Un profesor de historia, del liceo Portal, actualmente en toma, escribe sobre la historia reciente en Latinoamerica, que se encuentra atravesada de procesos convulsos, con Duque y Piñera reforzando su autoritarismo y Bolivia con un Golpe de Estado. Por ello es importante mirar atrás y volver al pasado reciente latinoamericano para sacar valiosas lecciones.
Lunes 25 de noviembre de 2019
por Dagoberto Vásquez Maturana
Profesor de Historia, Liceo Portal de La Cisterna
La situación de dictaduras de América del sur en el siglo XX, demuestran no solo el rechazo a la profundización de los modelos económicos impuestos por las Dictaduras, sino también a la atomización de los movimientos populares y la desarticulación de las organizaciones de izquierda y que de alguna u otra forma han logrado sobrevivir.
Esta práctica fue establecida en Latinoamérica en general, fue un correlato de las tres principales dictaduras del cono sur de América, me refiero a Uruguay, Chile y Argentina respectivamente. Los proceso argentino y uruguayo tiene semejanzas, variaciones en el escenario para la llegada de los golpes de estados y también las formas aplicación del modelo dictatorial.
El caso Uruguayo
En Uruguay el golpe ocurre el 27 de Junio de 1973 pero la situación que antecede al inicio “oficial” de la dictadura es con la agudización de la violencia política que se inician en los años 60s. La irrupción de la lucha armada como camino de transformación impulsada por algunas organizaciones políticas, como fue el caso del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN), se inscriben en un clima de agitación revolucionaria que inquieta las esferas del poder económico en Uruguay, además, las movilizaciones sociales eran crecientes y fueron acompañadas por un proceso de unidad sindical y de la izquierda uruguaya. Estos procesos tienen su punto máximo con la formación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1964 y del Frente Amplio en 1971.
Desde la otra perspectiva el estado uruguayo fue extendiendo y profundizando las practicas represivas a tal punto que algunos autores como José Rilla ( historiador Uruguayo) califica el periodo como “La agonía de la Instituciones”. En enero de 1972, Juan María Bordaberry asumía la presidencia de la República como el nuevo presidente electo. El 14 de abril del mismo año, Los Tupamaros lanzan un plan de ofensiva contra el grupo de ultra derecha “Escuadrón de la Muerte”. Luego de una jornada sangrienta que termina con 11 personas asesinadas; el Parlamento declaró el “Estado de Guerra Interno” que se extendió hasta el 10 de julio de 1972 con la aprobación de “Ley de Seguridad del Estado” (que estará vigente durante toda la dictadura). De esta manera quedaban suspendidas las garantías individuales hasta la década del 80.
En febrero de 1973 se produce una discrepancia entre Bordaberry y los militares por el nombramiento del ministro de defensa Gral. Antonio Francese, la tensión llega a su fin “Pacto de Boisso Lanza” entre el presidente y las fuerzas armadas. En el mismo acuerdo se estipuló la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente, algunos ministros, los Comandantes de las tres ramas del ejercito y el Jefe del Estado Mayor Conjunto. La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida política uruguaya quedaba institucionalizada. Días antes del golpe de estado un grupo de empresarios e inversionistas extranjeros habían mantenido reuniones de trabajo con representantes de los militares donde plantearon la “despolitización de los obreros, terminar con las huelgas y privatizar el sector público”, de esta manera los militares ya se forman un proyecto económico que aplicar.
En la madrugada del 27 de junio, el Presidente Juan María Bordaberry firmó, junto a los Ministros de Defensa e Interior, el decreto de disolución del Parlamento. De esta manera es el presidente electo constitucionalmente quien ejecuta un acto golpista se transforma en dictador de facto. No existió un vacío legal, sino que se presentó una continuidad y unidad en el poder estatal.
La respuesta de los Trabajadores (CNT) fue inmediata y la Huelga General fue declarada el mismo 27 de junio, procediéndose a la ocupación de los lugares de trabajo. Esta medida fue acompañada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay impulsando la paralización de las actividades curriculares y la ocupación de los centros de estudio. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y el 30 de junio se emitió el decreto de disolución de la CNT y el arresto de dirigentes sindicales y estudiantiles.
Posteriormente, el número de militares que comenzaron a ocupar cargos en el aparato estatal fue aumentado considerablemente. Este proceso de “militarización” implicó que integrantes de las Fuerzas Armadas fueran designados como interventores de distintos Entes Autónomos y para distintos cargos dentro de la administración pública. Estas medidas se enmarcan dentro de una política de control y vigilancia de la sociedad civil comprendida dentro de la lógica de combate al enemigo interno o doctrina de Seguridad Nacional.
