La profundización de la pandemia en los barrios, el problema sanitario en las cárceles y una crisis económica y social que crecen motorizan tensiones e internas en el peronismo bonaerense y evidencian los límites del gobernador.

Walter "Pata" Moretti @patamoretti
Martes 5 de mayo de 2020 22:16
Fotografía: Mendoza Post
La cantidad de casos de Covid-19 todavía es baja en la provincia, aunque hubo un crecimiento en los últimos días en los principales distritos del conurbano. La mayor circulación del virus y el clima invernal que comienza a sentirse hacen crecer las posibilidades de que el tan temido y tanta veces anunciado pico de contagios se convierta en la realidad más próxima. Si con la curva de contagios achatada y con el tiempo supuestamente ganado el personal de la salud –principalmente mujeres- ya supera el 20 % de los contagiados en la provincia, todo puede ser más catastrófico ante un rápido crecimiento de los infectados. La falta de protocolos, insuficientes insumos y equipos de protección, sumados a los bajos salarios que obligan a gran parte del personal de salud a trabajar en distintos establecimientos, favorecen la circulación del virus y llevan a perder parte de los y las esenciales de la primera línea; a quienes sostienen la descalabrada infraestructura hospitalaria provincial. El problema sanitario en las cárceles puede también convertirse en un gran foco de contagio interno y externo.
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En este marco, y ante la fuerte presión de los empresarios que quieren retomar la producción sin importarles la salud de trabajadoras y trabajadores, el gobierno busca establecer alguna salida a la cuarentena –“hay que protocolizar el trabajo para poder producir” dijo el ministro Guzmán-. El intento de encauzar la economía y a la vez controlar la pandemia sin la adecuada preparación previa es sumamente peligroso; desde el principio este diario sostuvo que estábamos ante una cuarentena sin GPS, carente de testeos masivos, que puede terminar azuzando una mayor oleada de contagios y una profundización de la crisis sanitaria.
A la par avanzan la crisis económica y social, ahora acicateadas por un nuevo crecimiento de la inflación que empuja al sufrimiento y a las penurias a millones de pobres, trabajadores y trabajadoras informales, que en el mejor de los casos solo reciben una muy insuficiente y mísera ayuda estatal.
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Por otra parte el fuerte parate económico llevó a una estrepitosa caída de la recaudación fiscal que ronda casi el 50 % (en algunos municipios llegaría a un 80 %) y Kicillof prepara un nuevo endeudamiento de la provincia; el gobernador emitió letras del tesoro por el equivalente a $ 7500 millones. A la par los bonistas rechazaron la propuesta para reestructurar más de 7 mil millones de deuda bajo legislación extranjera y en diez días tiene que afrontar el vencimiento de 110 millones de dólares. El default sobrevuela.
La crisis financiera empujó a la provincia a una mayor dependencia de la maquinita de Alberto Fernández; solamente desde la irrupción de la pandemia, el gobierno nacional giró a la provincia $ 14.500 millones. Un verdadero descalabro económico, que en medio de la pandemia dio paso a nuevas tensiones y fricciones en el elenco gobernante.
Kicillof, los intendentes y las internas de cuarentena
Semanas atrás volvieron a florecer las tensiones entre el gobernador y los intendentes bonaerenses. Las disputas no son nuevas; al principio los alcaldes intentaron bajar la candidatura del ahora gobernador, luego montaron en cólera cuando Kicillof los relegó del gabinete. Pero los roces actuales, originados por la exigencia de los intendentes para que la gobernación les concediera un auxilio económico bajo amenaza de no poder pagar los salarios trabajadoras y trabajadores municipales, son los primeros en tiempos de pandemia, y a la vez un adelanto de nuevas tensiones al calor de una crisis económica que se profundiza y el laberinto que presenta la salida de la cuarentena. Algunos intendentes comienzan a exigir la autorización para reanudar la construcción privada y el funcionamiento de empresas y comercio, otros lo aprueban de hecho, mientras Kicillof se ve obligado a mantener una cuarentena rígida para evitar una mayor crisis sanitaria en el corazón del conurbano, una perspectiva que podría tener enormes consecuencias para el gobierno provincial. “Si explota el conurbano, nos lleva a todos puestos” declaró un sacerdote conocedor del terreno al diario Clarín este fin de semana.
