Las patronales no son las únicas envalentonadas con el gobierno del país atendido por sus propios dueños. Las amigas y familiares de los represores también sienten que este es “su momento”.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Martes 2 de agosto de 2016
“Hasta todos libres” es el slogan con el que Ana María Palomas Alarcón, milita la “causa” por la libertad de los genocidas, a quienes considera “presos políticos”. La abogada es miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que reúne a familiares de represores de la dictadura fallecidos o detenidos.
“Pobre país en el que los jueces coimeros, ‘militantes’ de la mentira de los 30.000 son los que imparten ‘justicia’ y tienen como rehenes a ancianos indefensos en venganza porque no pudieron implantar un estado totalitario comunista", afirma en uno de los tantos post en su cuenta de Facebook. Allí pueden leerse todo tipo de declaraciones en contra de las condenas a los perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad durante la última dictadura.
Además de defender a genocidas, la doctora Alarcón es una acérrima defensora del padre Grassi y participó de su fundación Felices Los Niños.
“Por todas partes aparecen las esposas, hermanas y amigas de presos políticos a reclamar por su libertad”, cuenta Ana María. Precisamente, por todos lados aparecen y no pierden la oportunidad de hacer lobby para exigir la libertad de sus “seres queridos”. En este marco, “las chicas” asistieron el sábado al acto de inauguración de la Sociedad Rural encabezado por Mauricio Macri.
Alarcón publicó una foto de señoras muy bien acomodadas en uno de los palcos y la acompañó con la descripción “Las esposas de los presos políticos en el palco de la Rural, en estos momentos, en la inauguración de la Exposición 2016. A todas partes llevan el mensaje de los presos políticos. HASTA TODOS LIBRES!”
Entre las paquetas señoras que posan sonrientes en el palco se encuentra Ana Delia Maggi, esposa del represor Ernesto "Nabo" Barreiro. Este ex militar fue separado del ejército, fuerza en la que se había especializado en inteligencia militar, tras participar del levantamiento Carapintada en la semana santa de 1987. El “Nabo” motivó a Aldo Rico y sus camaradas a desarrollar el levantamiento, al negarse a declarar en un juicio por violaciones a los derechos humanos. Por este episodio quedó detenido a disposición de la justicia militar pero fue beneficiado por las leyes de obediencia debida y luego indultado por Menem.
Barreiro vivía en Estados Unidos con su esposa y familia hasta que fue extraditado al reabrirse las causas tras la anulación de los indultos y de las leyes de punto final y obediencia debida durante el gobierno de Néstor Kirchner. En 2012 fue trasladado a Córdoba para ser sometido a juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla, uno de los centros clandestinos emblemáticos de la dictadura militar en los que actuó. A los 67 años, en el marco del juicio, Barreiro aseguró conocer el lugar donde se encontraban enterrados 25 desaparecidos de La Perla. El defendido por estas señoras, es un genocida confeso.
Viento a favor
Desde que Cambiemos asumió el gobierno, sectores del oficialismo han dado claras señales en pos de restaurar la teoría de los dos demonios y de avanzar hacia “la reconciliación” con las fuerzas armadas y los genocidas. Sin bien el presidente no lo dice abiertamente y aseguró que los juicios contra la impunidad no serán suspendidos, toda su política muestra a las claras un rumbo contrario: garantizar la impunidad. Desde los primeros días de su gobierno, en materia de Derechos Humanos, toda la iniciativa de Cambiemos fue una afrenta abierta contra los organismos que desde hace décadas pelean por Memoria, Verdad y Justicia.
La visita de Obama a la ex ESMA, las declaraciones del ex ministro de Cultura Darío Lopérfido asegurando que los desaparecidos no fueron 30 mil, la participación de Aldo Rico en los desfiles por el Bicentenario de la Independencia, el aumento sustancial de los sueldos a las FF.AA, el stand de la memoria en Tecnópolis que asegura que hay solo 9 mil casos de desaparecidos comprobables: todos estos son indicios más que evidentes que las señoras y familiares de genocidas han sabido interpretar.
Por su parte el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, les ha concedido más de una reunión a los familiares de los represores, avalando su actividad política.
Por otro lado, una de los avances más concretos hacia la impunidad, es el otorgamiento de prisión domiciliaria a los condenados. Desde febrero pasado, juzgados federales de todo el país concedieron alrededor de 50 prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados.
Recientemente la posibilidad de que Miguel Etchecolatz termine de cumplir su condena fuera de la cárcel, generó amplio repudio. Quien fuera la mano derecha de Ramón Camps, recibió un fallo favorable del Tribunal Oral N° 1 de La Plata y si no está en su domicilio, es porque aún tiene otras condenas por las cuales no se le otorgó el beneficio. A poco de cumplirse 10 años de la desaparición Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra Etchecolatz, la domiciliaria para este genocida sería el colmo de las provocaciones.
En este contexto, las patronales no son las únicas envalentonadas con el gobierno del país atendido por sus propios dueños. Las señoras y familiares de los represores también están contentas, tienen expectativas y sienten que este es su momento.
