La aplicación de los planes de privatización del gobierno contra la salud es inminente, tanto como su compromiso con el empresariado, para darle cada vez más ingerencia y recursos del presupuesto de este sector.
Sandra Romero México | @tklibera
Miércoles 5 de agosto de 2015
Una nueva reforma privatizadora de la salud pretende implementar el gobierno a nivel nacional. No importan las ambigüedades legislativas, igual buscará imponerla, paulatinamente, pero a gran escala.
Así ha ocurrido en los últimos sexenios y el actual, con la firma de cientos o miles de contratos por servicios subrogados a empresas privadas, que generalmente son otorgadas por compadrazgo a beneficio del funcionario en turno que las oferta.
Por ello, gran parte del presupuesto público asignado por el Estado al sector salud termina en manos de privados, eso explica “el vacío” de recursos, los malos servicios, la falta de espacio y personal, los escándalos por negligencias en algunas áreas, como las disputas por los servicios de hemodiálisis que derivaron en múltiples quejas por negligencia, en un mercado que otorga a empresas contratadas alrededor de 10 mil millones de pesos al año.
Será una “gran reforma” aseguran diversos funcionarios priistas ligados a la salud y el propio Peña Nieto, pero no es así. En cada gestión de la Secretaría de Salud, los funcionarios en turno disponen a su antojo de los recursos públicos para favorecer a tal o cual empresa en la venta de servicios a costas del erario.
Costos de los planes contra la salud a los ojos de todos
Cada administración y sus avances en la privatización han costado dinero, salud y vidas de millones de mexicanos. Basta con elegir cualquier hospital y visitar su sala de urgencias, para encontrarnos con largas filas de espera con pacientes atendidos en sillas o en los pasillos, decenas de enfermeras, médicos y residentes desbordados de trabajo y sin equipo digno.
Con salarios de hambre, sin medicamentos suficientes y adecuados, teniendo que corregir fracturas sin analgésicos, tratar a pacientes mal sedados, las horas, días o meses de espera para entrar a quirófano, con citas de especialidad que se prolongan meses y muchos padecimientos para los que “no hay recursos” según dice el gobierno. Una dinámica que se ha dado durante los últimos 20 años.
Mientras la población pasa estas y muchas otras penurias en los hospitales públicos, la clase política y los empresarios se atienden en los hospitales privados, como los de la familia Vázquez Raña y otros empresarios privilegiados por el gobierno.
La salud la explotan algunos con cuentas bancarias multimillonarias, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y todas las secretarías de salud se han ido privatizando, a través de los servicios subrogados y recortan derechos a los trabajadores.
Hoy Enrique Peña Nieto intenta avanzar sobre una institucional que los propios gobiernos, incluido el suyo, han quebrado, como la Reforma a la Ley del IMSS del 2004 y las posteriores realizadas por sus antecesores.
Para poder avanzar sobre lo ya liquidado, se pretende implementar la mal llamada salud universal, que pretende poner a la venta los servicios de salud y las pensiones y despojar de la seguridad social al 40% de los trabajadores que aún gozan de lo que queda de este derecho.
La renuncia del Estado a la obligación de proporcionar salud pública a la población deshumaniza los servicios de salud, degradaría más la vida de los trabajadores y es una evidente pérdida de derechos laborales, tanto para el derechohabiente como para el trabajador de la salud.
Pero el destino del sector salud puede ser cambiado por los miles de trabajadores del sector organizados en defensa del sector y en lucha contra las direcciones sindicales traidoras que han entregado sus conquistas durante décadas, que fueron ganadas por las luchas pasadas.
Por eso es importante la nueva movilización que surge en varios estados del país contra la privatización del IMSS, y que todos los trabajadores debemos apoyar para salir unidos contra los ricos por el derecho a la salud pública en todo el país. Y en unidad de los usuarios de los servicios de salud, con los trabajadores para iniciar un movimiento nacional contra las reformas del gobierno.
