PRESUPUESTOS ESTADO ESPAÑOL 2017. Las claves de unas cuentas que merecen una huelga general

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Finalmente el gobierno de Rajoy ha conseguido aprobar esta semana los primeros Presupuestos Generales del Estado de esta legislatura. Unas cuentas que mantienen en lo esencial la política de austeridad inaugurada por Zapatero en junio de 2010: el pago de la deuda, los subsidios a las empresas, mínimos históricos en la financiación de educación, sanidad y servicios sociales y un refuerzo de la deflación salarial que ya ha logrado reducciones del 26% del poder de compra de los salarios más bajos desde que comenzó la crisis.

Estos son los principales ingredientes de la cacareada recuperación económica de Rajoy. Viéndolos se explica fácil que a pesar de haber crecido por encima del 2% los dos últimos años y se prevea una tasa cercana al 3% para 2017, otras cifras evidencien el mantenimiento de una profunda crisis social: desempleo del 18,4%, que el 45% de los parados ya no cobren ninguna prestación o que en 2016 la cifra de desahucios se mantuviera por encima de los 60.000 al año, es decir 165 al día.

La cuentas públicas, apoyadas por el PP, Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, vienen a abonar esta vía de salida de la crisis para los grandes capitalistas sobre los hombros de la clase trabajadora y las clases populares. Vayamos a las cifras.

Una apuesta decidida por la deflación salarial

Una de las principales partidas, dotada con 4.000 millones, es la dedicada a las pensiones. La cifra es a todas luces una mínima parte de lo que el Estado gasta en esta cuestión, ya que el grueso viene de las cotizaciones a la Seguridad Social -unos 130.000 millones al año- o de su Fondo de Reseva -que ha bajado de 65.000 a 15.000 millones desde 2011-. Sin embargo lo importante es que los PGE repiten la ridícula subida del 0.25% aplicada en enero y que deja la mínima en 637,7 euros al mes. Una pensión de miseria que sigue perdiendo poder adquisitivo por tercer año consecutivo. Los trabajadores públicos no salen mucho mejor parados. La subida salarial será del 1%, con lo que al acabar el año serán al menos un 2% más pobres. Decimos al menos, porque el IPC previsto para 2017 es del 3%, pero no pondera como debiera, entre otras cosas, el aumento de los precios del alquiler que se está sufriendo en las principales capitales.

Mantenimiento de los recortes en educación, sanidad y servicios sociales

Las partidas destinadas a educación y sanidad son también mínimas. El grueso va a cargo de las comunidades autónomas, a las cuales se les obliga a cumplir el mismo techo de gasto que en 2016: 118.337 millones. Todo una advertencia de que los recortes impuestos en los últimos años deben mantenerse. Algo que por otra parte todos los gobiernos autonómicos, tanto del PP, del PSOE -que está aprobando sus cuentas con el apoyo de Podemos en varias regiones, como Aragón-, el PNV, CC o JxSí, están cumpliendo sin rechistar. Dentro de lo que compete al gobierno central vemos que la política de recortes se mantiene casi intacta, como es el tema de las becas, a las que se destinarán 1.523 millones, un 20% menos que en 2010.

El apartado que más interfiere directamente en esta materia es el de contratación de personal. Aquí el PP ha sabido vender la moto con su anuncio de 67.000 plazas públicas. Pareciera que se comienza a recuperar parte de los profesores, médicos y demás trabajadores públicos despedidos desde 2010. Sin embargo se trata de plazas que vienen a cubrir puestos ya existentes en la figura de interinos o contratados, pero que en ningún caso supondrá una reversión del desmantelamiento vivido, los cierres de aulas, plantas hospitalarias y servicios.

Otro tema importante que se regula desde los PGE es la partida destinada al desempleo. En 2017 será de 18.318 millones, frente a los 19.000 del 2017. Una cifra que constata que la tendencia al aumento del porcentaje de parados sin prestación seguirá operando en los próximos meses.

Las políticas contra la violencia machista suben menos que lo que se lleva la Casa Real

Una mención aparte merece la partida destinada a la lucha contra la violencia machista. A pesar de que los feminicidios y la violencia contra las mujeres siguen incrementándose en el Estado español, la dotación final para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género será de tan solo 31,7 millones. El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2017 para la lucha contra la violencia machista será finalmente de 6,5 millones de euros -inicialmente eran 2,5 millones-, una partida inferior a los 7,82 millones que se lleva la Casa Real para el mantenimiento de Felipe VI y el resto de Borbones a su cargo.

Con una cifras así para todo el Estado la dotación de viviendas o residencias para mujeres maltratadas y sus hijos, ayudas económicas, programas de formación... va seguir siendo un inalcanzable mientras siguen muriendo decenas de mujeres asesinadas cada año. Eso sí, al Rey y las infantas no les faltará de nada, tampoco al Emérito que sigue “viviendo la vida loca” desde que colgó la corona a costa de los PGE y de su fortuna personal amasada tras 30 años en el trono.

La deuda, empresas y armamentos: las grandes beneficiarias

El pago de la deuda a la banca y acreedores internacionales arranca una mordida de 32.171 millones. Una cantidad que supera a sanidad, educación, cultura y servicios sociales juntos.

