La semana pasada la formación independentista hizo público un documento que incluía los catorce puntos del acuerdo para la investidura de Puigdemont ¿Qué límites tiene este acuerdo con ERC y Junts per Catalunya?
Martes 6 de febrero de 2018 00:00
Hace meses que ERC dejó de luchar por la realización efectiva de la República catalana y pasó a competir por la gestión de un nuevo gobierno autonómico. Junts per Catalunya, con Puigdemont todavía en el exilio, juega su última carta defendiendo su investidura y al mismo tiempo se presenta como la única fuerza "comprometida en no bajar la cabeza y continuar con el mandato del 1 de Octubre", junto a la CUP.
En el fondo se trata de dos caminos distintos para acabar en el mismo callejón sin salida. Dos formas distintas para mantener todos los privilegios y beneficios conquistados durante los más de treinta años de gestión del capitalismo español y catalán en Catalunya.
Tanto unos como otros han demostrado que no están dispuestos a dar más pasos en la dirección que ha exigido el pueblo catalán en las enormes movilizaciones de los últimos meses. El hecho de que no habrá República catalana que venga de la mano de ninguno de estos dos partidos en la próxima legislatura se revela cada vez más como una certeza ante los ojos de una gran parte del pueblo catalán.
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Menos para la CUP que continúa con un discurso de leal apoyo a Puigdemont, como si su investidura online fuese un gran acto de desobediencia que nos acercará a la construcción de una República Catalana “más social”.
Es cierto que el hecho de que la izquierda independentista llegue a nuevos acuerdos con el PDeCat no es algo que a estas alturas pueda sorprender a nadie. Pero esta posición de unir filas del lado del partido de los recortes neoliberales en Catalunya no sólo contribuye a lavarles la cara tras la enorme claudicación de Puigdemont, sino que es un claro reflejo de la impotencia de la izquierda independentista para presentarse como una alternativa ante las miles de personas que todavía consideran que hay que continuar la pelea desatada en los últimos años de “procesisme”.
El último acuerdo fue precisamente el de un pacto por la fallida investidura telemática de Puigdemont. El documento incluía catorce puntos. Catorce puntos totalmente insuficientes para mejorar realmente la vida de la mayoría de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud catalana.
Los puntos que fueron presentados como “una conquista”, el ejemplo de cómo la presión de la CUP obliga a “ceder” a Junts per Catalunya nuevas medidas para mejorar la vida de la clase trabajadora y los sectores populares. Pero lejos de todo eso, el texto es el más claro reflejo de que la burguesía catalana (ya sea grande, pequeña o mediana) no está dispuesta en ningún caso y bajo ningún concepto a poner en riesgo sus intereses. Repasemos los puntos más destacados.
1) Poner en marcha un plan de choque contra la violencia machista. ¿Cómo se propone hacerlo? Ampliando la red de protección hacia las mujeres supervivientes de violencia machista, estableciendo la igualdad salarial entre hombres y mujeres o cuotas de paridad en todos los ámbitos y cargos de decisión política; o lo que es lo mismo, enfrentar el techo de cristal que hace que las mujeres estén menos representadas en los órganos de decisión, como es el Parlamento.
Pero la desigualdad que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos de la vida es un pilar estructural del sistema capitalista. En términos prácticos y realistas, “ampliar la red de protección” para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas significa no solo ampliar los recursos económicos y el personal capacitado para atenderlas. Ese es un elemento de gran importancia, pero insuficiente sino va de la mano con el aumento de los centros y pisos de acogida para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia, bajo la autogestión de las organizaciones de mujeres y las trabajadoras.
Pero como es obvio, una medida de estas características, que implica enfrentar los intereses de la banca y la burguesía que especula con el derecho a la vivienda, no vendrán de la mano ni del PDeCat, ni de Junts per Catalunya ni de ECR.
