Ante la vulnerabilidad habitacional y económica, profundizada por la pandemia, aumentaron las personas y familias sin un techo digno para vivir. Como consecuencia, también crecieron las tomas y campamentos. Frente a esto, el Gobierno, lejos de entregar soluciones, ha respondido con desalojos y represión.
Viernes 9 de abril de 2021
Ante la vulnerabilidad habitacional y económica, profundizada por la pandemia, aumentaron las personas y familias sin un techo digno para vivir. Como consecuencia, también crecieron las tomas y campamentos. Frente a esto, el Gobierno, lejos de entregar soluciones, ha respondido con desalojos y represión.
En Santiago, en el campamento Esperanza, ubicado en el cerro Renca, se han desarrollado violentos desalojos con Fuerzas especiales y carros lanza aguas que, por orden del intendente Metropolitano Felipe Guevara y por solicitud del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, expulsaron a familias chilenas y migrantes a la calle. A quienes sólo les quedó ver con rabia e impotencia cómo destrozaban sus viviendas, incluso impidiéndoles retirar sus pertenencias de los terrenos. Cercano al mediodía los principales medios de prensa decían que el desalojo cumplió con ser un “procedimiento pacifico”.
El déficit habitacional es una problemática de larga data en los países de Latinoamérica, este corresponde al número de unidades habitacionales que para un determinado grupo poblacional no se encuentran disponibles, ni accesibles. O de unidades habitacionales habitadas que no califican para satisfacer la demanda legítima y básica de un grupo familiar, para vivir dignamente conforme estándares mínimos de habitabilidad.
Te podría interesar: La crisis de la vivienda en pandemia]
Estos estándares deben asegurar condiciones cómodas, por ejemplo, ser de material sólido, presentar antejardines o patios; dormitorios y baños suficientes a la necesidad del grupo que vive en el lugar. Además de acceso a espacios de abastecimiento, recreación, conectividad y servicios - como escuelas, centros de salud y parques - en función del bienestar físico, mental y emocional de las personas.
El actual incremento del déficit habitacional se ve en el alza de casos de familias allegadas, hacinadas o empujadas a vivir en campamentos. Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la cantidad de personas que requerían una solución habitacional a nivel nacional en el 2017 era de 2,2 millones, para las cuales serían necesarias 739.603 unidades habitacionales. El estudio señala que el déficit habitacional total desde el 2015 al 2017 aumentó 13%, sin embargo, no consideró arrendatarios y subarriendos, tampoco migrantes o gente en situación de calle.
Otro estudio de la fundación TECHO-Chile cifra un aumento de 73,5% de familias en campamentos desde el 2019 a la fecha, por lo cual, la cifra del déficit habitacional podría triplicarse fácilmente.
El alza del déficit habitacional tiene relación con la destrucción de 2 millones de empleos en el último año, como también por la supresión y reducción de los sueldos. Puesto que impidió a un sector de la población seguir pagando arriendos, ahorrar para optar por subsidios o comprar inmuebles mediante créditos.
Sin embargo, esta crisis tiene como antecedente el frecuente sobreendeudamiento para poder optar a un hogar. La consideración del suelo y la vivienda como un bien de consumo, niega el acceso a ella como un derecho, y se transforma en una condición sujeta a su mercantilización.
Esta lógica es la que sustenta parte de la existencia del mercado inmobiliario, y faculta a agentes privados, a la planificación, construcción y comercialización de proyectos habitacionales, con un sentido primordial de lucro, y no como solución del creciente déficit habitacional.
La crisis habitacional vuelve más cruda la crisis sanitaria y viceversa
Atravesamos una crisis económica y sanitaria, ambas hacen urgente una solución concreta a las familias que peligran por contagio y enfermedades debido a la falta de resguardo para proteger su salud.
Ante esta crisis, las políticas del Gobierno no buscan otorgar soluciones reales, solo parches para intentar contener el descontento; un ejemplo de esto es el subsidio de arriendo de $250.000 por tan solo 3 meses que se anunció recientemente, y el sistema de subsidios, que ha demostrado ser incapaz de responder a las necesidades de miles.
Debido a esto último, es urgente impulsar un Plan de emergencia habitacional donde los proyectos sean gestionados por comités de vivienda compuestos de pobladores, trabajadores y profesionales; un plan que presente cuatro ejes claves:
1) Disponer de infraestructura habitable desocupada, con prohibición de desalojos, que esté en manos del fisco, de bancos, AFP o grandes grupos económicos en carácter de emergencia, para familias que no tienen dónde vivir y para mujeres e hijos, en el caso de que sean víctimas de violencia machista.
Ante las actuales crisis, todo subió de precio, incluyendo los arriendos, y potenciado con los despidos, muchas personas son obligadas a vivir en hacinamiento, como allegadas o en campamentos, sin urbanización, o expuestas a la represión de la policía y el Estado, además de estar sometidas a altas probabilidades de enfermedades y de contagio.
Desde ahí, es sencillo comprender porqué es importante darle una respuesta a corto plazo a quienes están en lugares inhabitables o en la calle.
