En primera persona Magalí, a punto de ser desalojada con sus 4 hijes, relata el flagelo de miles en la ciudad más rica de la Argentina. Una muestra de la brutal crisis de vivienda en el país. ¿Cuáles son las políticas de Larreta? ¿Qué dicen las organizaciones que trabajan en el tema de la vivienda?
Violeta Lavinia Equipo Técnico de Infancias y Adolescencias
Lunes 14 de junio de 2021 21:13
Desde el Equipo Técnico de Infancias y Adolescencias, conversamos con Magalí (a quien por cuestiones de resguardo le alteramos la identidad) quien se encuentra a punto de ser desalojada del departamento donde se encuentra residiendo junto a sus hijes en la Ciudad de Buenos Aires. Su realidad, es compartida por miles de mujeres que se encuentran al cuidado de sus hijes, sin ingresos suficientes para poder garantizar sus necesidades básicas, y muchas de ellas han estado en situación de violencia de género.
Magalí no cuenta con una red familiar que la sostenga, lo que hace difícil que pueda repartir las tareas de cuidado y de este modo acceder a la búsqueda de un empleo que le permita percibir alguna clase de ingreso. Su hijo, se encuentra con graves dificultades en su salud, por lo que debe atravesar largos periodos de internaciones, complejizándose aún más su situación. En sus palabras “como hago para trabajar y mantener a mis hijas y a su vez cuidar a mi hijo. Es muy difícil, y no se dan cuenta de lo que le toca vivir a una.”
El subsidio habitacional que cobra resulta insuficiente para poder solventar el alquiler de una vivienda para 4 personas y, los hoteles familiares cobran cifras exorbitantes por una habitación sin las mínimas condiciones de habitabilidad. Magali refiere que en los hoteles que la aceptan con sus hijes, le han “solicitado de $16.000 para arriba”. Agrega, que desde ningún organismo gubernamental se han acercado a conocer su situación o le han brindado una solución alternativa, “no cuento con nadie”, concluye.
¿Cuál es la respuesta del gobierno de Larreta para estas problemáticas?
Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia revela que, el presupuesto para este año para la atención de personas en situación de calle, no contempló ningún incremento, aunque esta población aumentó a raíz de la pandemia. Aún más preocupante es saber que, durante el 2020, programas como Ciudadanía Porteña, la tarjeta alimentaria de la Ciudad, ha sido subejecutado en un 18%.
El miércoles pasado, el Gobierno de la Ciudad dio a conocer los datos del último censo de personas en situación de calle, donde dan cuenta de que esta población creció en un 30%, dato cuestionado por las organizaciones sociales. Sin embargo, no existe una estimación en relación a cuantas personas se encuentran en riesgo habitacional, lo que invisibiliza la realidad de muchas familias.
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Debemos recordar que, el Derecho a una Vivienda Digna se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño; además de ser reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En este sentido, el Estado se muestra presente, decide y acciona, despreciando las necesidades de las personas, y arrojándolas a condiciones indignas de vida.
Numerosas organizaciones no gubernamentales vienen haciendo pública la realidad de miles de personas que se encuentran en esta situación. La organización Consejerías de Vivienda, que realizan el acompañamiento de Magalí, viene denunciando la grave situación por la que atraviesan muchas mujeres y familias en la Ciudad, donde los subsidios habitacionales no alcanzan a cubrir una habitación para todo el grupo familiar, que puede costar hasta 18.000 pesos y donde solo queda la judicialización a través de un Amparo, que es “el parche del parche”.
Asimismo, manifiestan que el Gobierno de la Ciudad le ha concedido exenciones a hoteles que no cumplen con las condiciones de seguridad requeridas para este tipo de alojamientos o que, directamente han sido clausurados. A su vez, expresan que, el ingreso al alquiler de un departamento puede costar alrededor de 30.000, que junto con los requisitos solicitados, resulta inaccesible para la mayoría de las personas en condición de vulnerabilidad social.
Desde dicha organización afirman “denunciamos que el estado avale, más aun en este contexto, los desalojos negando el derecho a la vivienda digna sólo para favorecer a los negocios inmobiliarios”.
Esta orientación salvaje en las políticas de los Estados, se hace inadmisible en una Ciudad con más del 9,2% de las viviendas vacías y donde entre los años 2005 y 2018, se han construido más de 195 mil viviendas, de las cuales el 50% son suntuosas y lujosas, según la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña.
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El negocio inmobiliario demuestra la brutalidad de las políticas públicas en cuestiones de vivienda. El gobierno de Rodríguez Larreta viene fomentando leyes que favorecen las construcciones con fines especulativos y de intereses inmobiliarios para las ganancias de unos pocos. Mientras no tener un techo donde vivir es una realidad de muchas familias, el aumento de los precios para alimentarse, el costo de los servicios, las tarifas del transporte son más elementos que precisan respuestas reales y no promesas de campañas ante los sectores más vulnerables.
