Desde hace diez años Bolivia presenta un crecimiento económico anual del 5 % pero esto no se ha reflejado en una diversificación económica ni en un desarrollo de la industria, cada vez con menos peso.
Domingo 14 de octubre de 2018 15:07
La profundización de la debacle en las condiciones de vida de los argentinos a partir del giro neoliberal de fines de 2015 ha dejado en evidencia que la confianza ciega en los mercados y la libre movilidad del capital no es un camino que nos lleva hacia al desarrollo. La cuestión ahora es poner en debate los posibles caminos a tomar.
A fin de poner en debate las posibilidades de desarrollo y los caminos a elegir por nuestro país, se intentará tomar el caso boliviano, paradigmático en Sudamérica tras llevar más de una década creciendo a un promedio anual del 5 %, siendo así el país de mayor crecimiento en la región. El motivo de esta elección es la fortaleza y la continuidad de este gobierno progresista que, a entender del autor, no debe eclipsar nuestros debates al momento de elegir el nuevo rumbo de nuestro país.
En 2017 Cecilia Barría publicó en la BBC un artículo titulado Bolivia: tres claves del éxito económico del país que más crece en América del Sur, en donde señala que el milagro económico boliviano se explica a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, el ahorro y la estabilidad política. Sin embargo, desde la óptica de quien escribe más que de un milagro se trata del nuevo caso de un desarrollo parcial, dependiente y de poca significación en términos de competitividad y estructura productiva. En este sentido, la escuela de la dependencia puede echar algo de luz sobre el asunto.
Históricamente Bolivia es un país rico en recursos mineros y energéticos, dependiente principalmente de la extracción y exportación de materias primas. El poder político ha estado en manos de terratenientes blancos o mestizos pertenecientes a élites regionales, y se ha caracterizado por la notable desigualdad social que, por ejemplo, la ha puesto entre los seis países más desiguales del mundo en el año 2008, según indican Amaya y Pino en Modelo de desarrollo y élites económicas en Bolivia (2015).
Las reformas neoliberales impuestas por el consenso de Washington, al igual que en gran parte de la región, generaron una profunda y duradera crisis económica, política y social en el último cuarto del siglo XX. Hiperinflación a mediados de la década del 80, desempleo, pobreza, migraciones del campo hacia la ciudad (como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia de 2015) y un creciente clima de polarización y conflictividad política que derivó en la sucesión de cinco presidentes en el periodo 2001 – 2005 (Barría, 2017).
En el año 2005 la llamada Guerra del Gas dio un impulso definitivo a la rebelión popular contra el Estado. La misma tuvo como resultado seis docenas de muertos, cuatro centenas de heridos y la fuga hacia los Estados Unidos del mayor representante de la oligarquía, Gonzalo Sánchez de Lozada. Posteriormente se renovaron las protestas en los meses de mayo y junio, obligando al presidente Carlos Mesa a la renuncia llamando a elecciones generales para el mes de diciembre. Así, en el año 2006 arriba a la presidencia Evo Morales, ex dirigente sindical y diputado nacional, tras obtener el 54 % de los votos, convirtiéndose en el primer presidente boliviano de origen campesino y originario (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010).
Según Amaya y Pino (2015) la alternativa planteada por el MAS y el presidente Morales a nivel económico consiste en concentrarse en la propiedad del Estado sobre los sectores estratégicos. Así, junto a la nacionalización de los hidrocarburos se inició una nueva etapa en la economía boliviana.
Los resultados de la intervención del Gobierno boliviano han sido un elevado crecimiento del producto bruto interno sostenido durante más de diez años, el aumento a cifras históricas de las exportaciones, superávit comercial, el aumento significativo de la inversión pública, la creación del Banco de Desarrollo Productivo destinado a apoyar emprendimientos privados, la reducción de la deuda externa y el aumento de los ingresos fiscales. Solo entre los años 2005 y 2007 el país pasó de contar con 22.018 a 275.264 contribuyentes. A su vez, los ingresos por aduana aumentaron más del 50 % entre esos años (Amaya y Pino, 2015).
Sin embargo, el aumento del PIB que rondó el 50 % entre los años 2003 y 2013 no se vio reflejado en una diversificación de la economía boliviana. Por el contrario, el proceso de desindustrialización se ve reflejado tanto en las estimaciones sobre la evolución de la productividad, como en la reducción de la participación de la industria manufacturera sobre el PBI que pasó de ser del 18 % en 1988 al 10 % en 2013 y el aumento de los sectores extractivos que creció un 5 % entre esos mismos años (PNUD, 2015).
