Estudiantil. La violencia en las marchas: un discurso para reprimir

En la pasada marcha estudiantil del 9 de junio en Santiago, un suceso despertó conmoción, más que la marcha en sí; esto fue la destrucción de la figura de yeso de Cristo, lo que abrió la posibilidad a que los políticos del régimen salieran a despotricar contra el movimiento estudiantil y el legítimo derecho a manifestarse. De paso, aprovecharon de defender a un importante socio de la educación de mercado, la Iglesia.

Por un lado, se pronunció la presidenta Bachelet, quien declaró que "no tiene nada que ver manifestarse por la educación con los hechos de violencia que vimos ayer, eso lo repudiamos completamente". Posteriormente, agregó que “los hechos de violencia son absolutamente inaceptables. No vamos a aceptar que se atropellen los derechos y se ofendan las creencias de los demás, porque se rompen las reglas de convivencia básica que tenemos que tener entre todos los ciudadanos”.

También hubo declaraciones del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy: “Los hechos de violencia que ha conocido toda la población son inaceptables y dejan en evidencia el desprecio de algunos por los derechos de la mayoría del país y una intolerancia que no queremos ver en nuestro país. No es posible comprender que quienes participan de hechos tan repudiables tengan como objetivo mejorar la educación”.

Se sumaron las declaraciones del diputado de Derecha, Felipe Kast, quien aprovechando la situación, instó al gobierno: “Tener una ley de rostro descubierto nos permitiría tener marchas pacíficas”, referente a la agenda represiva que impulsa junto a un sector de la Nueva Mayoría, con la ley anti encapuchados. “La gracia de la ley de rostro descubierto es que respalda el derecho a manifestarse, estos encapuchados delincuentes cobardes que no dan la cara, solo atentan con el derecho a manifestarse”, según declaró el parlamentario.

Desde el Partido Socialista también hubo declaraciones, por parte de la senadora Isabel Allende quien señaló que “llegó la hora de decir basta. No es posible que nosotros permitamos que las legítimas manifestaciones y tienen que darse en una democracia terminen, por responsabilidad de pequeños grupos delincuenciales”.

Como podemos ver, la tónica de uno y otro lado es acusar a sectores del movimiento estudiantil de delincuentes, buscando crear un manto de justificación a la represión del Gobierno en contra de las movilizaciones, dando un mejor pié para que se aprueben diversas medidas represivas, como el control de identidad preventivo.

Esta tónica no fue ajena al mundo eclesíastico, que en voz de uno de sus referentes, el sacerdote Berríos, acusaron la responsabilidad de la dirección del movimiento estudiantil. “Los dirigentes, si bien no fueron ellos los que hicieron los destrozos, pero de alguna manera son responsables porque uno sabe que las marchas terminan en esto, porque no son capaces de detener a los jóvenes cuando están haciendo esto”.

Unos días antes, Andrés Montero, columnista de Pulso (diario económico de Copesa) declaraba lo siguiente: “¡Hasta dónde hemos llegado! La autoridad y su respeto están ausentes. Cada uno hace lo que quiere, se roba, no se paga el pasaje del Transantiago, las cárceles están hacinadas, a Chile entra cualquiera por cualquier parte, los mocosos se toman La Moneda, se paran las clases, se marcha donde sea y se les pega a los carabineros mientras la autoridad se ’lava las manos’ y nos conduce al despeñadero". Su discurso no parece muy lejano a las distintas expresiones que exponemos en esta nota; pareciera que todos cantasen en un mismo coro, llamando a una mayor represión.

Un mismo coro en contra de la violencia de las marchas, pero que nada dicen de la violencia en contra del Pueblo Mapuche, o en los desalojos, en las marchas, comisarías, como tampoco escuchamos repudio tan categórico contra los abusos de la Iglesia.