El itinerario de los viejos y nuevos funcionarios a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia de la provincia muestra la falsedad de las promesas de cambio y el “núcleo duro” de la continuidad mafiosa.
Fernando Rosso @RossoFer
Martes 29 de diciembre de 2015
“Son mercenarios de los derechos humanos” fue la sentencia del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Corría el año 2007 y el titular del SPB bajo el gobierno de Felipe Solá respondía al informe del Comité Contra la Tortura que daba cuenta de la situación que se vivía en las cárceles de la provincia. Alguno de los “mercenarios” había relatado que “las cárceles son campos de concentración y de exterminio. No son más que un depósito de carne humana, donde los presos están obligados a domesticarse, cumpliendo todo tipo de directivas, incluso ilícitas, como salir del penal para robar. Son lugares donde la vida no vale nada”.
El funcionario a quien esto le parecía una denuncia de extremistas del humanismo se llama Fernando Díaz y acaba de ser nombrado nuevamente jefe del SPB por María Eugenia Vidal, luego de la crisis generada por la fuga de los condenados por el triple crimen que ocurrió en Quilmes pero pasó a la historia como “de General Rodríguez”.
Ricardo Casal, el ministro de Justicia del gobierno de Daniel Scioli desplazó a Díaz y poco después el ex – director del SPB afirmaba que Casal “realiza políticas muy erróneas porque, fundamentalmente, tanto en el Servicio Penitenciario como en la Policía Bonaerense tomó la decisión de dejar que las fuerzas se gestionen de manera totalmente autónoma”.
Es decir, quien había hablado de “mercenarios de los derechos humanos”, opinaba que su nuevo superior (Casal), que había decidido pasarlo a retiro, era un adalid de la mano dura en el sistema penitenciario. El muerto se reía del degollado.
El periodista Horacio Verbitsky realizó múltiples denuncias sobre el estado de las cárceles bonaerenses que se encontraban bajo la órbita de Casal. El funcionario que Scioli pensaba llevar a su gobierno que no fue había permitido que se profundicen los fenómenos aberrantes que denunciaba el Comité Contra la Tortura.
Vidal reemplazó a Ricardo Casal por Carlos Mahiques, que fue juez de la Casación bonaerense. Un fanático antiabortista que cuando era magistrado rechazó, en el año 2006, un habeas corpus colectivo para discutir las condiciones inhumanas de detención de los presos provinciales en un caso en el que luego la Corte Suprema falló a favor (encabezado por el CELS).
Para completar su “equipo” penitenciario y penal, hasta la crisis que generó la fuga del penal de General Alvear, María Eugenia Vidal había confirmado a Cesar Albarracín.
“Albarracín es Casal y es el hombre que digita desde afuera toda la estructura del Servicio, desde las medulares contrataciones hasta las cuestiones referidas al personal” afirma un artículo del sitio bonaerense La Tecla.
Vidal había propuesto un combo de “cambio con continuidad”: combinó un juez de extrema derecha y un “negociante” de la gestión Casal.
Esta historia de trilogías en la que terminó convertido el caso del tráfico de efedrina -que pasó por un triple crimen y una triple fuga-, se completa con una triple crisis de autoridad.
La crisis que tuvo el organismo cuando estuvo por tres días virtualmente acéfalo justo en el momento en que se produjo la “fuga”; la crisis de autoridad que tiene el poder político sobre los aparatos que se autonomizaron bajo su amparo; y la más importante de todas: la nula “autoridad” que tienen los responsables que prometen terminar con estos verdaderos organismos mafiosos.
Fernando Rosso
Periodista. Editor y columnista político en La Izquierda Diario. Colabora en revistas y publicaciones nacionales con artículos sobre la realidad política y social. Conduce el programa radial “El Círculo Rojo” que se emite todos los jueves de 22 a 24 hs. por Radio Con Vos 89.9.