Y que viviendas como, por ejemplo, las de inmobiliarias millonarias, en espera de compra o arriendo, la hotelería cerrada por pandemia, las segundas viviendas que los super-ricos compran con el objetivo de hacer negocios, sean puestas a disposición con carácter de emergencia, de forma transitoria y gratuita, hasta que estén disponibles unidades habitacionales dignas y adecuadas.
De esta forma se puede atender las necesidades habitacionales más urgentes en razón de responder también a la emergencia sanitaria, pues el problema del acceso a la vivienda también es un problema de salud pública.
2) Expropiar los terrenos ociosos que están en manos de bancos y especuladores del suelo:
Para dar respuesta a la demanda habitacional se debe disponer de suelo para la planificación y construcción de proyectos habitacionales que sean públicos, y porque el bien común de la mayoría debe primar sobre la propiedad privada, se prevé expropiar los terrenos ociosos que cumplan con las condiciones para ser habitables. Estos deben ser puestos a disposición de la gestión pobladores sin vivienda y trabajadores en comités de vivienda para la planificación, construcción y distribución de unidades habitacionales de calidad que cumpla con condiciones de habitabilidad.
Según un catastro realizado por la consultora Atisba, actualmente en el Gran Santiago hay 179 predios fiscales que están en condición de sitios eriazos o subutilizados, y que suman una superficie de 10 millones 317 mil metros cuadrados, es decir, poco más de 1.317 hectáreas, que es casi la superficie de la comuna de Providencia.
Aplicando densidades habitacionales diferenciadas para cada uno de esos terrenos, dependiendo de su ubicación, se calculó que en ellos se podrían construir 50.293 viviendas, lo que equivale casi al 40% del déficit estimado para la capital.
El 46% de esas viviendas podrían ser levantadas en terrenos que pertenecen al Serviu. Otro 31% se distribuye entre instituciones fiscales como la Corfo, Metro y el Instituto Nacional de Estadísticas, o simplemente aparecen rotulados como “Fisco de Chile” (ver infografía).
Las Fuerzas Armadas y Carabineros, poseen el 8% de esa superficie, donde podrían construirse 5.448 viviendas. Se trata de grandes paños de terreno como los que la policía uniformada tiene en Estación Central o las FF.AA. en El Bosque.
3) Condonación de la deuda hipotecaria: La mayor deuda de los hogares proviene de los préstamos bancarios hipotecarios, préstamos groseramente inflados por impuestos que fija la banca e inversionistas. La rentabilidad en Chile no baja del 40%, con tasas de retorno en su mayoría superiores al 50%.
Ciper estudió 16 proyectos inmobiliarios en Santiago, ilustrando cómo la rentabilidad y precios finales de las viviendas exceden por mucho lo que podría considerarse una ganancia provechosa, en comparación con las tasas de ganancias de ciudades como Nueva York o Londres (cerca del 18% de la Tasa Interna de Retorno).
Estimando una vivienda “tipo” de dos piezas para 50 metros cuadrados, se obtuvo que en el más barato de los casos (Estación Central), el precio de un departamento “tipo” no baja de las 2.800 UF. Esto demanda un dividendo de $311.076 mensuales durante 30 años y un pie de más de $15 millones. Esto significa que el precio inicial de venta de un departamento tipo sube aproximadamente un 40% bajo el sistema de subsidios y créditos hipotecarios.
El derecho a acceder a una vivienda digna, como derecho de todas y todos, no puede estar condicionado por el tamaño del bolsillo.
4) Fin del subsidio a los privados.
El Estado invirtió este año 2.600 millones de dólares en viviendas sociales, presupuesto que solo costeará en parte los altos precios en que el mercado inmobiliario avalúa las viviendas.
Los recursos que el Estado invierte en planes de subsidios habitacionales, deben ser inyectados a planes habitacionales públicos, gestionados por comités de vivienda en donde trabajadores especializados y pobladores sin vivienda, planifiquen su construcción y distribución con el objetivo que las viviendas y departamentos no sean concebidas como bien de consumo, puesto que en el escenario crítico en el que nos encontramos, nuestros derechos por un lado, no pueden ser concursables, ni ser una competición entre familias vulnerables, y tampoco deben servir para que agentes privados gesten sus ganancias a costa de éstos.
El derecho a la vivienda digna y a un buen habitar para las mayorías, en la ciudad y el campo, debe acabar con la anarquía y especulación capitalista de la vivienda, que es lo que genera inevitablemente el déficit habitacional, la vivienda precaria, la segregación, el hacinamiento, la congestión vial y la contaminación en las ciudades.
En este camino proponemos la creación de empleos a través de la elaboración de un plan nacional de obras públicas, el cual debe estar asesorado por profesionales en el rubro, pero ejecutado en base a discusión y decisión democrática de las comunidades, y al cómo queremos vivir la ciudad, en vez del criterio de gastar poco y ganar mucho que tienen las constructoras, inmobiliarias y la banca.
Para llevarlo adelante será necesario expropiar a las multimillonarias constructoras e inmobiliarias, y estatizar la gran propiedad de suelo y los servicios urbanos de agua, energía y transporte, bajo gestión obrera y control de usuarios. Las clases poseedoras resistirán estas medidas. Solo podrán conquistarse con la organización y la lucha de la clase trabajadora y el pueblo.
