Viernes 17 de julio de 2015
Las barricadas pobres bajo fuego // EFE
Fotografía: EFE
Desde este lunes en la madrugada comenzó lo que se dio a conocer como “Operación para la liberación del pueblo”. Un operativo policial militar en las barriadas pobres de Caracas y otros puntos del país que amanecieron bajo un intenso fuego de guerra. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) y demás fuerzas represivas del Estado, realizaron un amplio despliegue de guerra sitiando barrios pobres en el mayor operativo “para liberar al pueblo de las bandas criminales” de acuerdo al gobierno.
Se oculta el origen de la inseguridad
Los operativos mostraron un reforzado aparato militar que ha venido respondiendo a la lógica de un gran movimiento reaccionario del que se han hecho eco todos los partidos políticos patronales pidiendo por una “seguridad”, que implica la penalización de la miseria, pues es hacia las mayorías pobres hacia donde dirigen sus miradas y sobre quienes terminan por imponer un verdadero control social a través del sistema represivo del Estado. Esto fue lo que claramente se está viendo desde este lunes y ha continuado durante toda la semana. Más policías y mayor control social. El bombardeo es tan grande que convencen a sectores del pueblo de que realmente esta es la salida, donde los pedidos por mayor seguridad tiñen de manera reaccionaria el clima social recayendo sobre los más desfavorecidos.
Así ocultan el verdadero origen de la inseguridad: la enorme desigualdad social y la miseria generada por este sistema capitalista de explotación. Es este sistema putrefacto, de grosera concentración de las riquezas en un polo ultra minoritario de la población y grandes necesidades en el otro extremo, el causante del robo y el “delito” en los sectores más pobres, que son empujados cada vez más a la miseria.
Por eso es una completa hipocresía la condena de las clases dominantes a una criminalidad que se encuentra enraizada en lo más profundo de este régimen social, basado en el robo “legal” del trabajo ajeno por parte de los capitalistas, y que persistirá inevitablemente mientras éste no sea suprimido. Los partidos de la derecha siempre empiezan culpando a los pobres por las aberraciones que este sistema social de explotación genera, y el gobierno de Maduro que tanto se llena la boca en defensa de los pobres y de “socialismo” se hace eco respondiendo con el mismo programa represivo de esta derecha, tal como lo estamos viendo con la operación militar que ha comenzado esta semana.
Quien se pudo detener en todas las fotografías mostradas de los rendidos, de los muertos, eran imágenes de jóvenes pobres, negros, morenos. Se transmite la de “un joven pobre, violento, armado y peligroso, prácticamente salvaje, al que hay que vencer para recuperar o establecer la paz y seguridad de todos”, como se escribe en un reciente artículo titulado “Combate a la delincuencia como lucha de clases”, en “una guerra en la que el enemigo se compone sólo de jóvenes pobres y violentos”,donde la delincuencia se limita a ellos. Es que desde los altos poderes jamás van a confesar que están en guerra contra los pobres que genera este sistema de explotación capitalista. Todos los voceros oficiales declararon al unísono de que se trata de “contrarrestar la violencia y el delito por parte de grupos irregulares radicados en el país, en su mayoría de nacionalidad colombiana, del paramilitarismo colombiano”, para exonerar de responsabilidad a un sistema que arroja cada vez más pobres a las calles y a las cárceles y que condena cada vez más gente a la desesperanza y la desesperación.
El “éxito” se mide en el número de muertos y heridos
En uno de los sectores del ataque, conocido como Cota 905 (un corredor vial rodeado de barrios pobres), según las declaraciones del ministro del interior, ese lunes “los delincuentes respondieron con fiereza ante la incursión de los efectivos policiales”, que tuvo como “saldo 14 muertos, un herido y 134 detenidos”. Como cualquier guerra tradicional miden el “éxito” por el número de muertos, heridos, encarcelados, armas recuperadas, etc. Lo que llama la atención es la desproporción entre muertos y heridos, al mismo tiempo que no haya un solo policía herido.
Extraño saldo de guerra, para cualquier que sabe los desenlaces militares sobre todo de infantería y casa por casa. Y peor aún, de este combate, y con tantos caídos y detenidos, solo se recuperan “dos armas largas, dos granadas fragmentarias y 12 armas cortas”. Las sospechas de ejecuciones sumarios rápidamente saltaron a la vista. El organismo de derechos humanos, Provea, en un boletín de prensa del lunes señala que “las características del operativo realizado sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de la fuerza pública… El “Operativo de Protección y Liberación del Pueblo” abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales, que sólo en 2014 cobraron la vida de 189 personas, la mayoría de ellas a manos de cuerpos de seguridad de ámbito nacional como el CICPC y la PNB”.
La pretensión de combatir el crimen fortaleciendo las fuerzas represivas, no hace más que alimentar el asesinato vil llevado a cabo por los órganos policiales y las propias mafias policiales que son las principales fuentes de delito en el país. Los delitos de mayor gravedad como los que se califican “delincuencia organizada” que participa en robos, secuestros, extorsiones, estafas y fraudes, venta y tráfico de estupefacientes y por supuesto homicidios están, sino encabezados muy bien protegidos por policías de toda índole y calaña. Recordemos que hace varios años, la propia Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, sostenía que “Es común oír, por ejemplo, que los autores de los delitos graves como secuestro, extorsión, robo, narcotráfico, son miembros de algún cuerpo policial, hechos que lamentablemente constituyen una realidad”. Los últimos datos disponibles, reconocidos oficialmente, indican que el 20% de los crímenes son cometidos por los policías, sobre todo los que comportan más violencia, como los homicidios y secuestros. Otro dato significativo en este sentido, tiene que ver con la conclusión a la que llegara la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional al reconocer que “bandas enquistadas en los cuerpos de seguridad del Estado, dirigidas por funcionarios de alto nivel, están detrás de la ola de secuestros que sacude el país”. Todos estos datos, en vez de disminuir, han empeorado.
Basta de criminalizar a los pobres
Los trabajadores debemos luchar para terminar con el aspecto más antidemocrático de este régimen político y social, el monopolio de la violencia en manos del Estado de los explotadores, y luchar por la disolución de los cuerpos policiales, la guardia nacional junto a todas las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, que incrementan la coerción ante el avance de la pobreza y la descomposición social.
Lejos de pretender reforzar esos organismos represivos, reformar o "depurar" esas verdaderas “asociaciones ilícitas” hay que disolverlas, para ser reemplazados por comités de defensa compuesta por trabajadores, campesinos, con participación en su dirección de integrantes de organismos de derechos humanos y víctimas de la represión policial e institucional, medida elemental esta, que no es más que una medida de autodefensa irrenunciable para enfrentar la violencia de los capitalistas.¿Quién mejor que las mismas organizaciones comunitarias y obreras para garantizar su seguridad? ¿Acaso están más interesados los patrones o alcaldes en mantener la seguridad que los propios trabajadores y habitantes en sus lugares de trabajo y vivienda? La burguesía y sus burócratas siempre nos inculcan que estamos más seguros mientras mejor armadas están sus instituciones policiales. ¡Todo lo contrario, más seguros estaremos los del pueblo trabajador en la medida en que nosotros mismos tengamos los medios reales para defendernos y organizar la vida en la comunidad y lugares de trabajo! Por eso mismo, del seno de las organizaciones comunitarias y obreras pueden y deben elegirse democráticamente las personas que cumplan estas tareas en el barrio, en los lugares de trabajo y en las calles de la ciudad.
