OPINIÓN. Las mafias inmobiliarias nos están quemando

“Lamentamos que este incendio sea intencional. Encendieron el primer foco a las 9 de la noche, sabiendo que a esa hora las aeronaves no pueden combatir los incendios”, indicó la gerente forestal de Conaf, Aida Baldini. “Esto tuvo una intencionalidad extrema, seguramente lo hizo alguien que sabe del comportamiento del fuego”, agregaron desde Conaf.

¿Cuanto más vamos a tener que aguantar? Es claro que aqui las empresas que durante décadas han lucrado con la vivienda y amparadas por la privatización del suelo hacen y deshacen con nuestras vidas.

La situación vivida en quilpué es gravísima. El jueves 14 de enero de 2021 vimos como un incendio intencionado arrasa con casas, afectando un pulmón verde de más de 3000 hectáreas, 3.600.000 especies de flora y 54.000.000 especies de fauna.

Las imágenes nos hicieron recordar el mega incendio que afecto los cerros de Valparaíso, donde para nadie es un secreto que tras mega incendios aparecen inmobiliarias construyendo en los terrenos siniestrados. Hay que indicar a los responsables con nombre y apellido y terminar con el saqueo de las empresas a costa de nuestras vidas.

Los incendios en la región de Valparaíso se han vuelto una crónica de todos los años, donde miles de familias pobres sufren los daños ocasionados por el fuego. Los cerros Rocuant, San Roque y Ramaditas, el vergel alto, el sector del almendral, camino la pólvora fueron epicentro en el incendio del 2014-2015-2019. Zonas caracterizadas por la erosión y sequía que han ocasionado las plantaciones de pino y eucaliptos en las laderas de los cerros junto a una emergencia habitacional que se ha expresado en la carencia de servicios básicos, donde la región de Valparaíso lidera el segundo lugar nacional con un 4.7% de hogares, según señala la Encuesta Casen 2017.

Las consecuencias sociales de los incendios forestales son totalmente previsibles pero los gobiernos y empresarios no quieren cambiar ninguna de las condiciones estructurales. Han pasado 7 años desde la catástrofe de 2014, y no ha habido ningún cambio en beneficio del pueblo trabajador, arrojado todos los años a los incendios.

El Ministro de Vivienda plantea un plan de subsidio habitacional, denunciado años anteriores por no solucionar ninguno de los problemas denunciados por la población. Son soluciones para asegurar los negocios de bancos e inmobiliarias y no al pueblo trabajador.

El incendio de Quilpué no es la excepción. La Municipalidad de Quilpué, la Municipalidad de Valparaíso, la Municipalidad de Viña del Mar, Conaf y empresas privadas como Sopraval (filial de Agrosuper S.A.), estaban en conocimiento de la Temporada de Alto Riesgo de incendios forestales que estaba pronosticada para el verano 2020 – 2021, realizaron una ineficiente y nula estrategia para prevenir incendios catastróficos como es el que se ha propagado en los últimos días y como el que se había iniciado con anterioridad el día 16 de diciembre de 2020.

Organizaciones sociales denunciaron que Sopraval negó el permiso de acceder a su terreno obstaculizando el trabajo de voluntarios quienes buscaron realizar un cortafuego comunitario sabiendo que el terreno era un monocultivo de alta inflamabilidad y no dio ninguna respuesta respecto al plan de manejo de bosque nativo que ejecutarían y a los resguardos que tomarían por posibles incendios.

El Alcalde de Quilpué, quien dedicó su tiempo en perseguir a los jóvenes imponiendo toques de queda a menores de edad, no ha impulsado ninguna propuesta política que vaya en vías de la protección de los Santuarios de la Naturaleza que existen en las zonas sur y norte de Quilpué.

Por el contrario, decenas de organizaciones denuncian la devastación inmobiliaria que ha avanzado sin tapujos incluso pasando por alto las zonas no aptas para construcción por peligro de incendio, se han impulsado proyectos como el Troncal Norte que interviene el Estero Quilpué y su flora y fauna asociada, siguen proliferando los vertederos ilegales y microbasurale s, se continúa con las extracciones ilegales que afectan el ecosistema de los bosques.

Son instituciones con nombre y apellido las que son responsables de la crisis que hoy se vive en quilpué y que es reflejo de décadas de chipe libre para inmobiliarias y empresas privadas a la cual no le importan nuestras vidas ni el medio ambiente.

Por un plan urbanístico gestionado por trabajadores y la población

Es urgente un plan urbanístico gestionado por trabajadores y la población que termine con la privatización del suelo de parte de inmobiliarias que depredan el medio ambiente y no dan ninguna solución real a la demanda habitacional del pueblo trabajador.

Hay que hablar de una ordenanza municipal y ley para la expropiación terminando con la propiedad privada del suelo que beneficia a las empresas. Las inmobiliarias y empresas privadas no pueden seguir teniendo chipe libre sobre lo que se hace o no en nuestras poblaciones. No basta solo con prohibir la construcción en suelos siniestrados como menciona la propuesta del diputado Diego Ibañez del Frente Amplio, efectivamente podemos prohibir el cambio de uso pero debemos preguntarnos ¿quién decide que se construye y para que ? Y aqui podemos escarbar sobre como los concejos municipales y los planes para la planificación urbana actúan con prebendas empresariales.

Sin ir más lejos, hubo múltiples denuncias contra la fiscalización a la Dirección de Obras Municipales -DOM -, y sumario administrativo a Matías Valdés en Valparaíso, por irregularidades en la otorgación de Permisos de edificación. Estos actuaron durante décadas con la complicidad de alcaldes. El problema de la propiedad del suelo es parte tambien del problema de la privatización del agua, las consecuencias de la actividad extractivista, entre otros.

Es por esto que debemos ir al problema de raíz, terminando con el sistema de privatización del suelo que es herencia de la dictadura y en la cual se ha desarrollado el propio del capitalismo en chile, sostenido para la ganancia de un puñado de empresarios.

Como han denunciado decenas de organizaciones, empresas como Sopraval actuaron cómplices de esta crisis social y ambiental que se vive en la quinta región. 7 mil familias tuvieron que ser evacuadas y más de una decena de familias quedaron con sus casas totalmente destruidas. Es urgente una solución habitacional de calidad para todos los afectados, basado en el impuesto inmediato a las empresas responsables y/o utilizando los terrenos ociosos que hay en la comuna.

Las organizaciones políticas y sociales debemos poner nuestros esfuerzos para terminar con estos crímenes sociales y ambientales. Además de impulsar la más amplia solidaridad de trabajadores y la población con las familias afectadas, así lo hemos hecho año a año en Valparaíso. La solidaridad del pueblo trabajador es nuestra única garantía.

Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, una salida desde el pueblo trabajador debe apuntar a terminar con los 30 años de saqueo.