Santa Fe. Las aceiteras producen sin considerar las necesidades populares, mientras el dueño de Vicentin anda en yate

Tras el anuncio de la cuarentena nacional, las patronales aceiteras decidieron mantener abiertas sus fábricas pese a que su producción no se utiliza para alimentar a los habitantes de nuestro país sino para la exportación. Sus decisiones, como siempre, favorables a sus ganancias a costa de la salud de los trabajadores. Se amparan en el inciso 15 del decreto nacional donde se protege a “actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior”. El gobierno de Alberto Fernandez propone que continúen abiertas porque necesita dólares para el pago de la deuda.

En empresas como Bunge, Cofco, Renova y Cargill las patronales mantienen la producción, en la mayoría de los casos sin respetar las medidas de seguridad necesarias. En medio de la crisis sanitaria donde millones de trabajadores precarios son obligados a quedarse en sus casas sin garantizar un salario, las grandes aceiteras siguen haciendo negocios especulando con la vida de los trabajadores sólo para seguir acumulando ganancias.

Frente a la ausencia de controles sanitarios, la comuna de Timbúes decretó que clausuraba los puertos hasta el 2 de abril. Allí poseen empresas Cofco, Dreyfus, Renova, AGD y ACA. Pero según los trabajadores aceiteros, el funcionamiento por ahora continúa normal: “No le dieron importancia al decreto municipal y siguen laburando. Ahora el tránsito de camiones se normalizó. No paran de llegar barcazas. Además hicieron pasar las plantas como alimenticias para no tener problemas. Las plantas de aceite de soja no son para consumo humano así que no deberían funcionar”, denunció un operario de Cofco Timbúes ya que producen para biocombustible y glicerina para la exportación. “Actividad esencial para la población de la república Argentina’, dicen. Me hacen reír en 10 idiomas. Hacemos harina y aceite de soja, lecitina y pellet. Todo para exportación, no se consume en Argentina. Después embarcan maíz y algunos granos más”, denunció a este medio otro trabajador. Aceiteros de San Lorenzo conducido por Pablo Reguera es cómplice de esta situación pidiendo que la producción continúe sin velar por la salud de los trabajadores.

En Renova, la producción bajó pero “sigue funcionando una línea y la otra con carga mínima, toda producción para exportación. Inclusive la semilla que no se procesa. O sea trigo cebada y maíz.” En la planta de Cargill Villa Gobernador Gálvez la producción y el embarque para exportación continúa con normalidad: “en el puerto sigue todo normal.” Es necesario que Aceiteros Rosario y la Federación convoquen a asambleas para que los trabajadores decidan si quieren producir o no.

Es esta la situación de las empresas que ganaron en estos años más que ninguna. Su actividad incluye el ingreso de barcos del exterior de países como China con vulnerables controles sanitarios. Sus trabajadores tienen que tener derecho a decidir cómo resguardar su salud y deben respetarse las condiciones de cuarentena si así lo resuelven. En caso de producir, deben ponerse en pie Comisiones de Seguridad e Higiene elegidas por completo por sus trabajadores y las fábricas ser declaradas de "utilidad pública" para que la producción se destine para alimentar a los millones amenazados por el hambre y la miseria. Los patrones no tienen derecho a exponer a los trabajadores en contra de su voluntad para seguir acumulando ganancias extorsionándolos con los puestos de trabajo. La salud y la vida de los trabajadores primero.

Expropiación inmediata de Vicentín bajo control obrero

Las patronales aceiteras se manejan cual “patrón de estancia”. Vicentín aprovechó para dejar en stand by el anuncio por el cual se comprometía a reactivar la producción. Desde hace más de 3 meses mantiene suspendidos a sus trabajadores y en la semana licenció nuevamente a casi todo su personal sin dar garantías de continuidad laboral. Mientras los trabajadores llevan meses con deudas y sin una perspectiva clara para su futuro, su dueño decidió salir a pasear en su yate privado violando la cuarentena. Una muestra de impunidad con la que se manejan los empresarios.

Te puede interesar: Su cuarentena y la nuestra: Vicentin, Champagne y el subsuelo social

Vicentin viene de estafar al Banco Nación con una deuda de 1350 millones de dólares otorgada bajo el macrismo. Hoy se encuentra bajo “concurso de acreedores”. Esto significa que le pueden permitir pagar menos y en cuotas. Hace algunas semanas, previo a la crisis del Covid-19 se comprometió a devolver los puestos de trabajo. Ahora, aprovechando la crisis nacional, posterga el pago de aumentos de acuerdo al convenio y la garantía de la continuidad laboral a sus trabajadores.

Te puede interesar: Enfrentar la estafa de Vicentín para defender los puestos de trabajo

Frente a esto, Octavio Crivaro referente del Frente de Izquierda Unidad planteó: “es cuestión de atacar la riqueza, los intereses, la impunidad de una clase de grandes empresarios para la que la especulación es una forma de vida.”

El PTS en el Frente de Izquierda Unidad viene planteando la necesidad de nacionalización bajo control de sus trabajadores. Hoy más que nunca es necesario utilizar esta producción para garantizar aceite y harina a las grandes mayorías garantizando todas las medidas de seguridad para sus trabajadores. Sus trabajadores tienen que tener derecho a mantener la cuarentena (con salario garantizado al 100%) si así lo resuelven. El Estado debe incorporar a los desocupados voluntarios, despedidos de Cargill y otras empresas que consideren los trabajadores para poder ampliar la producción bajo condiciones saludables. Es necesario además en todas las fábricas que se encuentren en funcionamiento, poner en pie Comités de Seguridad e Higiene votados por sus trabajadores que controlen el cumplimiento de las medidas de seguridad. Avanzar en esta perspectiva significa priorizar la vida del pueblo trabajador y las condiciones de trabajo y salud de los aceiteros, no la ganancia de los empresarios y especuladores.