El día 18 la Corte oyó argumentos a favor y en contra de que Obama formulara medidas ejecutivas sin pasar por el Congreso. Fuera, unos 4,000 migrantes.
Cinco millones de personas podrían recibir alivio migratorio. Otros 6 millones, con acciones ejecutivas o sin ellas, pueden ser encarcelados y deportados.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Miércoles 20 de abril de 2016
Dura. Tensa. Así describen la jornada algunos de sus participantes, según señala Univision. No sólo había fuera de la Corte manifestantes a favor de las acciones ejecutivas. También había un sector que apoyaba la demanda interpuesta por 26 estados, encabezados por Texas, contra las medidas ejecutivas.
Recordemos que Obama presentó las medidas a mediados de noviembre de 2014, tras el fracaso del tratamiento de una reforma migratoria en el Congreso estadounidense. Al mes siguiente, los gobernadores de 26 estados bloquearon estas acciones ejecutivas porque consideran que modifican una ley, función del congreso, no del poder ejecutivo.
En noviembre del año pasado, la Corte Federal del Quinto Circuito de Apelaciones, falló a favor del mantenimiento del bloqueo judicial decretado en febrero del mismo año por el juez Andrew Hanen de Texas.
Según Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), principal organización hispana de Estados Unidos, 4.5 millones de niños y jóvenes en Estados Unidos que tienen uno o ambos padres sin estancia legal en el gigante del norte. Sobre ellos pesa la amenaza de quedar en el desamparo si deportan a sus padres.
Una jornada tensa
La Corte Suprema de Justicia sesionó con ocho de nueve miembros debido a la muerte, el 13 de febrero pasado, del magistrado Antonin Scalia. Los magistrados Sonia Sotomayor y Stephen Breyer fueron los más favorables a fallar contra la demanda interpuesta para frenar las acciones ejecutivas. Según la prensa internacional, las opiniones entre los magistrados de la Corte están divididas. Darán su veredicto entre junio y julio.
Uno de los principales argumentos que esgrimen los abogados de los 26 estados en contra de las medidas de Obama es que, de ejecutarse las mismas, cada estado deberá excederse de su presupuesto por tener que emitir las licencias de conducir de los migrantes acogidos a las acciones ejecutivas.
Según El País, uno de los ejes del debate es si el gobierno del estado de Texas tiene legitimidad o no para declarar que es perjudicado por la regularización de migrantes indocumentados. El otro, es si el poder ejecutivo se excedió o no en sus funciones al decretar un alivio migratorio para un sector de los extranjeros sin papeles que residen y trabajan en Estados Unidos.
La doble política de Obama
Una de las promesas de campaña del demócrata Barack Obama, las dos veces que contendió para la presidencia fue realizar una reforma migratoria. Así ganó el apoyo de la importante comunidad latina. Sí impulsó un proyecto de reforma migratoria. Pero incluía la militarización de la frontera con México, y poco difería de iniciativas presentadas por los republicanos.
Al fracasar el tratamiento de la iniciativa de la reforma migratoria, intentó por la vía de las acciones ejecutivas DACA y DAPA, cuyo freno está siendo evaluado por la Corte Suprema.
Sin embargo, estas medidas no sólo constituyen un parche, ya que no otorgan plenos derechos al conjunto de los migrantes, sino que en realidad se trata de la política “divide y reinarás”.
Porque, como explicamos más arriba, sólo 5 millones de migrantes podrían verse beneficiados, mientras 6 millones corren riesgo de ser deportados. Y para todos los residentes extranjeros en Estados Unidos que no tienen estancia legal y permiso de trabajo aplican la precarización laboral, los salarios más bajos del gigante del norte, violencia policial, cárcel y expulsión del país.
Mientras tanto, durante sus dos administraciones Obama endureció la política contra los migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) deportó a más de 2.8 millones de migrantes indocumentados. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense dio un gran impulso a la industria de las deportaciones, como explicamos acá.
La cuestión migrante
Hoy, en el marco del proceso electoral estadounidense, las medidas ejecutivas son el último gesto demagógico de Obama y el partido demócrata para retener el voto latino, ante el rechazo que provoca el discurso de odio de Donald Trump.
Sin embargo, tanto el partido republicano como el demócrata, en la vía de los hechos han mantenido una política muy dura para los migrantes. Un mecanismo perverso para sostener una mano de obra que realiza los peores trabajos con los peores salarios, y que resulta indispensable para el funcionamiento de la economía del gigante del norte.
Las acciones ejecutivas constituyen sólo un parche. No solucionan el problema de fondo. No garantizan el pleno acceso a derechos políticos, sociales y sindicales para los migrantes ni el libre tránsito por los países de la región.
La comunidad latina no puede esperar solución a la cuestión migrante ni de republicanos ni de demócratas, ambos defensores a ultranza de los intereses de las trasnacionales y las grandes corporaciones. Sólo podrá conquistar sus derechos sociales, políticos y sindicales y la libertad de tránsito por los países de la región en alianza con los afroamericanos que se movilizan contra el odio racial, con los trabajadores que luchan por el aumento de salario a 15 dólares la hora, y con los jóvenes que salieron a manifestarse por la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa.
