La directora del CONACyT, Ma. Elena Álvarez-Buylla, anunció que la vacuna “Patria” podría estar lista para finales de 2021. Sin embargo, la forma de proceder de esta funcionaria frente al desarrollo científico siembra dudas de que eso sea posible.
Miércoles 14 de abril de 2021
En la conferencia matutina del martes pasado, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), María Elena Álvarez-Buylla Roces aseguró que la vacuna “Patria”, para prevenir la Covid-19, podría estar lista a finales de 2021 si los ensayos clínicos salen correctamente, los cuales han iniciado la fase 1 del proceso. Esto ha implicado el reclutamiento de voluntarios en la Ciudad de México para someterlos a las pruebas, quienes deben ser personas entre 18 y 55 años que cumplan con los requisitos clínicos.
Una vez que se hayan obtenido los resultados deseados, el paso siguiente sería enviar la vacuna a la Comisión Federal para la Prevención de los Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que sea evaluada y, si cumple con los estándares, aprobada para que pueda ser usada en el combate a la pandemia del Virus SARS-Cov-2. Sin embargo, se ha suscitado el cuestionamiento sobre si realmente podría estar a finales del año. Otra pregunta que surge es: ¿Cuáles serán las condiciones de producción de la vacuna? Ya que de eso depende que pueda o no estar lista a tiempo.
¿Quién o quiénes producen la vacuna?
En la conferencia de prensa, Ma. Elena Álvarez-Buylla explicó que el desarrollo de la vacuna se basa en una plataforma que usa un vector viral de la enfermedad de Newcastle, utilizada aproximadamente desde hace 20 años por el laboratorio privado Avimex, aliado en el proyecto. Pero entonces, ¿qué es Avimex? Como su propia página de internet lo dice, es una farmacéutica especializada en hacer vacunas para animales, como aves.
“Gracias al apoyo de nuestros clientes contamos con más de 6 décadas brindando soluciones a problemas relevantes de salud animal en el mercado avícola, porcícola, ganadero y camaronícola con ventas muy exitosas en México y en más de 30 países”.
¿Por qué se recurre a la iniciativa privada y a esta empresa en particular? Independientemente de que el gobierno ha planteado que la Cofepris ya certificó la planta de producción de esta vacuna, esto nos habla de las condiciones de producción de los centros de investigación públicos mexicanos, pues mientras que al proyecto que se hace de conjunto con Avimex se le han invertido 150 millones de pesos, la 4T ignora por completo los otros cinco proyectos que se están desarrollando en universidades públicas, incluida la UNAM, los cuales están terminado su fase pre clínica para pasar a las pruebas en voluntarios humanos.
De la UNAM en realidad son dos proyectos, uno del Instituto de Biotecnología y el otro del Instituto de Investigaciones Biomédicas; también están los de la Universidad Autónoma de Querétaro; el del Instituto Politécnico Nacional y el que es resultado de la asociación entre la Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico de Monterrey (esta última es una institución privada).
Incluso la académica Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien es la impulsora de este proyecto en su universidad declaró a la revista Proceso que: “está luchando por conseguir sus propios recursos, pues la Secretaría de Salud no tiene una ´estrategia nacional´ para apoyar los proyectos”. Lo cual refleja un total abandono de las universidades públicas como centros de investigación para desarrollar la ciencia y la tecnología, necesarias para enfrentar este tipo de padecimientos.
Con el avance de la pandemia esto ha salido a relucir, por ejemplo, en el 2020 - cuando aún se desarrollaba la primera ola de la pandemia -, se anunció que científicos de la UNAM se encontraban desarrollando una prueba casera para detectar de forma oportuna el Covid-19. Lo cual resultaba ser un proyecto muy innovador y prometedor; el problema que tenía, que sigue siendo el mismo de ahora, es que estos científicos se enfrentaban a la falta de apoyo, el abandono presupuestario de las universidades y la precarización laboral, ya que la gran mayoría de estos jóvenes investigadores estaban (y están) condenados a no tener plazas ni recursos para seguir desarrollando sus trabajos.
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¿Qué necesitamos?
Durante décadas el neoliberalismo emprendió un ataque generalizado contra la educación pública, donde la educación superior se vio especialmente afectada, situación que la 4T no sólo no cambió, sino que le ha dado continuidad. Así, una de las primeras cosas que se requiere es terminar con la simulación de que el neoliberalismo se ha acabado. Lo que se necesita exigir en primer lugar es un mayor presupuesto para la educación pública, para desarrollar proyectos que beneficien a las mayorías laboriosas, junto con condiciones dignas de trabajo, como lo es la basificación y sindicalización inmediata de todos los profesores e investigadores del país.
También hay que abolir el sistema de estímulos que concentra los recursos para el desarrollo científico y tecnológico en unas cuantas manos, las de la burocracia académica, en cuanto al CONACyT más que suprimirlo se requiere modificar su orientación productivista, lo que implica, terminar con la precarización laboral en su interior. Pues este órgano se ha valido de figuras como la de empleado de confianza para precarizar y someter a la inestabilidad a algunos sectores de sus asalariados.
En ese sentido, el CONACyT debe estar bajo el control democrático de sus trabajadores y de las comunidades universitarias, con el fin de ser utilizado como instrumento a nivel nacional para impulsar la producción científica y tecnológica en beneficio del pueblo trabajador y explotado, para que no se tenga que recurrir a la iniciativa privada. Con estas medidas estaríamos en mejores condiciones de desarrollar la vacuna contra la Covid-19 y contra otras enfermedades que tengamos que enfrentar en el futuro.
