En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, Canal13 entrevistó a Ricardo Lagos, quien defendió el secreto de los archivos de la comisión Valech, señalando que levantar esta restricción, vulneraría a quienes dieron sus testimonios, aun cuando, las organizaciones de DDHH han exigido, específicamente, la publicación de los nombres de los torturadores.
Lunes 14 de agosto de 2023
Una semana después de Frei, Ricardo Lagos participó del programa de Canal13 “50 años con historia“, durante una entrevista llena de anécdotas personales, Lagos evitó entrar en polémicas históricas, sobre todo de las responsabilidades que tuvo su sector durante los años 80 y sobre todo en el marco de la renovación socialista y la transición.
Lagos que representó a finales de los 80 una figura relevante dentro de la ex Concertación y desde el retorno a la democracia ocupó cargos de gobierno en los gobiernos de Aylwin (Educación) y Frei (Obras Públicas).
Fue durante el gobierno de Frei cuando estalló uno de los más importantes casos de corrupción del país, el denominado caso “MOP-GATE”, caso del que salió libre de polvo y paja gracias a un acuerdo con la UDI impulsado por Longueira.
Luego en 1999 Lagos postuló a la presidencia como el primer candidato socialista luego del gobierno de Allende, lo que despertó muchas suspicacias dentro de la derecha cuyo candidato era Lavin.
Una vez llegado al poder, Lagos se transformó en el favorito de los empresarios, su gobierno terminó de consolidar el proceso de privatizaciones del gobierno de Frei y es uno de los responsables de consagrar la educación de mercado a través de la creación del CAE, además promulgó la reforma constitucional que hizo que su firma esté en la constitución vigente.
Democracia, DDHH y la comisión Valech
Durante la entrevista, Lagos se defendió de las acusaciones de que durante el gobierno de Frei y el de él mismo, se hizo justicia bajo el miedo de la posibilidad de que los militares hicieran ejercicios de fuerza para evitarla.
En el marco de la detención de Manuel Contreras y la creación de la cárcel de Punta Peuco, Lagos señaló que “en ese momento teníamos que firmar algo, pero yo pensaba que teníamos más fuerza, que podíamos apretar más” y luego dice que le señaló a Frei “le doy 10 soluciones para hacer la cárcel especial, pero no doy mi firma”. Consultado sobre si existía la fuerza para hacer algo más: “ya había más fuerza que antes, los cuatro años enseñaron que era un doy para que des, un tironeo permanente”. Con esto último Lagos deslizó cuál fue la política de los gobiernos concertacionistas con respecto a los juicios a los violadores de DDHH: yo te doy para que me des, es decir, que no solo se actuó en la medida de lo posible, sino que además en complicidad con los propios militares, que en ese momento aún mantenían un fuerte lazo con Pinochet, quien hace poco había dejado la comandancia.
Además, y a propósito de la detención de Pinochet, Lagos señaló que “respaldé la posición del gobierno (de que Pinochet no fuera juzgado en el exterior), una posición que me parecía correcta desde el punto de vista que era mándamelo a Chile y yo lo juzgo en Chile, esa es mi soberanía, otra cosa es que le digan a usted que después no lo va a juzgar, pero ya estábamos avanzando lo suficiente como para hacer cosas más osadas”. Pero la realidad fue otra. La verdad es que las negociaciones para que Pinochet volviera a Chile terminaron siendo la garantía de la impunidad para el dictador, quien luego de fingir “demencia” fue recibido por ese ejército del “te doy para que me des” y la derecha como un héroe. Gran favor le hicieron Frei, Lagos y la Concertación.
En 2000 la mesa de diálogo, que será la instancia previa a la creación de la comisión Valech, fue señalada por Lagos como un punto de partida en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas de las violaciones a los DDHH. En ese momento Lagos reconoció un diálogo con un ex comandante en jefe “¿Usted quiere la verdad? porque me dijeron que habían descubierto cuerpos que se tiraron al mar y pregunté, ¿qué tiraron al mar, personas o cuerpos? y cuando a usted le dicen cuerpos, uno piensa, entonces esto es más grave, porque si son cuerpos, hay cómplices que son los que manejan el helicóptero porque saben lo que están tirando, entonces se enreda más”. Pero aun sabiendo que existían cómplices en todos los estamentos del ejército -y civiles-, la Concertación se la jugó por el juicio a algunos emblemáticos, mientras aseguró la impunidad al resto. Ahí está el “te doy para que me des”.
Luego de esto, Lagos sostuvo que el mundo avaló lo realizado por la comisión Valech, él mismo reconoció que no le había tomado el peso, además señaló que el objetivo del informe era “conocer la verdad, no hacer justicia, que la justicia lo hacen los tribunales” y derivada de esta lógica es que Lagos defendió el secreto de los archivos del informe a propósito de la protección de los nombres de quienes dieron testimonio.
Pero lo que Lagos omite es que este las solicitudes de levantamiento del secreto de los archivos no está dirigido a la protección de las víctimas, sino a los victimarios.
El ejército y los cómplices civiles de la dictadura militar, les interesa sobre todo mantener el secreto de estos nombres, ya que no se tiene certeza de cuantos aún puedan estar activos en el propio ejército o como militantes dentro de los partidos de derecha.
Como decíamos la semana pasada, menos de 80 agentes fueron condenados a penas de cárcel, y menos de 300 han sido condenados a penas diferentes de entre los más de 1000 acusados.
Ni perdón ni olvido
A 50 años del golpe, hay que dar una fuerte batalla por conseguir el juicio y castigo a los represores de ayer y hoy, hay que seguir dando la pelea contra la impunidad y exigir el término de los privilegios que hasta el día de hoy mantienen quienes fueron activos colaboradores de la dictadura militar, es necesario que las distintas ramas del ejército abran sus archivos a las organizaciones de derechos humanos, entreguen los nombres de los agentes que colaboraron con los organismos represivos del Estado, estén estos en retiro o activos, hay que exigir el cierre del penal de Punta Peuco y la degradación de los grados militares, no puede ser que estos violadores de DDHH sigan recibiendo suntuosas jubilaciones por grados ganados con la sangre de quienes hoy no se conoce su paradero. Hay que terminar con el secreto de los agentes consignados en el informe Rettig y el elaborado por la comisión Valech.
