A partir del 1 de agosto, comenzó a regir la nueva ley Karin, diseñada con el objetivo de “promover entornos laborales libres de acoso”. Sin embargo, su aplicación ha generado inquietudes respecto a su impacto real y a los obstáculos que enfrentan los trabajadores en sus respectivos lugares de trabajo.
Domingo 5 de enero
Han pasado más de cuatro meses desde que la Ley Karin comenzó a regir el 1 de agosto, estableciendo como objetivo, el “garantizar ambientes laborales seguros y libres de acoso”. No obstante, su implementación sigue generando incertidumbre entre los trabajadores.
Un ejemplo reciente ocurrió en Osorno, donde una abogada de la Unidad de Regularización del Decreto Ley 2.695 de la Seremi de Los Lagos presentó una denuncia por acoso laboral contra su superior y otras personas. Sin embargo, solo ocho días después de que su querella fuese admitida, fue desvinculada de su cargo.
Este caso, el primero en la Región de Los Lagos bajo la Ley Karin, refleja las incertidumbres que enfrentan los trabajadores al realizar denuncias, así como las posibles respuestas de las empresas..
Ante los primeros meses de su ejecución, Wendoling Silva, abogada del estudio de Asesoría Laboral con 20 años de experiencia en el área, señala que “no ha sido fácil el funcionamiento de la ley”, debido a las “sobre expectativas” que ha generado su aparición, junto con no haber logrado explicar en detalle el texto que rige la norma. Hubo toda una idealización sobre esta ley y los efectos que podría tener.
“Era completamente previsible el impacto que generaría tanto en las empresas como en la Dirección del Trabajo”, asegura la abogada, destacando que el legislador no anticipó este escenario porque “el informe de la ley no incluía más recursos para la Dirección del Trabajo a partir del 1 de agosto”.
En la práctica, fue recién en la ley de presupuesto de 2025 cuando se aprobaron 35 puestos adicionales para apoyar esta reforma, aunque, en su opinión, “tampoco es suficiente”.
Por su parte, Javier Soto, abogado y docente de Derecho Laboral en la Universidad Andrés Bello (UNAB), señala que las preocupaciones comenzaron incluso antes de que la ley entrara en vigencia, debido a los cambios que planteaba.
“Estas empresas, a diferencia de las grandes corporaciones con áreas consolidadas de recursos humanos, enfrentan un cambio significativo”, detalla. Desde la implementación de la normativa, Soto destaca que se ha evidenciado un incremento en las denuncias por acoso laboral, obtenidas por un lado, por la cobertura mediática y la interpretación subjetiva que caracteriza este tipo de conductas.
Aunque aún no hay datos recientes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, informó en septiembre que hasta esa fecha se habían recibido 4.820 denuncias, principalmente del sector privado, lo cual es un número altísimo. Además, las mutualidades y el Ministerio realizaron más de 102 mil actividades de capacitación y difusión para prevenir el acoso y la violencia laboral. La primera memoria oficial sobre la normativa está prevista para antes del 1° de septiembre de 2025.
Enfrentar el acoso laboral requiere la organización de trabajadores y trabajadoras, junto con el apoyo de la comunidad, a través de comités en los espacios laborales que se opongan a los abusos de empleadores y supervisores. Tal como lo planteó la agrupación Abran Paso de trabajadores de la salud tras la muerte de Jennifer Peña, es fundamental implementar acciones contra la precarización laboral, asegurando un salario mínimo que cubra la canasta básica y reduciendo la jornada laboral sin medidas que favorezcan la flexibilización. Es necesario acabar con la sobrecarga laboral impuesta para alcanzar metas que solo benefician a los empresarios, dejando de lado el bienestar de quienes trabajan.
