BALANCE AÑO. Las claves políticas de 2021 para encarar desde abajo un 2022 nada halagüeño

El año en que la vacuna nos “salvaba” y la irracionalidad capitalista nos volvía a “condenar”

La campaña de vacunación masiva llevada adelante en estos 12 meses ha llegado a suministrar la doble dosis al 80% de la población en el Estado español. El gobierno central ha hecho de esta su gran bandera de éxito en la “guerra contra el virus”. A pesar de que 2021 ha sido el año más mortífero de la pandemia, con la ola del invierno y en menor medida la estival, todo apuntaba a que se acababa el año con un retorno a una relativa normalización de las actividades e interacciones sociales.

Sin embargo, casi en el tiempo de descuento llegó Ómicron. Una nueva variante “patrocinada” por los gobiernos imperialistas, incluido el del PSOE y Unidas Podemos. Fueron los países de la UE junto a EEUU y Japón los que en otoño de 2020, cuando estaban a punto de salir las vacunas, se opusieron en la OMC a la demanda de India, Sudáfrica y otros 100 países en vías de desarrollo de liberación de las patentes. Sin ella la vacunación se convirtió en algo marginal para tres cuartas partes del planeta, generó centenares de miles de muertes evitables y propició la aparición de las nuevas variantes que han hecho estragos. Delta primero desde la India y ahora Ómicron desde Sudáfrica.

Acabamos 2021 a lomos de la sexta ola, con un colapso en la atención primaria y el sistema de testeo que recuerdan a la primera y con el anuncio de un nuevo colapso hospitalario para el arranque de año. A 20 meses del inicio de la pandemia ni el gobierno central ni los autonómicos han reforzado la sanidad, se han despedido en otoño a 60 mil sanitarios, desmantelado los equipos de rastreadores... y lo único que se ofrece ahora son medidas coercitivas e inútiles como las mascarillas en exteriores, toques de queda como el catalán o movilizar al Ejército para que rastreen aunque no hay ni posibilidad de hacer test a los contactos.

La pandemia muy probablemente seguirá marcando el año entrante, con todas las otras crisis económicas, sociales y de salud que concatena. Las movilizaciones de las y los trabajadores de la sanidad, que hemos visto también este año, así como la pelea contra los gobiernos imperialistas para que se liberen las patentes, serán fundamentales para poder ponerle efectivamente un punto final.

Una recuperación que no ha llegado a millones de trabajadores y trabajadoras

El otro gran éxito vendido por el gobierno “progresista” ha sido la recuperación económica. Ésta se estima que cierre el año con un crecimiento del 4,5% del PIB, 1,8 puntos menos de las previsiones. Pero este efecto rebote que es común a los países del entorno venía de la caída histórica del 10,8%. Los índices previos a la pandemia no se espera que se recuperen hasta ya 2023.

Pero el elemento más perverso de esta recuperación es sin duda que se está llevando adelante a cosa de una caída de los salarios con pocos precedentes. La inflación desbocada de los últimos meses, que va a cerrar el año en torno al 6%, no se veía desde 1992. El coste real de la vida se ha disparado mucho más allá de este índice. La factura de la luz es hoy un 98% más cara, el gas un 12%, el butano un 33%, los combustibles un 30% y en la cesta de la compra hemos visto como el aceite se encarecía un 25%, la carne un 15% o la pasta un 10%.

Los salarios siguen bloqueados por la patronal en cientos de negociaciones de convenio y tablas, con el apoyo del gobierno que ha congelado en un 2% el aumento de las retribuciones de las y los trabajadores públicos y los pensionistas. Además de que el grueso de las contrarreformas laborales de la década anterior, las de Zapatero y Rajoy, sigue intacto, y las negociaciones de la nueva reforma laboral apuntan a que gran parte de los ataques – como el despido barato, los EREs sin control administrativo o las clausulas de descuelgue – seguirán vigentes.

La pelea por el salario, contra los despidos y rebajas de condiciones que las empresas intenten imponer, que si la crisis sanitaria se extiende en el tiempo pueden ser otra ola devastadora, seguirá ganado fuerza. Una lucha que, como hemos visto en Cádiz y otras luchas obreras recientes, tendrá que ser también contra la burocracia sindical de CCOO y UGT que actúan de bomberos sociales a favor del gobierno y por el desarrollo de la autoorganización para poder superarlas.