Como mecanismo para fortalecer la idea de un proyecto nacional, 1975 fue fijado como el “Año de la Orientalidad” donde se inicia la aplicación del programa económico neo liberal y comienzan a manifestarse las primeras divergencias entre los militares y el presidente Bordaberry. Los militares zanjan el problema nombrando en la presidencia Alberto Demicheli, y las elecciones previstas para el año 1976 fueron suspendidas. Se creó el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales y que, entre sus facultades, poseía la potestad de designar al Presidente así como a los miembros del Consejo de Estado y de otros ámbitos gubernamentales de extrema importancia. Pocos meses después, el 1º de setiembre de 1976, la presidencia de la República pasó a manos de Aparicio Méndez.
En materia económica y para atraer a los capitales extranjeros se implementaron diversas medidas: se promulgó la Ley de inversiones extranjeras, se promovió la reducción del costo de la mano de obra y se dio inicio a un intenso proceso de liberalización y apertura del sistema financiero uruguayo . Uno de los objetivos estratégicos del equipo económico de la dictadura era transformar al país en una plaza financiera, y para ello era necesario generar un clima económico favorable donde reinara la estabilidad y el orden, de esta forma, la estrategia represiva era esencial para la dictadura uruguaya con encarcelamiento masivo y prolongado, personas procesadas por la Justicia Militar mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de detención bajo el régimen de “Medidas Prontas de Seguridad” o con motivo de ser interrogados.
La tortura fue un elemento constante del régimen y se aplicó de forma rutinaria a los detenidos ya fuera en los establecimientos destinados para el encarcelamiento o en los centros clandestinos de detención. Las prácticas de tortura no sólo implicaban el daño físico sino que también apuntaban al debilitamiento sicológico de las víctimas, contando para ambas funciones con profesionales de la medicina que prestaban sus servicios a la dictadura.
Para el final se desencadenó una de las peores crisis económicas de la historia del Uruguay que develó las insuficiencias del modelo económico de la dictadura y la persistencia de “desequilibrios que llevaban deterioro de los ingresos reales de los trabajadores e inestabilidad en la seguridad social".
En 1980 los militares y la dictadura de Uruguay realizan un plebiscito para modificar la Constitución y, de esa manera, legitimar la dictadura. El proyecto fue rechazado por la población por un 56% de los votos, esto desencadenó el proceso de apertura del régimen que pacto una transición tutelada hacia una democracia, tutela que termina en 1985 con la elección de Julio María Sanguinetti que fue uno de los actores más importantes de las negociaciones con los militares en la transición hacia la democracia.
La Dictadura Argentina
Argentina tenía una tradición de golpes de estados a lo largo de su historia, la dictadura que se inicia en 1976 va a tener la característica de la más cruenta en materia de violaciones a los DDHH, que marca fuertemente la política de dicha nación para el resto del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Para entender la llegada de los militares al poder en 1976, suceso que no era extraño en la Argentina, debemos remontarnos a fines de la década del 60 y principio de los 70.
Juan Domingo Perón que había participado en asonadas golpista en la década del 30 y 40, sale electo presidente en el 46 y en el 52 bajo sus presidencias constitucionales se dio una etapa de promoción popular, con aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, se fortaleció las organizaciones sindicales y de trabajadores, además de ampliación de la participación universitaria y educativa en general para la clase trabajadora Argentina, en general, se pone en el tapete político de América y de la propia Argentina el concepto de Justicia Social.
Todo este escenario derivó en una situación de una Argentina Peronista y otra Antiperonista. Perón cae del poder constitucional en el año 1955 por una asonada golpista que se autodenominó “ La Revolución Libertadora”, asumiendo el poder el presidente de facto Eduardo Lonardi.
Del 55 y toda la década del 60 se suceden varios gobiernos militares de factos, otros radicales bajo tutela militar y nuevamente militares con una auto imposición de eufemísticas misiones reconstructivas de la sociedad argentina hasta 1973, todo esto con Perón en el exilio y con la proscripción total o parcial del Peronismo.
Desde mediados de la década de los 60, con una Argentina sometida a una cruzada militar moralista, se desarrollan en las universidades a pesar de estar controladas por los gobiernos autoritarios y considerarla “cunas de la subversión”, un fluir intelectual propios de la juventud y de la década, pero que en corto plazo permitirán el desarrollo de grupos que ven la posibilidad de un cambio político por medio de las armas, esta situación se hace tan fuerte que la sociedad comienza a normalizar la posibilidad de aplicación y de triunfo de estos movimientos.
