Las trabajadoras de los servicios de Protección a la Infancia (CAI´s) del Ayuntamiento de Madrid no pueden más. El Ayuntamiento tiene una subcontrata del servicio con Grupo5, una empresa de las muchas que vienen haciendo negocio con los servicios públicos, que ahora es propiedad de CCFIV G5 HOLDING SL, un fondo buitre, que tras explotar el servicio ha degradado las condiciones del mismo, tanto para los menores y sus familias, como para las trabajadoras.
Irene Ruiz @IreneYpunto
Miércoles 6 de julio de 2022
Estibaliz Carrascosa, presidenta del Comité de Empresa y trabajadora de los CAI declaraba:
“Ahora mismo tenemos que trabajar dos días a la semana por las tardes, hasta las 20:00 lo que hace una jornada de once horas.”
No se “flexibiliza” para que las trabajadoras no tengan que hacer esas jornadas. La “flexibilidad” es para entrar antes, pero no a la hora de salir. Estos horarios obligan a muchas trabajadoras a pedir una reducción de jornada para compatibilizar su vida familiar. “Incluso con la mínima reducción, el salario ya se queda a la altura del salario mínimo interprofesional, como pasa en todos los sectores feminizados, tenemos unas condiciones precarias” explica Carrascosa.
La precariedad de la plantilla hace que haya mucha movilidad de personal y eso resulta nefasto para la intervención a largo plazo con los menores y sus familias. “Cuesta mucho encontrar a gente con la formación y que quiera cobrar tan poco”, la rotación tan alta no solo afecta a los trabajadores, sino que afecta a los usuarios: “La falta de vínculo es terrible. Una misma familia ha pasado por cuatro técnicos en año y medio. Es muy doloroso para un menor que vive una situación traumática no conocer a quien tiene delante”.
Desde Comisiones Obreras declaran que “Antes Grupo 5 era una empresa independiente. En 2018 es comprada por Corpfin Capital y la cosa empieza a ir peor”. Relatan que, con la empresa anterior, las condiciones de las trabajadoras eran mejores, tenían un salario por encima del convenio, y algunas conservan esa mejora, pero la mayoría entraron después y tienen el sueldo mínimo. Esto hace que se dé la elevada movilidad del personal que mencionaba Carrascosa, y con ello el deterioro del servicio municipal.
Estos servicios, que se crearon hace 30 años eran de titularidad y gestión pública al 100%, en la actualidad solo continúan así los tres primeros centros de los doce que hay, pero del CAI 4 en adelante, se fue cediendo su gestión a empresas privadas y a asociaciones, y ahora como también pasa en otros servicios sociales públicos, como residencias de ancianos, centros de discapacidad, etc hacen hoy un negocio millonario los fondos buitres.
Las trabajadoras, que forman equipos multidisciplinares integrados por psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales, y actúan en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y en el Programa de Atención a la Infancia en el Entorno Familiar del Ayuntamiento de Madrid, tras dos años de paros parciales se han plantado anunciando que irán a la huelga indefinida a partir del 8 de julio.
“Hemos decidido esto porque la empresa, en ningún momento, ha querido negociar. En las mediaciones previas obligatorias se presentaba solo el abogado de Grupo 5”.
Desde el Ayuntamiento, el PSOE junto a Más Madrid, con la colaboración de CCOO incluyeron un punto en el sistema público de servicios sociales contra las diferencias en las condiciones laborales entre los trabajadores públicos y los aquellos que ejercen su trabajo desde las empresas en los servicios que han sido externalizados. “Queremos que sean iguales”, dice Emilia Martínez Garrido, concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid y vicepresidenta de la Comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que opina que la solución a esta situación pasa por “hacer pliegos más concisos y vigilar muy estrechamente el cumplimiento de estos”.
El PSOE y sus representantes, así como el socio de éste, Mas Madrid, ni tampoco CCOO, hablan en ningún caso de la remunicipalización como apuesta que frene la especulación y las políticas de la derecha y la extrema derecha por unos servicios públicos de calidad en la ciudad, pero es que además parecen olvidar que fue el propio PSOE quien abrió en muchos casos, con sus políticas la puerta a esas externalizaciones de servicios públicos y la degradación de los mismos tanto para sus trabajadores como para quienes tienen que acudir a los mismos.
Las externalizaciones, las apruebe quien las apruebe, no esconden más que privatizaciones encubiertas de servicios, que sirven para convertir en un negocio lo que es un derecho social que financiamos con los impuestos y el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras, para la mejora de la sociedad. Los fondos buitre, ni las empresas en general, tienen ninguna intención de ofrecer un buen servicio ni buenas condiciones laborales, sino llevarse la concesión y sacarle el máximo rendimiento económico a costa del sufrimiento de las personas que necesitan los servicios, en este caso menores y familias, y la precariedad de las plantillas.
El primer paso es dejar de confiar en que, quienes son algunos de los principales responsables de las privatizaciones de servicios públicos en todo el estado español, como el PSOE, vayan a ser quienes reviertan esta situación, y hacer como estas trabajadoras que cansadas de excusas pasan a la acción. Es necesario organizarse en cada centro de trabajo y plantarse ante los abusos laborales y las condiciones que degradan el servicio y las profesiones que se ejercen en el ámbito de los servicios sociales públicos y privados. Desde Izquierda Diario permaneceremos atentes a la lucha de estas trabajadoras a las que saludamos y esperamos que se extienda su ejemplo.
Irene Ruiz
Burgos
