Hoy se conmemora el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional. La “Masacre de Ingeniero Bugde” ocurrida el 8 de mayo de 1987 donde fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaz por efectivos policiales fue el trágico hecho que funda esta fecha. Pasaron casi 30 años desde aquel emblemático caso de gatillo fácil. Tristemente la situación de los y las jóvenes poco y nada ha cambiado al respecto.
Viernes 8 de mayo de 2015
Días previos a esta fecha, Mario Urquiza, jefe de logística de la Policía de Acción Táctica (PAT) creada recientemente por el gobierno provincial, era detenido y acusado por homicidio agravado. El oficial cobardemente había gatillado por la espalda a un joven en Pueblo Esther, en las afueras de Rosario, en el 2011. Semanas antes las principales ciudades de la provincia se atestaron con propaganda oficial exhibiendo la única respuesta que tiene el gobierno provincial para los jóvenes: más policías.
Luego de la derrota electoral en manos del PRO, el Frente PROgresista compite en el terreno favorito de la derecha: el de la seguridad. A esta altura sabemos que la fórmula de la saturación represiva es tan falsa, como hipócrita. Como tan hipócritas son los discursos oficiales que hablan de la violencia institucional como una de las deudas pendientes de la democracia. Pero omiten mencionar que son ellos mismos quienes comandan esas mismas fuerzas de seguridad.
En los últimos años ha quedado al descubierto en Santa Fe, y en Rosario con particular virulencia el accionar represivo y mafioso de las fuerzas de seguridad. La historia de la ciudad se convirtió en una verdadera crónica negra en donde las víctimas de la violencia institucional son siempre las mismas: las balas del gatillo fácil alcanzan en su mayoría a los jóvenes trabajadores y de los sectores populares. Las víctimas en su mayoría tienen entre 18 y 25 años.
En los últimos treinta años el poder de fuego de las fuerzas de seguridad se incrementó exponencialmente. Así lo muestran los informes de la CORREPI donde la cifra de jóvenes asesinados por el gatillo fácil desde el 1983 a nuestros días asciende a 4.278. Santa Fe lidera el triste ranking de las provincias con más asesinatos a manos de las fuerzas represivas.
Se trata de un régimen político que de conjunto es coautor y partícipe de la complicidad policial con el gran delito, la trata y el narcotráfico. Los numerosos escándalos que han manchado a gobiernos peronistas y socialistas en los últimos no hacen más que confirmarlo.
El caso Tognolli, donde el mismo jefe de la policía era el que regenteaba la trata y el narcotráfico, el comisario nazi puesto por el gobierno de Bonfatti, Juan Pablo Garro, policías que son atrapados con kilos de cocaína, la complicidad policial con grandes bandas narco como los Monos y efectivos que gozan de los privilegios de condenas abreviadas. En cada uno de estos casos el Frente Progresista, por acción u omisión, garantizó la impunidad para propios y para los miembros de su fuerza policial.
Es que socialistas, radicales, peronistas y los dirigentes amarillos del PRO forman parte de un mismo consenso: con o sin relato progresista todos acuerdan en saturar la provincia con las fuerzas de seguridad.
Ganas las calles contra la violencia institucional
Son jóvenes y de los barrios más pobres los que engrosan las cifras de asesinatos. La lista se llena de nombres: Franco Casco, joven albañil que por simple portación de cara, fue detenido, torturado y asesinado en la Comisaría 7ma. Su cuerpo fue encontrado en el río. Los medios, como de costumbre, lo primero que salieron a decir es que Franco habría estado drogado. Hoy su crimen sigue impune. Jonathan Herrera, otro joven trabajador víctima del gatillo fácil. En su primer día de patrullaje la Policía de Acción Táctica, esa que tanto vanagloria el socialismo, lo asesinó.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda hemos denunciado cada caso de gatillo fácil. Dijimos desde un primer momento que a Franco lo mató la policía, acompañamos junto a otras organizaciones a los familiares, impulsando la movilización y peleando por justicia. No son casos aislados, es un modus operandi. Porque no se trata de un puñado de manzanas podridas, es toda la institución.
Desde este lugar fuimos claros en denunciar que el operativo del gobierno nacional y provincial para llenar de gendarmes la ciudad, para el supuesto “combate” contra el narcotráfico, no tenía otro fin que el de militarizar los barrios, y aumentar la criminalización a la juventud. Así quedó demostrado al punto de que no se detuvo un solo “capo” narco. Desde el FIT fuimos la única fuerza que no saludó la llegada de la gendarmería a Rosario.
En medio de una campaña electoral vacía y corrida a la derecha por parte de los partidos tradicionales, desde el Frente de Izquierda decimos que hay que acabar con la impunidad. Esto no es sólo una agenda de campaña, es una lucha cotidiana que sostenemos desde la izquierda. Como lo hicimos con Franco Casco, ante cada caso hay que ganar las calles contra el crecimiento de la violencia institucional.
Lanzar una coordinadora contra la impunidad y una comisión investigadora independiente compuesta por familiares de víctimas de gatillo fácil, y las organizaciones de Derecho Humanos, para investigar y juzga a fondo a todos los funcionarios políticos y policiales involucrados en los casos de gatillo fácil, el narcotráfico y la trata es un primer paso para enfrentar al Estado represivo.
