, en el año 2018, en el marco de un conflicto educativo nacional, se expresaron de forma incipiente estas tendencias. En La Plata, los estudiantes que se encontraban tomando las facultades por el aumento presupuestario confluyeron con la lucha que protagonizaban los trabajadores del Astillero Río Santiago contra el intento de cierre y vaciamiento. Lo mismo sucedió en Córdoba, en medio de una dura lucha universitaria que terminó con el procesamiento a 27 estudiantes, y que se unió con los molineros de Minetti que se encontraban en conflicto por el atraso en el pago de sueldos.

Estas orientaciones se deben a que en momentos de agudas crisis, el estudiantado muestra su heterogeneidad entre dos tendencias principales: puede desarrollar movimientos progresivos en alianza a las demandas de la clase obrera que lleven a poner en cuestión al Estado, o protagonizar movimientos conservadores del status quo.

El desarrollo de esta primer tendencia puede darse por distintas razones: por un lado por, la radicalización política del estudiantado a partir de sus demandas por el ingreso, permanencia y egreso de la universidad, que lo lleven a aliarse con otros sectores, como fueron las luchas de 1995 contra la LES o en 1999 contra el ajuste presupuestario de Menem. Tal como planteamos en Ideas de Izquierda N°42 “la pelea por aumentos presupuestarios, becas, contra las reformas antidemocráticas de los planes de estudio y contra los intentos de privatización de la educación pública han encontrado al movimiento estudiantil organizado, enfrentando las políticas de ajuste de distintos gobiernos, e incluso tomando en sus manos demandas democráticas como la pelea contra la represión, etc [10]. O por otro lado, por esta cualidad como sujeto “sensible” a las contradicciones sociales y el aumento de la lucha de clases.

Esta unidad obrera-estudiantil es parte central de nuestro programa. Por esto el debate acerca de cuál es la orientación y política de nuestros organismos, los centros de estudiantes y las federaciones universitarias, es de vital importancia. Son estos los que tienen que garantizar la organización de los estudiantes y sentar las bases para una alianza con los trabajadores. La pregunta de cómo superar las barreras que separan a las mayorías populares del acceso estable a la educación superior no puede responderse meramente dentro de los límites de las universidades. Pero tampoco es una respuesta que se encuentra solo fuera de ellas. En un contexto de crisis en el cual la clase obrera comienza a intervenir en una nueva oleada de luchas, se vuelve urgente discutir el potencial que tiene el movimiento estudiantil como colectivo social para pelear no sólo por una educación gratuita, pública y de calidad, sino para fusionarse con la lucha de los trabajadores y el conjunto del pueblo pobre afectado por el ajuste.

Entonces.. ¿Qué centros de estudiantes necesitamos?

Actualmente, los Centros de Estudiantes y las Federaciones se encuentran, en la mayoría de los casos, bajo la conducción de las distintas variantes del peronismo y del radicalismo. En medio de la pandemia y la crisis económica y social, los centros se limitan a la administración de los recursos que entregan las autoridades y los gobiernos. Desde el alfonsinismo, las corrientes como la Franja Morada y la Juventud Universitaria Peronista instalaron un modelo de centro de estudiantes que se aleja progresivamente de la política. Hasta el momento, sus estatutos heredados no se han modificado [11].

Con este modelo, los centros se vuelven un apéndice de las máximas autoridades universitarias, quienes tienen el monopolio de las decisiones políticas, mientras que los Centros se dedican a “gestionar”, y a medirse en función de su “eficacia en la administración” y en la prestación de servicios que debería garantizar gratuitamente el Estado.

Este modelo tiene consecuencias claras. Los estudiantes se encuentran, cada vez, con sus instancias de deliberación y participación tales como las asambleas o congresos, más degradados.

Mientras hay una juventud que no está dispuesta a resignarse y pelea por los derechos que necesitamos como estudiantes, las conducciones peronistas, kirchneristas o los radicales mantienen inactivo al estudiantado, y ajeno a las luchas que hoy está protagonizando la clase trabajadora. Necesitamos recuperar nuestros canales de organización, por lo que proponemos un modelo de centro con una orientación que promueva la organización de los estudiantes para convertirnos en una fuerza social aliada de los trabajadores. Ejemplos de esto es la política de la secretaria general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras y el centro de estudiantes de Humanidades de la Universidad de Comahue, que organizaron una jornada solidaria por los incendios en la patagonia, o en psicología de la UBA donde los estudiantes en asamblea exigieron más comisiones para poder cursar y que nadie se quede afuera además de definir movilizar este 24 de marzo.

Hoy los centros de estudiantes tendrían que estar al frente para que los jóvenes seamos protagonistas de todas estas peleas. Mantener la independencia política de las autoridades y del gobierno, que permitan exigir y luchar por becas integrales, dispositivos necesarios para la virtualidad, wifi gratuito, el comedor y albergue, aumento del presupuesto para educación, entre otras demandas estudiantiles para que ningún estudiante se quede afuera de la universidad. A la vez que le permita pelear contra la precarización en la juventud, exigiendo el 100% de nuestros salarios y ningún cambio en las condiciones de trabajo; pronunciarse, y ser parte de imponer con los trabajadores, la efectiva prohibición de despidos y suspensiones; fortalecer la lucha de los trabajadores que enfrentan los ataques y con ellos exigir a los sindicatos que se pongan a la cabeza de estas peleas y permitan la libertad de organización y la libre elección de delegados en todos los lugares de trabajo. Es decir, ser parte de levantar un programa de emergencia para que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo pobre.