Las características de estos grupos armados de izquierda son diversas con métodos similares pero con análisis políticos distintos, estaban Las Fuerza Armadas Peronistas (FAP), un movimiento de base peronista pero alejada del sindicalismo y del partido tradicional peronista asumen un método de guerrilla Rural y posterior Urbana para la concreción de la llegada al poder del Peronismo, tuvo indicios de análisis marxistas pero el pensamiento peronista fue el que se mantuvo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) formada a finales de la década del 1960, y su ideario era entrenarse y unirse a las guerrillas rurales iniciadas por el Che Guevara en Bolivia, nacen al interior de PC Argentino.
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue una guerrillera y era a la vez la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de orientación marxista pero con conceptos maoístas, estaba liderado por Mario Roberto Santucho durante los años 1970. A inicios de 1977 fue desarticulado por las Fuerzas Armadas en periodo de la Dictadura.
Junto con el ERP, nacen también Los Montoneros, guerrilla de carácter peronista y sus objetivos estaban la resistencia contra la dictadura autodenominada “ Revolución Argentina” (1966-1973), el retorno de Perón a la Argentina, restablecer la democracia y dirigirse a la instauración de lo que ellos llamaban “Socialismo Nacional”.
Durante los 60 en la Argentina aparecen estos “movimientos de izquierda juveniles” que se diferenciaban de los viejos Partidos Socialista y Comunista, eran grupos guerrilleros dispuestos a lograr los objetivos de clase por medio del uso de las armas.
La situación social se comienza a poner complicada para la dictadura, El 14 de mayo de 1969, obreros de las fábricas de automotores de la ciudad de Córdoba protagonizaron una violenta manifestación contra recortes salariales, el día 15 de mayo los estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste organizaron una ruidosa protesta en el centro de la Ciudad de Corrientes, por asuntos menores, resultando muerto un estudiante. En respuesta, los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario realizaron una manifestación más grande, conocida como el "Rosariazo", durante la cual fue asesinado otro estudiante.
Los disturbios en Rosario continuaron por varios días, en los cuales la policía vuelve a matar nuevamente, a otro estudiante. Cuando los estudiantes de la ciudad de Córdoba decidieron movilizarse por los sucesos de Rosario, coincidieron con un aumento de los choques entre trabajadores del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, que (ignorando las negociaciones de los dirigentes del sindicato con el gobierno y las empresas) protagonizaban huelgas parciales y choques con la policía. La muerte de un estudiante el 29 de mayo generó la unión de ambos movimientos, los participantes se solidarizaron.
Estos hechos, fueron conocidos como el "Cordobazo", los manifestantes recibieron la protección y ayuda de los vecinos. Los manifestantes ocuparon la totalidad del centro de la ciudad y la zona de La Cañada, se armaron barricadas e incendiaron automóviles. Al día siguiente, el Ejército ocupó el centro de la ciudad, dejando gran cantidad de heridos, mas menos treinta muertos, y cientos de presos.
El movimiento obrero de mayo de 1969 conocido como “El Cordobazo” convenció a los militares la necesidad de buscar un camino para contener la insurgencia obrera y la movilización social. El peronismo, para la oligarquía, va apareciendo como el mal menor para contener el movimiento social, por lo tanto buscarán una la salida electoral.
El general Lanusse se encargó de diseñar la política para incorporar al peronismo en una operación política a la que se llamo “Gran Acuerdo Nacional” en que se establecía la legalización del partido peronista, la apertura electoral y un posible regreso de Perón del exilio pero sin poder participar de las elecciones.
Se realizaron elecciones en las que resulta electo el peronista Héctor José Campora, el delegado personal de Perón, hombre de la izquierda peronista, con amplio apoyo de la Juventud peronista y también del grupo Montoneros, su lema era “Campora al gobierno, Perón al poder”, Campora asume el 25 de mayo de 1973, el 20 de junio Perón regresa del exilio y renuncia a la presidencia de Argentina el 13 de julio de 1973, facilitando la realización de las primeras elecciones sin proscripciones luego de 1955, en las que nuevamente Juan Domingo Perón triunfa con el 62 % de los votos.
Perón para su tercer mandato constitucional lo hace en medio de las esperanzas de un nuevo pueblo joven peronista que plantea la concreción del “socialismo nacional”, mientras que Perón llega a realizar la antigua política peronista de conciliación y de estado de bienestar para la argentina. Juan Domingo Perón, se propuso un Pacto Social que favorecía a la clase patronal para lo que era necesario restaurar la disciplina en las fábricas y frenar el ambiente nacido en el Cordobazo. Perón se comienza alejar rápidamente del grupo Montonero.
Los Montoneros junto al ERP secuestran al sindicalista peronista José Ignacio Rucci y le dan muerte, este hombre muy cercano a Perón provoca el alejamiento definitivo del Mandatario a los sectores de la izquierda peronista y rn un acto en el mes de mayo de 1974, los expulsa de la Plaza de Mayo calificándolos de "estúpidos e imberbes", amenazando con "hacer tronar el escarmiento".