Un año de luchas que empezaron a cuestionar la “pax pandémica”

Podemos decir que 2021 ha sido también el año en que se empezó a desquebrajar la férrea paz social, casi parálisis, que se vivió desde los meses más duros de la pandemia. No es que en 2020 no pasara nada, de hecho tras el primer confinamiento vimos a muchas de las trabajadoras de primera línea, empezando por las sanitarias, movilizarse en puertas de hospitales y centros de salud exigiendo un refuerzo del sistema que no ha llegado. También a trabajadores como los de Nissan y las subcontratas movilizándose contra el cierre de la empresa. Pero estas primeras chispas se han seguido extendiendo durante 2021, aunque aún queda para que arda la pradera.

La juventud fue uno de los sectores protagonistas de muchas de estas luchas. La vimos peleando contra el encarcelamiento de Hasel, sobre todo en las calles catalanas. Dos semanas de manifestaciones y disturbios que decían muchos de aquellos jóvenes no era “solo por Hasel”, sino por las perspectivas de paro, precariedad y la criminalización sufrida por toda una generación en la que la desconfianza y bajas expectativas en el “progresismo” gubernamental, incluido Podemos, o el procesismo catalánse van extendiendo. Volvió a salir en masa contra el asesinato homofóbico de Samuel, denunciando también la represión del gobierno progresista, y más recientemente en facultades e institutos la hemos visto organizarse e ir a la huelga en Catalunya para protestar contra la reforma universitaria del dimitido ministro Castells.

La otra gran novedad llegó en otoño, con una ola de huelgas que recorrieron toda la geografía en defensa de salarios, convenios y puestos de trabajo. Sin duda la más importante fue la huelga del metal de Cádiz, que devolvió imágenes de combatividad a las portadas y arranques de telediario. Pero también se han vivido procesos huelguísticos antes en Tubacex, en el metal de Alicante, Inditex de Zaragoza, las trabajadoras de la atención domiciliaria, Otis de Leganés, Pilkintong en Sagunto, Alu Ibérica en A Coruña, la limpieza en Bilbao y Castellón y muchos más, además de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y la administración pública con las recientes huelgas contra la Ley Iceta.

Apostar a que estas muestras de organización y lucha se desarrollen, se coordinen y logren romper definitivamente la paz social para la que trabajan conjuntamente las direcciones burocráticas de los sindicatos y los movimientos sociales y el gobierno, muy especialmente su ministra de Trabajo Yolanda Díaz, será decisivo para que las “maldadas” de 2022 no pasen y poder pelear para que esta crisis la paguen efectivamente los capitalistas.

El año del gran rescate a los capitalistas

Si alguien tiene motivos para brindar este fin de año es el IBEX35. La UE y el gobierno “más progresista de la historia” acordaron en estos meses el mayor paquete de rescate a las grandes empresas españolas de toda su historia. Un total de 140 mil millones de ayudas directas para grupos como Endesa, Repsol o Telefónica. De toda esta lluvia de millones, apenas 1000 están destinados a gasto sanitario – aunque ni un solo millón a contratar más personal estable -. Cinco veces menos que lo que se lleva solo el sector del automóvil.

Si en la crisis del 2008 la gran rescatada fue la banca, que se llevó 60 mil millones que no han regresado, ahora son las energéticas, las empresas de telecomunicaciones, multinacionales del auto y constructoras, detrás de un discurso de capitalismo verde. Los grupos financieros tampoco quedan fuera del reparto, ya que serán quienes gestionen los movimientos y créditos, quedándose con los jugosos intereses.

Todo un plan de reconversión subvencionada del capitalismo español que será costeado directa e indirectamente por la clase trabajadora. La mitad de los fondos pasarán a engrosar la deuda pública y se abonarán con los ajustes fiscales que la UE ha pospuesto de momento a 2023. Pero para la llegada de éstos y los demás la Comisión ha impuesto una agenda de contrarreformas laborales y de pensiones que deberán aprobarse en los próximos meses.

La laboral está en el horno, y el contenido filtrado incluye mecanismos de “reciclaje” de trabajadores inspirados en los planes de reconversión industrial de los 80 que devastaron el empleo de regiones enteras. La de pensiones lo mismo, y una de sus claves de bóveda es la liberalización de este sector para que puedan operar sin trabas los grandes fondos de pensiones privados. Estos serán dos de los principales ataques que el movimiento obrero y las organizaciones sociales, como las mareas de pensionistas, deberemos enfrentar en los próximos meses.

