Las direcciones de las centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, estudian la posibilidad de pedir subvenciones al Ministerio de Empleo por el esfuerzo que les supone la negociación de los convenios colectivos.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 14 de diciembre de 2016
Desde que hace dos años el Gobierno implantara el nuevo modelo de formación a trabajadores por decreto y sin el acuerdo de los agentes sociales CCOO y UGT, éstos dejaron de formar parte del órgano colegiado que supervisaba la concesión de las subvenciones destinadas a tal motivo.
Nada extraño si tenemos en cuenta el uso indebido que de ese dinero público se ha estado haciendo por parte de cargos de las direcciones sindicales mayoritarias con bochornosas cantidades de recursos económicos que en lugar de tener el destino para el que fueron creadas han ido a parar a los bolsillos de mafiosos que no han escatimado en el despilfarro privado.
Ahora estas mismas direcciones sindicales e incluso la patronal se plantean pedir subvenciones al Ministerio de Empleo que compensen el “esfuerzo” realizado por los interlocutores sociales en las negociaciones de los convenios.
Por estas vía, los agentes sociales podrían "recuperar" al menos el 50 % de los ingresos que antes recibían por la gestión de la formación y que en 2014 ascendieron a 75 millones de euros, según han explicado a EFE fuentes cercanas a CEOE.
Es decir, que el propio trabajador y a través de sus impuestos ha de subvencionar el trabajo mal hecho de estos individuos. No solo no son capaces de ser una fuerza realmente opositora a los designios de la patronal y del capitalismo más destructor de empleo, sino que encima hemos de sufragar una parte de esos gastos con dinero público.
Sin embargo, a pesar de que desde UGT indican que esta petición al Ministerio de Empleo no tiene como objetivo recuperar parte de esas cantidades dejadas de percibir y desde CCOO digan que lo que ellos quieren es una ley de participación institucional que regule todos los ámbitos en los que intervienen los sindicatos, no deja de ser una petición económica para compensar la participación de éstos en las mesas de negociación en las que tienen que estar por mandato constitucional y que, hoy por hoy, costea sólo con las cuotas de sus afiliados.
Un sindicalismo de base, democrático y defensor de la clase trabajadora con todo el potencial que esto supone no debería estar poniéndose a mendigar subvenciones estatales con la carga de sumisión que esto supone.
UGT cifra entre 35 y 40 millones de euros los gastos de estas negociaciones de convenios, pero los que hemos vivido algunas, sabemos de los excesos que se cometen en el gasto: dietas, alquilar los salones de los mejores hoteles, aplazamientos de reuniones por cualquier motivo, etcétera, una cantidad de dinero enorme que podría evitarse, y todo eso para llegar a una concertación social, a una paz social que condiciona y somete a la clase trabajadora.
Por un sindicalismo de base, democrático y libre, por y para los trabajadores.
