Debate. La venta del Banco de Costa Rica y el debate abierto sobre la banca pública

Dicho proyecto denominado Proyecto de Ley No. 23.331 de Venta del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, fue anunciado por Chaves en su discurso de los primeros 100 días de gestión bajo el argumento, entre otros, de que sería una manera de “bajar la deuda”, pero ésto es falso en la medida en que la misma alcanza hasta 40 mil millones de dólares y si bien no se conoce abiertamente el valor del banco, representaría una pequeña parte del monto adeudado.

El presidente Rodrigo Chaves afirmó recientemente que no requiere obtener una mayoría calificada (38 votos) en la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto, si no que solamente necesita 29 votos.

Desde el anuncio en el plenario han surgido variedad de posiciones que hablan de los problemas que tiene Chaves para gobernar y, al mismo tiempo, de la crisis que atraviesan los partidos tradicionales como Liberación Nacional. La relación del presidente y el jefe de fracción del PLN Rodrigo Arias, merece un análisis aparte.

Posturas desde partidos legislativos

Primero, nos vamos a detener en las posturas más entreguistas; desde las que abiertamente defienden la venta e incluso exigen que la privatización se extienda a más sectores, hasta las de quiénes se limitan a criticar las formas del presidente.

La jefa de la fracción legislativa del partido Liberación Nacional (PLN) Kattia Rivera dijo que:

“el Ejecutivo debe preocuparse por mostrar argumentos de fondo, y solventar falencias que desde ya estamos viendo en esa presentación del proyecto de ley. Con una comisión política más no técnica, con un precio establecido de valor del banco sin tener los estudios técnicos que den el soporte de ese monto presupuestado”.

Al tiempo que solicitó al gobierno que lleve adelante una “labor de convencimiento y transparencia, de argumentación completa, que permita a actores involucrados hacer el análisis correspondiente para aprobar o no este proyecto”.

Es decir, en el fondo, el partido tradicional de la burguesía costarricense -cuya vida interna es un sinfín de choques políticos en un abierta crisis de dirección- tiene acuerdo con la venta y privatización del BCR, con sus consecuencias; pero guardan las formas al dejar claro que no van a respaldar sin reparo la orientación del presidente, haciendo seguidismo.

Lo que parece es que dentro del PLN no hay posturas homogéneas sobre el nivel de entreguismo que están por defender. Un ejemplo es lo que afirmó la diputada liberacionista por Limón Katherine Moreira Brown, sobre Japdeva y la necesidad de que "exista un equilibrio" entre los intereses privados y la empresa estatal, en el marco de la concesión de Moín. Hay que recordar que el PLN constituye la fracción mayoritaria de la Asamblea Legislativa, con 19 escaños.

Por su parte el empresario Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) afirmó:

“Me preocupa que el proyecto otorga demasiado poder a un comité de venta conformado por cinco ministros y ministras, lo que lo convierte en un comité de naturaleza política cuando debería ser de naturaleza técnica-financiera conformado por expertos en materia bancaria, financiera y económica que determinen las condiciones y requisitos para el proceso de venta, con el fin de evitar que se politice el proceso y eliminar cualquier desconfianza que pueda generarse entre la población”.

Además agregó: “Solamente se menciona que los recursos que se obtengan se utilizarán para disminuir la deuda pública -propuesta con la que estoy completamente de acuerdo-, pero debemos aprovechar la oportunidad para profundizar la competencia en los mercados financieros para procurar disminuir las tasas de interés para el beneficio de todos los costarricenses”.

El diputado no hace más que seguir la orientación entreguista del gobierno intentando delimitarse por derecha afirmando que debería ser un ente con criterios técnicos y no políticos el que lleve adelante la venta del BCR. Cabe recordar que la venta del BCR y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) formaron parte de las propuestas de campaña electoral de Feinzaig.

Presenta un matiz respecto de la postura del PLN, pero nuevamente, en el fondo están de acuerdo y reproducen la mentira de que la deuda pública se podrá disminuir a raíz de la venta. Además de insistir en mantener la dominación de los mercados internacionales sobre la economía del país.

Un debate con el Frente Amplio

A propósito de la discusión, esbozamos en debate con el editorial escrito por el exdiputado José María Villalta del Frente Amplio, publicado por el medio La Nación el 17 de setiembre.

El primer elemento que destaca del análisis de Villalta es su descripción de la política del gobierno de Chaves, cuando afirma que la venta del BCR se apoya en un “odio a lo público y avidez por los buenos negocios.” Es evidente que la discusión sobre "lo público y lo privado" es más amplia que los límites de éste escrito, además de estar marcada por determinaciones específicas para centroamérica. Sin embargo, es necesario apuntar que con esa sencilla "expresión" que parece ser crítica, se olvida lo elemental que es el carácter de clase del Estado, y de los mecanismos varios que supone su existencia para mantener y reproducir la explotación de las mayorías.

