Los gobiernos locales y central se niegan a tomar las medidas de refuerzo del sistema sanitario que exigen sus trabajadores. La segunda ola puede ser un nuevo crimen social responsabilidad directa de las autoridades.
Jueves 16 de julio de 2020 20:29
Los profesionales sanitarios llevan semanas advirtiendo y denunciándolo en sus concentraciones semanales. Los gobiernos regionales en plena pandemia han sacado las tijeras de podar para adelgazar nuevamente las plantillas de una sanidad pública extenuada y se han seguido negando a reforzar los recursos para prepararse ante el rebrote.
De la misma manera que sindicatos y organizaciones que trabajan con personas migrantes venían advirtiendo que las conocidas condiciones de explotación y precariedad laboral y habitacional que padecen los jornaleros agrícolas iban a suponer un riesgo sanitario también. Los gobiernos regionales y el ministerio de Trabajo miraron para otro lado, el negocio de la patronal agraria está por encima de la salud pública.
Esta vez ni Ayuso en Madrid, ni Torra en Cataluña, ni el aragonés Lambán, podrán alegar que la segunda ola los tomó desprevenidos. Tampoco el Presidente Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, que siguen sin implementar un plan urgente de refinanciación del sistema público de salud acorde con las necesidades o tomando medidas contra las patronales que someten a riesgos altísimos a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.
No cuenta aquello de que no se podía hacer otra cosa o que es muy fácil criticar a “toro pasado”. ¿Qué pasará cuando a los sintomáticos compatibles con covid se le sumen las enfermedades del otoño? ¿cuando abran los centros educativos y todo menor con fiebre tenga que ser atendido para realizarle una PCR? ¿También lo presentarán como hechos sobrevenidos? El nuevo colapso es solo cuestión de tiempo.
De los despidos del refuerzo covid a la falta de rastreadores
Durante las últimas semanas de mayo y la primera quincena de junio los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Generalitat del Cataluña, dos de las regiones donde el colapso sanitario y la mortalidad por covid-19 llegaron más lejos, comenzaron a despedir lo que se conoció como “refuerzo covid”.
Eran centenares de trabajadores sanitarios y personal auxiliar esencial que había entrado en las peores semanas de abril con contratos temporales y que acababan en la calle aprovechando que aún se encontraban en periodo de prueba.
Ocurría dejando a un sistema y un personal agotado física y psicológicamente. El verano, aún sin rebrotes, iba a ser duro por toda la carga asistencial acumulada en los tres meses en que la mayor parte de los recursos se tuvieron que dedicar a la atención de la pandemia. Pero a esto se le añade ahora que las previsiones que muchos hacían para octubre se están adelantando a julio.
Los trabajadores sanitarios de centros de salud y ambulatorios de Zaragoza, Hospitalet de Llobregat o Barcelona, denuncian que están saturados. Muchos realizan entre 40 y 50 llamadas diarias, entre la atención ordinaria, la de pacientes en cuarentena y el rastreo de contactos
El vaciamiento de la sanidad pública en la última década ronda el 10% de reducción presupuestaria. Unas cifras que se incrementan en la atención primaria. Solo en Cataluña el recorte en este nivel fundamental ahora para la detección y rastreo de nuevos casos llega al 24% según Amnistía Internacional.
Los recortes llevados adelante por los diferentes gobiernos regionales explican parte del crimen social que hemos visto en la primavera y que ha dejado 30 mil muertos oficiales y caso 50 mil si atendemos a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.
Los recortes llevados adelante en las últimas semanas y la negativa a contratar los centenares de rastreadores que se necesitan explican el rebrote, la rapidez en que parece estar abriéndose una segunda ola y el posible nuevo crimen social que puede desatarse en otoño o quizá antes.
Son 140 rastreadores para la Comunidad de Madrid y 165 para Cataluña. Cifras que están 10 veces por debajo que lo que piden los profesionales sanitarios y epidemiólogos. Por si fuera poco el Gobierno catalán decidió dejar esta labor esencial en manos de Ferrovial. Ni en estas circustancias desaprovechan la ocasión para favorecer negocios a las grandes contratistas.
