El día 12 de noviembre, Enrique Peña, envió al senado dos ternas para elegir a los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). una terna esta compuesta por mujeres y la otra es exclusiva de hombres.
Martes 17 de noviembre de 2015
A finales de este mes terminan los mandatos de los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, por lo que es necesario que el Senado elija a dos nuevos ministros para ocupar los cargos.
La primera terna esta compuesta exclusivamente por mujeres, todas ella con carrera judicial. Entre las propuestas se encuentra Judith Sánchez, Sara Patricia Orea Ochoa y Norma Lucía Piña Hernández, la aspirante con más oportunidades de ser ministra.
En la siguiente terna compiten Álvaro Castro, Javier Laynez Potisek que fue Procurador Fiscal de la Federación y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual Procurador de Justicia del Estado de México, la entidad con más feminicidios en el país.
Independencia de los aspirantes
El proceso para elegir ministros se encuentra plasmado en la Constitución: el Presidente de la República envía una terna de candidatos a la Cámara de Senadores, que tiene 30 días para emitir su veredicto, en la elección debe juntar las dos terceras partes de sus miembros. Si el Senado no resuelve, el presidente designará al nuevo ministro. En el caso de que la Cámara rechace la terna, el Presidente propondrá una nueva. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente.
Diversas organizaciones se pronunciaron porque los candidatos que propusiera el ejecutivo sean independientes del Gobierno Federal (GF), y que una de las ternas fuera compuesta exclusivamente por mujeres.
Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas, afirmamos tajantemente que no puede existir la neutralidad e independencia política de los ministros. Estos son propuestos por el Presidente y mantendrán una subordinación al Gobierno Federal y los fallos judiciales estarán encaminados a preservar los intereses de éste, esto es, de los capitalistas y el régimen político que defiende sus intereses. Las decisiones de la Corte Suprema que han implicado una ampliación parcial y puntual de determinados derechos democráticos, no ha sido por la voluntad de sus integrantes, sino como el subproducto de la movilización y la presión social, que ha obligado a la misma a otorgar determinadas concesiones.
Aunque una de las ternas es de mujeres, esto no significa que los fallos serán más sensibles o responderán a los intereses de la población. El ser mujer no otorga el papel defensor de oprimidos y explotados: el género no garantiza que la ministra no responda a los intereses de los empresarios, de los diversos partidos del Congreso y del Presidente, en contra de la clase trabajadora y el pueblo, y de las decenas de millones de mujeres que forman parte del mismo.
La función de los 11 ministros es decidir sobre la vida de millones y no son elegidos mediante el voto popular, una expresión más del carácter de esta institución. Sin embargo, no importa las reformas o cambios que pueda experimentar la SCJN, siempre responderá a los intereses de la casta política y del capital nacional y extranjero. Todos los ministros siempre le deben algo al Presidente en turno. El último caso es el nombramiento de Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR y parte del Gabinete de Enrique Peña Nieto y responsable de la represión y tortura sexual a los pobladores de Atenco.
En este sentido, no importa quienes sean los electos: la SCJN seguirá siendo una institución que defienda los intereses de los poderosos y nunca responderá a las necesidades de los millones de oprimidos y explotados en este país.