El gobierno ofreció un paquete de proyectos de ley para frenar la crisis del país, hay protestas, manifestaciones y una escalada en la represión, toques de queda y milicos en la calle.

Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Miércoles 23 de octubre de 2019
Van 4 días de enormes protestas en todo el país, este miércoles está convocada una huelga general. Docentes, mineros, portuarios han llamado a adherir. Esto puede marcar una entrada más protagónica de los trabajadores en la crisis.
Para evitar este salto que podría dar la enorme protesta popular el gobierno ofreció una serie de medidas para intentar responder a las manifestaciones, sin embargo se traduce en subsidios para el empresariado. A los empresarios nuevamente no les tocan el bolsillo, cargando el costo con impuestos para la población.
Pero además, estas medidas se deberán traducir en proyectos de ley, que de todas formas deberán pasar la “Cuarta Sala”, el Tribunal Constitucional, el cual es una barrera para conquistar derechos como la reducción de la jornada laboral.
Hay que acabar con este régimen de políticos millonarios al servicio de los empresarios, hay que hacer una Asamblea Constituyente para hechar abajo a Piñera y a al régimen heredado de la dictadura y a los partidos que lo mantuvieron en pié.
Una Asamblea Constituyente, que a partir de la caída del gobierno y sobre las ruinas de este régimen, con representantes electos y revocables cada 20.000 electores y que ganen lo mismo que un trabajador calificado o un docente, y que discuta sin ninguna traba todas las medidas sociales y políticas de emergencia en beneficio de los trabajadores y la población.
En esta Asamblea deberemos luchar por imponer un programa que instale medidas como un salario mínimo acorde a la canasta básica familiar, transporte público gestionado por trabajadores y usuarios que decidan las tarifas junto al pueblo trabajador, educación y salud pública y gratuita, asì como la nacionalización del cobre bajo gestión obrera, y otras en ese sentido. Que sea soberana, es decir, que ninguna otra institución del Estado está por encima de ella.