Perón muere el 1 de julio de 1974 asumiendo el mando de la nación su viuda Estela Martínez, en un escenario complejo se rodea de los elementos más reaccionarios del peronismo y de José López Rega quien articula la Triple A, organización anticomunista que inicia la persecución de las organizaciones de izquierda de adentro y de afuera del peronismo. En este panorama el ERP y Montoneros realizaban acciones en la clandestinidad orientados ya a la concreción de un estado proletario u o socialista según cada organización.
Estela Martínez siempre tuvo el apoyo de las fuerzas militares, realizo la persecución de los grupos revolucionarios argentinos, establece decretos de ilegalidad de los grupos armados y entrega autoridad a las fuerzas armadas para enfrentar y derrotar a los grupos revolucionarios. La presidenta Estela Martínez es la que nombra comodante en jefe a Jorge Rafael Videla.
Los comandantes en jefe del ejercito los que obedeciendo el llamado de los grandes industriales, los dueños del capital argentino mas el apoyo del departamento de Estado norteamericano, realizan un golpe de estado el 24 de marzo de 1976 con el objetivo de frenar el “desorden y la subversión”.
La Dictadura que se autodenomino “Proceso de Reorganización Nacional”, bajo ese manto estaban la doctrina de Seguridad Nacional impartida por los EEUU para frenar todo movimiento de tipo socialista, marxista o comunista en el patio trasero que era Latinoamérica.
La Dictadura o “Proceso de Reorganización Nacional”, su objetivo fue establecer un modelo económico y social neoliberal mediante la fuerza, en línea con los otros países del cono sur. Entonces las FF. AA. violaron masivamente los derechos humanos produciendo cerca de 30 000 desapariciones. Los medios de comunicación principales privados y grupos de poder civiles influyentes apoyaron esta empresa.
La Junta militar quedo conformada por:
• Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del Ejército;
• Emilio Eduardo Massera, almirante, comandante general de la Armada;
• Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea.
La dictadura argentina declaro objetivos y no plazos y también reorganizar totalmente el País. Una de las diferencias con el neoliberalismo en Chile fue que en Argentina, el gobierno de la dictadura compra empresas quebradas a los privados que los apoyaron en el golpe, de esa forma salvando las economías personales de las familias burguesas de la argentina.
La dictadura de Argentina va a tener un final abrupto debido a las decisión de recuperación de la isla Malvinas en 1982, medida que se realizo con el propósito de recuperar el apoyo popular al gobierno dictatorial, pero el fracaso terminara con un llamado a elecciones ya que el mantenerse en el gobierno para los militares se fue algo insostenible, de esta manera se inicio una transición no exenta de problemas y de tutelaje por parte de los militares, siempre con la amenaza de “Los Cara Pintadas” a raíz de los juicios por DDHH y el anhelo de las elite de recuperar mayor poder económico y político.
A manera de síntesis hacemos notar que tanto el escenario argentino como uruguayo tienen en su esencia una gran actividad popular, de organización e insurreccional que incomodaba a las elites de ambas naciones. Sin las elites las que no están dispuestas a perder privilegios dentro de la sociedad y son capaces de sacrificar la democracia, con mayor razón si no es una democracia plena en estos países.
La importancia de estudiar las dictaduras de Latinoamérica, como la frase que se le atribuye a Mark Twain “ La Historia no se repite, pero rima”. En el día de hoy tenemos procesos como el de Piñera en Chile que el movimiento popular pone en jaque la profundización del neoliberalismo económico, las demandas por justicia social, derivan en la elite económica en Chile terminan recurriendo a las fuerzas militares o policiales para aplacar el movimiento.
En el caso de Colombia, reformas económicas del presidente Duque terminan con movilización social en demanda de justicia y equilibrios pero la respuesta del ejecutivo es “estado de emergencia” y represión policial. En Bolivia tenemos actualmente el caso más fuerte, ante el avance de un gobierno que en varios años atendió las demandas de igualdad y justicia social. Las elites económicas privilegiadas de Bolivia buscaron las falencias del gobierno para precipitar un golpe de estado que claramente no favorecerá a los sectores desposeídos de la sociedad boliviana.
Finalmente podemos decir que, las elites económicas de Latinoamérica ante las posibles pérdidas de privilegios vuelven a recurrir a los militares y a las prácticas autoritarias dictatoriales, solo permitirán gobiernos civiles tutelados por legislaciones que resguardan sus privilegios o directamente sus títeres permanentes de acción política, las Fuerzas Armadas.