Burocracia Sindical. Las direcciones de CCOO y UGT firman un pacto con Cifuentes lesivo a los trabajadores pero jugoso para sus arcas

Foto: EFE

Una vez más los sindicatos del régimen se han puesto de acuerdo con la patronal madrileña y el gobierno del PP, en este caso en la Comunidad de Madrid. Pese a sus políticas de agresión continua a los derechos de los trabajadores, la burocracia sindical no hace ascos a acuerdos institucionales que laven la cara al gobierno de turno y de paso abran camino a nuevas políticas de privatización y ataque a nuestros derechos.

Todo a cambio de prerrogativas económicas para sostener los aparatos sindicales y verse fortalecidos como “interlocutores sociales”. O en otras palabras, guardianes del orden económico y social, dedicados a la desmovilización y desvío de las reivindicaciones de los trabajadores y facilitando la aplicación de las políticas de recortes.

Fomentar la privatización de los servicios de empleo.

El acuerdo incide especialmente en lo que denomina “mejora de la intermediación” para la búsqueda de empleo. Ésta se pretende llevar a cabo en dos niveles, en las propias oficinas públicas de empleo y también apoyando a las agencias de colocación privadas que se llevarán un buen pellizco del presupuesto del programa. Por lo tanto, el acuerdo supone un fortalecimiento de la privatización de los servicios de búsqueda de empleo.

De este modo, las direcciones de UGT y CCOO pasan a defender las actuaciones privadas en la colocación de desempleados, algo que hasta no hace mucho tiempo venían rechazando. En concreto de un total de 43,5 millones de euros que se destinarán a ese fin, 11,5 millones -un nada despreciable 26,44%- tendrá como finalidad financiar a agencias privadas de colocación que, además, desarrollarán su trabajo con los colectivos más desprotegidos: jóvenes sin cualificación, parados de larga duración y sin ingresos en la unidad familiar, personas con discapacidad y personas en situación de riesgo de exclusión social.

Resulta increíble que se deje justamente a estos sectores sociales en manos de agencias de empleo privadas que solo pretenden obtener un beneficio de su situación. La solución real para estos sectores sociales pasaría justamente por el vértice opuesto, una política de inversión pública que permitiera su integración en empleos públicos, dada su bajísima cualificación y el riesgo elevado de exclusión social al que están sometidos.

Más subvenciones para las empresas.

Otro apartado del acuerdo es el que apuesta por subvencionar con recursos públicos la ganancia empresarial, por medio de ayudas a la contratación. Unos recursos que recibirá el empresario sin apenas contrapartidas, puesto que solo se va a exigir un mantenimiento del empleo de 12 meses en el mejor de los casos. Se llegan a subvencionar incluso los contratos en prácticas o formativos que ya cuentan con importantes ventajas fiscales y de cotizaciones, y que no cuentan con ninguna estabilidad.

La contratación indefinida tendrá ayudas de hasta 3.500 euros para las empresas que contraten desempleados. Además esta subvención será compatible con la bonificación existente de 500 euros durante 24 meses para los que sean contratados indefinidamente.

Más abusos sobre los trabajadores en prácticas.

Otra medida que se contempla y que puede abrir amplios espacios para los abusos empresariales, es el acuerdo sobre las políticas de formación. Se habla de la posibilidad de la “formación dual” que consiste en estrechar el vínculo entre la formación y el empleo. Según se indica en el acuerdo, se trata de que las empresas puedan utilizar trabajadores vinculados a la Formación Profesional, ámbitos que ya se han explotado y se han caracterizado por abusos laborales de todo tipo. También se habla de la existencia de un cheque-formación que fomentará el negocio privado de la formación ocupacional. Todo un desbarajuste y sin una sola línea para establecer controles públicos que pudieran garantizar un uso no fraudulento de toda esta batería de medidas.

Los ataques a los trabajadores públicos que el acuerdo no aborda.

La devolución completa de la paga extra, la restitución de su la jornada laboral, el cobro de la baja completa en caso de enfermedad o la reposición de todas las plazas vacantes, lo son algunos de los recortes sufridos por los funcionarios de la Comunidad que siguen pendientes de ser restablecidos y que por supuesto no aparecen en el acuerdo.

Se mantienen pues en pie los ataques que han sufrido los empleados públicos desde 2012. Unos recortes de derechos que pasaron como vasos comunicantes del sector público al privado y viceversa durante toda la crisis. Su objetivo común ha sido desmantelar los derechos del conjunto de la clase trabajadora, para lo cual se hacía imprescindible devaluar los asalariados en su totalidad. Los incrementos de jornada, las reducciones salariales, los ERES y despidos se impusieron en uno y otro sector, sobre todo en los momentos más álgidos de la crisis. Y todavía continúan, puesto que el ajuste no se puede dar por finalizado y amenaza otra oleada de recortes presupuestarios en las administraciones autonómicas para cumplir el objetivo del déficit.

Un acuerdo lesivo y que lava la imagen del PP...

La burocracia sindical que dirige estos dos sindicatos pretende servirse de este tipo de acuerdos para lograr contrapartidas, sobre todo económicas, a cambio de ofrecerle a Cifuentes una ayuda en su operación de marketing como imagen del “nuevo” PP.

Hay que decir que de todo lo firmado el gobierno de Cifuentes no pondrá un solo euro para desarrollar las actuaciones. Todos los recursos previstos, unos 324 millones de euros en el primer año, proceden de fondos del Servicio Público Estatal de Empleo que aportará 227 millones en subvenciones destinados a estos fines. Los 107 millones restantes procederán de fondos europeos que ya existen.

El resto de las medidas que no hemos señalado nada tienen de novedosas. Se basan en políticas de empleo que ya han venido implementándose con la única virtualidad de que ahora se aglutinan y se venden como un pacto de amplios recursos. Sin embargo, calculan que únicamente incidirán sobre unos 220.000 beneficiarios, es decir ni tan siquiera la mitad de los desempleados inscritos en las oficinas del INEM en Madrid, 462.540 parados. Su presupuesto total para los dos años previstos será de 650 millones de euros, lo que supone una ratio recursos/parado de apenas 1.405 euros para el conjunto de los 24 meses, claramente insuficiente, sobre todo en el estadio de emergencia social con tasas de paro en la Comunidad de Madrid del 16,5%.

… y reparte “dividendos” a la burocracia sindical.

Pero lo más curioso del acuerdo, y donde se encuentra el quid de la cuestión de la firma sindical, es que del conjunto del presupuesto total desaparecen 14 millones, puesto que está previsto gastar 320 millones en 2016 de los 334. Esos 14 millones irían a dotar los fondos necesarios para cubrir los costes aparejados de los órganos de gestión del propio acuerdo. Concretamente para una Comisión de Seguimiento compuesta por la Administración y las organizaciones firmantes del acuerdo, según señala textualmente el documento. Teniendo como (carísima) misión desarrollar las medidas, evaluar el impacto de dichas medidas y emitir informes de situación, así como elevarar un informe anual al Consejo para el Desarrollo, el Empleo y la Formación de la Comunidad de Madrid. Un verdadero “reparto del botín”, al que además habrá que sumar lo que tanto los aparatos sindicales como la CEIM, a través de sus empresas de formación, puedan “morder” de los recursos que se destinarán a actividades de formación.