Una derecha que avanza sobre la alfombra roja que le deja el desencanto “progresista”

La constante que ha seguido la misma dinámica es el fortalecimiento de la derecha y una deriva cada vez más escorada hacia el extreno diestro del tablero. Ciudadanos confirmó con las elecciones madrileñas que está condenado a la desaparición, como previsiblemente le sucederá en las castellanoleonesas de febrero. Vox mejora según los últimos sondeos su intenciones de voto y se acerca al 20%. Y el PP, tras la victoria de Ayuso en mayo, se debate en una guerra interna cuya resolución más probable es una trumpanización general de la que Casado ya da cada vez más muestras.

Una derecha en ascenso que se prepara para gobernar en 2023, acelerar y endurecer las medidas ya en marcha de reconversión y contrarreforma. Y que lo hace a lomos de un discurso y políticas antiderechos que tienen ya su expresión más allá de las instituciones en el aumento de las agresiones machistas, racistas y lgtbifóbicas de los últimos meses. Cuenta además con el apoyo militante de todo un sector del Estado profundo, empezando por la Judicatura, que desde los tribunales hace la labor de oposición al gobierno en un sentido casi destituyente.

El “progresismo” que se presenta como el dique a este avance, como hace Yolanda Díaz en su proyecto de candidatura unitaria de la izquierda, mostró su impotencia en las elecciones madrileñas de mayo. El mejor telonero al auge derechista es un gobierno de “izquierda” aplicando sus políticas. Lo hemos visto en materia económica, donde PSOE y UP muestran su servicialismo al IBEX35 y la patronal, y también en el despliegue de una política imperialista de fronteras que no tiene nada que envidiar a las propuestas más reaccionarias de Vox, como ocurrió con el envío del Ejército a Ceuta.

Por eso el malmenorismo no es ninguna alternativa. La necesidad de impulsar la movilización social contra estas políticas de derecha, y construir una izquierda independiente del “progresismo” en el gobierno, que pelee abiertamente por un programa anticapitalista y que de salida a los grandes problemas sociales y demandas democráticas, son el único dique sólido desde el que poder enfrentar en condiciones la amenaza que supone la derecha y la extrema derecha.

Un régimen que se apuntala pero no remonta el vuelo

La principal crisis del régimen, Catalunya, logró un cierto apaciguamiento en estos 12 meses. Empezó el año con el fracaso de la Operación Illa que buscaba una Generalitat presidida por el PSC con el “empujoncito” de la Judicatura – que destituyó a Torra -. Pero la Generalitat resultante de Pere Aragonés ha terminado siendo otro de esos caminos que llevaban a Roma.

ERC y JxCat, con el apoyo en la investidura de la CUP, inauguraron junto a Sánchez un proyecto de restauración autonómica en el que la pelea por la autodeterminación y la amnistía se intercambiaron por negociar los Fondos Europeos y el indulto a los presos. Un recule coherente con la gran espantada de 2017 y los tres años que le siguieron.

Quienes no se apaciguaron fueron las fuerzas del Estado profundo y la derecha, que acaban el año con una fuerte ofensiva contra el catalán, que pone en jaque nada menos que la inmersión lingüística. Una ofensiva que se puede pasar de la correlación de fuerzas ganada por el españolismo y volver a impulsar la movilización democrática en Catalunya.

La CUP, ante semejante claudicación, ha decidido elevar el tono de su crítica al govern. Pero mantiene su eterna “mano extendida” apelando a ERC para que vuelvan a su pacto de legislatura. La falta de una izquierda anticapitalista que apueste por la independencia de clase, por no aliarse con los partidos de la burguesía independentista, sigue siendo el Talón de Aquiles del movimiento democrático catalán.

Otro de los focos de crisis del régimen sigue siendo la Corona. Los servicios prestados por el gobierno “progresistas”, con las quejas impotentes y algo impostadas de Unidas Podemos, la Judicatura y la derecha, le están permitiendo sin embargo que salve los muebles. El emérito se va librando de las causas en marcha y prepara su [regreso a Madrid para el próximo año-Zhttps://www.izquierdadiario.es/El-emerito-vuelve-de-rositas-y-por-Navidad]. Un hecho que puede tener el efecto contrario y poner de nuevo en la picota a tan distinguida y reaccionaria institución.

Por lo tanto el Régimen puede hacer hasta un balance positivo de su 2021, pero sin tirar cohetes. Los nubarrones económicos, la enorme crisis social y el no cierre definitivo de sus brechas, más bien vive de treguas, hacen que no encuentre un nuevo “consenso” sobre el que refundarse. Si el malestar que se acumula termina encontrando una salida en la forma que vimos en la crisis anterior o que se ha visto en otros países, como la misma vecina Francia antes de la pandemia, todas estas demandas democráticas volverán a estar en el centro de la agenda de los de abajo.