Así, como se puede ver en el Informe nacional sobre desarrollo humano en Bolivia, si bien la situación laboral en Bolivia ha mejorado tanto en nivel de ocupación como de ingresos (el desempleo se redujo del 8,1 % al 3,2 % entre los años 2005 y 2012, y aproximadamente tres millones de bolivianos han ingresado en la clase media desde el año 2001), la profundización de la dependencia del país respecto a los productos primarios tiene como resultado la falta de condiciones para la creación de empleos de calidad. Aún persiste un escenario de baja calidad en las condiciones no remunerativas de los empleos (estabilidad, cobertura de seguridad social, extensión de las jornadas, posibilidad de asociación sindical, subempleo). En las regiones metropolitanas solo el 19 % de los ocupados aporta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 28 % cuenta con seguro de salud, 29 % tiene un contrato escrito y solo 57 % trabaja una jornada internacionalmente aceptada como normal de 48 horas o menos a la semana. De esta manera, el sector informal, de pequeña escala y baja productividad, sigue siendo el principal generador de empleo.
De esta forma, el caso boliviano nos permite rescatar, reflexionar, basados en argumentos planteados por la Escuela de la Dependencia (ED), en la posibilidad o no de volver a un ciclo progresista que puede implicar “un capitalismo bien administrado” pero no una alternativa al desarrollo.
Así, el crecimiento económico sostenido en Bolivia ha permitido mejorar de cierta manera las condiciones de vida de la sociedad, sin embargo, y aún con gran parte de los indicadores económicos muy favorables, esto no ha permitido diversificar su economía. En este sentido, Dos Santos sostiene justamente en La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas (2002), que aún países que presentan altas tasas de crecimiento económico en el tiempo, se encuentran limitados por su dependencia económica y política respecto a la economía internacional. Lo que les impide lograr un desarrollo autónomo y dinámico. De esta manera, no hay un proceso de industrialización en Bolivia sino, por el contrario, lo que se da es un proceso de profundización del arraigo al lugar impuesto por el imperialismo a la región dentro de la división internacional del trabajo, sosteniendo un modelo primario exportador extractivista, como señala Manuel de La Fuente en Bolivia: ¿Rumbo a un nuevo modelo de desarrollo? (2010).
En este sentido, como sostienen Amaya y Pino (2015), son las empresas transnacionales aliadas con elites y gobiernos locales las que no dan lugar a la agricultura familiar, la reforma agraria, la consolidación de un mercado interno y, en definitiva, un modelo que permita un desarrollo autónomo. Estas dominan el sector agropecuario imponiendo un modelo de agronegocio basado en el monocultivo y una vinculación asimétrica y desfavorable con el mercado mundial.
Por otro lado, a los planteos originales del intercambio desigual desarrollados por Arghiri Emmanuel en 1969 podemos incluir la dimensión que analiza el intercambio ambientalmente desigual, donde no solo se da una transferencia de valor económico sino también de biomasa y minerales como señalan Acosta y Viale en Los retos humanos de la tierra. Sin justicia ecológica no hay justicia social (2017). Según estos autores, los países dependientes, como es el caso de Bolivia, sufren de una transferencia de valor económico al momento en que sus commodities (entre ellos el gas en el caso de Bolivia) son vendidas a precios que no incorporan tanto el aporte del trabajo como así también sus verdaderos costos (nutrientes y externalidades ambientales).
En este sentido, si el interés del Gobierno de Evo Morales por las rentas gasíferas están dirigidas a consolidar un capitalismo de Estado como fase del socialismo (Amaya y Pino, 2015) -aunque se podría decir que Paul Baran está en lo cierto en La política económica del crecimiento (1969) cuando sostiene que una gestión progresista del excedente económico asegura no solo una mejor distribución de la renta sino también un crecimiento económico más rápido y equilibrado (Dos Santos)-, es el extractivismo el camino optado para lograr mejores resultados.
Por último, más allá de las nacionalizaciones y la reforma constitucional, Evo Morales llegó al gobierno bajo el marco de la democracia, en lo que la ED hubiera entendido como una revolución democrática, popular y antiimperialista en donde la clase obrera es aliada de la burguesía nacional. Y así, como sucede en la actualidad, los requerimientos de Inversión Extranjera Directa (IED), la necesidad de vincularse a un mercado mundial capitalista y las diputas políticas internas dada por la derecha nacional termina por condenar a Bolivia a un desarrollo parcial, dependiente, y de poca significación en términos de competitividad y estructura productiva.
En conclusión, no se pueden negar las urgencias en las que nos ha hundido el neoliberalismo en nuestro país, sin embargo, es realmente importante discutir los proyectos y horizontes políticos a fin de no caer en un mismo ciclo de desarrollo dependiente.
Ya advertía Celso Furtado en 1975 que el desarrollo económico es un mito simplemente irrealizable para la humanidad, y que la idea de que los pueblos pobres podrán algún día disfrutar de las formas de vida de los actuales pueblos ricos era utilizada para movilizar a los pueblos de la periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios, como la destrucción de culturas arcaicas y de la naturaleza.
La búsqueda de alternativas al neoliberalismo y al “capitalismo bien administrado” debe llevarnos a avanzar en alternativas al desarrollo.
• El autor se encuentra doctorando en Desarrollo Económico (Universidad Nacional de Quilmes).