A partir de la interna con los intendentes, y de los intentos de Alberto Fernández de aprovecharla para terciar a favor de los jefes comunales, Kicillof salió a la búsqueda del apoyo del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa (hoy convertido nuevamente en abanderado de la demagogia punitivista ante la crítica situación sanitaria en las cárceles) y del presidente del bloque oficialista de diputados nacionales Máximo Kirchner, con el afán de fortalecer su limitada espalda política para enfrentar los tiempos de pandemia.
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Un escenario profundamente complejo para un gobernador que, si bien es el ahijado político de Cristina Fernández y cuenta con el aval de su importante peso electoral en el conurbano bonaerense, carece de una estructura política propia. Su un equipo de gobierno, en su mayoría integrado por su círculo íntimo, no cuenta con la experiencia suficiente para lidiar con las complejas tierras bonaerenses, hoy cruzadas por una profunda crisis sanitaria, económica y social. No por casualidad el protagonismo alcanzado por el ministro de Seguridad Sergio Berni (cargo al que fue impulsado por la propia CFK), en un gabinete tan limitado, se alza al frente de la Bonaerense como el garante del control social bajo la cuarentena y de la represión a la manifestaciones de lucha -como ocurrió con los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes que fueron reprimidos por defender sus puestos de trabajo-.
Con la llegada de la pandemia la provincia se desliza hacia una crisis de mayor magnitud, con miles de nuevos desocupados, un fuerte aumento de la pobreza y una cadena de cierres de fuentes de trabajo. Ante esta perspectiva salen a la luz las debilidades del gobierno de Kicillof. La crisis en curso comienza hacer mella en la apuesta de Cristina Fernández.
“Tierra arrasada”
Este fue el slogan utilizado por Kicillof para derrotar a Vidal en las últimas elecciones. Si bien es cierto que el gobierno de Cambiemos dejó a la PBA en una profunda crisis, el relato de Kicillof exculpa al peronismo de su responsabilidad tras 28 años continuados al frente de la gobernación, y de haberle garantizado la gobernabilidad a la propia Vidal.
Para enfrentar la “tierra arrasada” y el “industricidio”, Kicillof prometía la “integración productiva de la provincia”. Pero lo que ya sonaba como pura demagogia electoral, hoy en medio de la pandemia se convierte en verdadero papel mojado.
Con el limitado proyecto del impuesto a las fortunas cajoneado, con la homologación exprés de la reducción salarial pactada entre la UIA y la CGT y con el decreto de prohibición de despidos y suspensiones que nunca pasó de una mera declaración de compromiso, el peronismo favorece a los capitalistas que durante todos estos años se beneficiaron con la “tierra arrasada” por el saqueo y la dependencia y que hoy se lanzan a aprovechar la pandemia para arrasar más aún las condiciones de vida de los trabajadores, las mujeres y la juventud de los sectores populares.
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Kicillof aportó lo suyo a favor de los empresarios. Desde el inicio de la pandemia existieron en el conurbano dos lock out patronales, y en ambos casos el gobernador favoreció al chantaje patronal: en el frigorífico Penta se reprimió a los trabajadores, que siguen luchando por recuperar sus 240 puestos de trabajo y contra la impunidad de su patrón kirchnerista; en Dánica premió a la patronal avalando el preventivo de crisis. Frente a la política al servicio de la patronal que alientan Kicillof y el peronismo, la clase obrera junto a los sectores populares tiene que tomar en sus manos la resolución de la crisis.
Con la pandemia Kicillof y el gobierno peronista también dejarán la “tierra arrasada”. Para enfrentar esta perspectiva catastrófica hace falta construir una gran fuerza política que impulse la independencia de clase y un programa anticapitalista.

Walter "Pata" Moretti
Junta Interna de ATE - Ministerio de Desarrollo Social PBA