Sobre el argumento del gobierno de que la venta aportaría a la disminución de la deuda, Villalta plantea que:

“Aun aceptando los números alegres, la realidad es que la venta del BCR solo representaría un pequeño pellizco al monto global de la deuda pública (...) Esta deuda seguiría creciendo si no se toman otras medidas de fondo, que este gobierno tampoco ha querido tomar, como combatir en serio la evasión fiscal y cambiar nuestro injusto sistema tributario.”

Éstas medidas de fondo sugeridas por Villalta no irían nada más allá de recaudar impuestos según lo demanda la ley, y alguna fórmula de renegociación de una deuda externa que no sólo es impagable sino que es ilegítima frente a las necesidades de las masas. No es un elemento menor la ubicación del Frente Amplio frente al ajuste del FMI, la entrega de las pensiones a Wall Street y la aprobación de los eurobonos para endeudar más al país. Sostienen orientaciones utópicas y optimistas de lo que podría resultar de pactar o acordar "otras medidas de fondo" con el capital financiero que controla el mundo. Un callejón sin salida.

Y continúa:

“El Estado tendría que reponer estos ingresos con nuevos impuestos o, lo más probable, con nueva deuda. Algunos sugieren dejar de financiar esos programas, ignorando el brutal daño social que causarían. Especialmente sensible es el seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y no sobra recordar que, por norma constitucional, el Estado es solidariamente responsable en su financiamiento (artículo 177).”

El ex diputado Villalta solamente ve dos caminos posibles: más impuestos y deuda por un lado, y dejar de financiar instituciones como la -ya sumamente debilitada- CCSS. En ese sentido, su postura queda limitada incluso frente a los cuestionamientos del sindicato del BCR que aseguró que la venta del BCR los convertiría en “moneda de cambio para una nueva negociación con el FMI”.

Sobre la supuesta "función social" de la banca pública, dice:

“¿Qué sería, por ejemplo, de la gente joven de escasos recursos sin los préstamos de Conape que se financian con las utilidades del BCR? (...) No se trata de romantizar nada. Muchos somos críticos de las reformas que han debilitado la función social de la banca pública y hemos señalado que esta podría hacer mucho más para democratizar el acceso al crédito. Pero podría hacerlo porque, al ser pública, el Estado tiene un margen mayor para intervenir en su regulación y exigirle un mayor compromiso social.”

Más vale que no se trataba de romantizar… Es claro que la privatización de la banca pública sería un ataque profundo. Medidas similares han implicado mayores trabas en el crédito y en general peores condiciones económicas en otros países de latinoamérica; todas condiciones que se sumarían a la inflación y el aumento del costo de la vida, los paupérrimos aumentos salariales y los precios de los combustibles.

Pero, eso no quiere decir que, en abstracto, el hecho de que la banca sea propiedad del Estado garantice que la "función social" puede ser sencillamente regulada. Nuevamente, Villalta apuesta a pactar para regular la banca dentro del capitalismo neoliberal, sujeta a los intereses del capital financiero.

Una postura desde la izquierda revolucionaria

La situación política nacional, así como la crisis económica mundial que han causado las políticas de los gobiernos recientemente en la región, exigen de la izquierda revolucionaria un análisis profundo, que dé cuenta y se dé la tarea de destruir los argumentos que esbozan los políticos que quieren cobrarnos a las clase trabajadora una crisis que no provocamos.

En ese sentido, desde OSR planteamos los siguientes elementos, como propuesta para la construcción de una salida independiente que apunte las necesidades más sentidas de las masas, en contraposición a las posturas reformistas y conciliadoras que se apoyan en la desmoralización e ignoran los impulsos de resistencia a la agenda de ajuste del gobierno.

Por el retiro definitivo de la política de endeudamiento con el FMI. Fuera el FMI. La deuda externa no es sólo imposible de pagar e ilegítima sino que es sobre todo un mecanismo de control sobre trabajadores y el pueblo pobre por parte del capital financiero y los políticos y empresarios locales ¡No al pago de deuda externa! Además la clase trabajadora no debe pagar una crisis económica que no generó ¡Qué la crisis la paguen los ricos!

Ligado a lo anterior, el no pago de la deuda debe estar asociado a un mayor incremento del presupuesto en salud, para atender las consecuencias de la pandemia, sin que eso implique recortes en otros sectores, como el presupuesto a la educación pública ¡Contra los recortes del FMI! ¡Por la defensa de la salud y la educación pública y gratuita!

Por el control de los bancos, la industria y el comercio exterior por los propios trabajadores, por una banca estatal única. Por la abolición del secreto comercial. Los bancos en la época imperialista controlan de una o de otra manera toda la industria capitalista, dentro de la cual se incluyen los transportes y la bolsa. En las cuentas de los bancos se concentran todas las cuentas de todos los poderosos del país. Allí se demuestra sin lugar a dudas las condiciones monopólicas con que la burguesía administra su economía, que inicia con la explotación de la fuerza de trabajo en la producción y termina en la ruina y miseria de las masas, pasando por anarquía en toda la economía y corrupción de los políticos en todos los niveles de toma de decisión.

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