Las partidas destinadas a ayudas a las grandes empresas son diversas, aunque la principal es la que incluye las subvenciones a los proyectos de investigación y desarrollo que sube hasta los 6.500 millones. Todo esto sin contar que en 2017 no surja otro “capitalista en apuros”, como las concesionarias de autopistas recientemente rescatadas por 5.500 millones. Para ellos nunca ha habido austeridad.

En las cuentas para este año destaca por último el riego de millones a la industria armamentística. Ella se lleva el grueso de los 7.635 millones destinados. A pesar de que supone un aumento del 32% respecto a 2017, lo cierto es que el aumento real es solo del 0,6%. La diferencia es que hasta ahora estos pagos se hacían por fuera de los PGE, por medio de créditos. La patronal de don Pedro Morenés siempre ha estado bien atendida por los gobiernos del PP y el PSOE.

Combatir al PP y sus PGE ¿Con leal oposición parlamentaria o con la movilización social?

Los PGE son la principal herramienta de política económica de cualquier gobierno. La debilidad parlamentaria del PP los ha atrasado bastante y está provocando que hasta ahora Rajoy no haya podido sacar adelante algunas de las contra-reformas que guarda en la recámara. Sin embargo los 176 votos conseguidos los está tratando de amarrar y engrasar nada menos que con compromisos financieros hasta 2019 de más de 11.000 millones con los partidos vascos y canarios, descontando que el fiel de Rivera seguirá actuándo de muleta. Si el diputado de Nueva Canarias, el más inestable de los 176, les diera la espalda, siempre se podría contar con los catalanes del PDCat, como ocurrió con la aprobación del decreto de la estiba.

Con esto queda claro que la ofensiva contra los trabajadores y sectores populares se mantiene y puede recobrar nuevos bríos. Los mismos PGE son parte de esto. Por lo tanto es necesario articular una respuesta contundente desde las calles y los centros de trabajo si se quiere parar los pies a Rajoy y comenzar a revertir todo lo perdido desde el arranque de la crisis.

La oposición parlamentaria parece ser la única vía imaginada y posible para el PSOE y también Unidos Podemos. Pedro Sánchez, el del “no es no”, una vez ganadas las primarias parece haber perdido grados de fiebre. Vuelve a ser un hombre de Estado, dispuesto a llevar adelante su oposición tranquila y leal, haciendo piña con Rajoy en aquellos temas centrales para el Régimen del 78, como Catalunya. El hecho de que el PP haya logrado socios le ponen además las cosas fáciles para poder votar no a sus medidas económicas sin que ello tenga ninguna consecuencia.

Desde Unidos Podemos parece que se asume esta misma estrategia de esperar a 2020, aunque con algunos decibelios más. Discursos más encendidos, denuncias públicas y hasta una moción de censura de fogueo para el 13 de junio. Pero de plantearse un plan de lucha para conseguir tumbar el gobierno de Rajoy mediante la movilización y abrir un horizonte de cambio real, un verdadero proceso constituyente sobre la ruina de esta democracia para ricos, ni palabra.

Entre un bloque y otro del arco izquierdo de las Cortes encontramos la posición de la burocracia sindical de CCOO y UGT. Sus críticas al gobierno y a los PGE han sido tan tenues que cuesta encontrarlas en la hemeroteca. De hecho han ayudado a que éste pueda vender la cara “social” de los mismos saludando acríticamente medidas como la convocatoria pública de empleo, sin decir ni una palabra de que no mejora la tasa de reposición, no se recuperan los puestos de trabajo destruidos y que sigue habiéndo decenas de miles de empleados públicos en la más absoluta precariedad e inestabilidad. Por su puesto de movilizar contra estas cuentas y la tanda de ataques en pensiones y mercado laboral que se están ya anunciando ni palabra. Con estos “combativos” sindicalistas no es de extrañar que Rajoy haya aprovechado un acto de UGT para agradecer "el esfuerzo de todos para aprobar los presupuestos".

El pasado 27M en Madrid varias decenas de miles de personas participamos de las Marchas de la Dignidad. Una gran parte de la izquierda sindical, social y política tomamos las calles con la idea de recuperar la senda de la movilización social para derrotar al gobierno del PP, el Régimen del 78 y sus agentes y que no nos vendan humo con falsas promesas y proyectos de “cambio” que poco han cambiado. Dos años de ayuntamientos del cambio ya muestran como la vía electoral y de integración en las instituciones del 78 no resuelven los grandes problemas sociales ni las demandas democráticas pendientes.

Es por eso que es clave que la izquierda que se reivindica anticapitalista, el sindicalismo combativo y el activismo social crítico con el nuevo reformismo peleemos por el fin de la paz social. Que denunciemos públicamente la política de las direcciones de CCOO y UGT y exijamos la convocatoria de una huelga general y un plan de lucha contra el gobierno de Rajoy, sus PGE y las políticas aplicadas por el PP, el PSOE y los partidos nacionalistas. Una exigencia que debe ser extensiva a Podemos e IU, que se llenan la boca de “combatir al PP”, pero se niegan a tomar ninguna medida más allá de las paredes de unas Cortes totalmente controladas por los grandes partidos del régimen.