Del mismo modo, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, (hoy está en el 24%) solo puede ir acompañado del compromiso de acabar con la precariedad laboral y los salarios de miseria. O lo que es lo mismo, enfrentar la reforma laboral. Pero evidentemente eso no podrá surgir de ningún acuerdo con ninguno de los partidos que han sido ejecutores de las peores medidas austericidas en Catalunya.
2. Reforzar el modelo público universitario. Para ello exigen la rebaja del 30% de las tasas universitarias o no aumentar las plazas de másters privados sino aumentan también las de los másters públicos. Sin embargo, hoy el desempleo juvenil se encuentra cerca del 50%. Es decir, el 50% de la juventud está desempleada, mientra que la mayor parte de la otra mitad solo encuentra empleos precarios, en condiciones de semi esclavitud y mal remunerados.
Desde el conocido “tasazo” en 2012 centenares de miles de estudiantes han tenido que dejar los estudios por falta de recursos económicos, otros tantos ni siquiera pueden plantearse la posibilidad de estudiar. Mientras tanto, la injerencia de las empresas privadas y la banca en las universidades se abre paso sin ningún tipo de obstáculo, aprovechándose de los másters y posgrados propios. Este es el resultado del modelo neoliberal y elitista impulsado por partidos como la anterior Convergència i Unió, hoy PDeCat, de la mano de Esquerra Repúblicana y el apoyo del PSC o el Partido Popular.
Por todo estos motivos, hoy la exigencia de una educación gratuita en todos los niveles, incluyendo la enseñanza universitaria y la expulsión de las empresas privadas eliminando sus nichos de negocio, como los másters privados, se convierte en la única medida posible para garantizar el acceso a los estudios para todos y todas. Volver a la situación de “antes del tasazo” supone volver a un modelo universitario que seguía excluyendo a miles de estudiantes de clase trabajadora.
3. La eliminación de los conciertos con los centros educativos que segregan por sexo. Se trata de una de las reivindicaciones del profesorado y el movimiento por la defensa de la educación pública. Hoy la Generalitat sigue manteniendo la transferencia de más de 30 millones de euros públicos destinados a colegios e institutos del Opus Dei.
Pero la influencia no solo se expresa en las decenas de millones públicos que le transfiere el Estado, también está integrada en la ideología que muchas veces se difunde desde instituciones públicas. Para acabar con los privilegios que tiene la Iglesia sobre la educación es necesaria la exigencia del fin de los conciertos públicos con colegios privados, pero también la total separación de la Iglesia y el Estado y la implementación de una educación totalmente laica.
Evidentemente ninguna de estas medidas necesarias las incluye el acuerdo con Junts per Catalunya ni ERC, porque no podrán salir del pacto con ningún partido burgués.
Para conquistas de este tipo es necesario desarrollar un gran movimiento de rechazo al 155. El proceso democrático que se ha abierto en el último tiempo no ha acabado, es muy posible que en el futuro vuelva a resurgir. Pero como la experiencia ha demostrado, solo será posible desarrollarlo hasta el final levantando una alternativa a la dirección "procesista".
Cada vez son más quienes empiezan a ver que es necesaria una verdadera alternativa a la que representa ninguno de estos partidos. Pero la derrota a la que estos han conducido al enorme movimiento catalán que se ha desatado en los últimos meses se ha apoyado la estrategia de “mano extendida” de la izquierda independentista. Hoy, para continuar los pasos que el pueblo catalán ha andado, es necesario que la CUP deje de posicionarse como el furgón de cola de la burguesía catalana. Pero lejos de ello su tensión es cómo lograr la investidura de Puigdemont.
Hoy es necesario un gran movimiento en las calles, independiente de los partidos de la burguesía. Un proceso constituyente realmente libre y soberano, en el que sea posible discutirlo realmente todo, por una parte la relación territorial de Catalunya con el Estado español, pero también cómo resolver los grandes problemas sociales que todavía quedan pendientes. Algo así implica poner en marcha la enorme fuerza social de la clase trabajadora, algo que de lo que Puigdemont no quiere ni siquiera oír hablar.
